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En los últimos 40 años la región del Catatumbo ha padecido las violencias cruzadas de las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Un escenario de guerra que entre 1999 y 2004 —por sólo tomar un período— evidenció la naturaleza de la barbarie: se perpetraron 10 mil asesinatos, unas 200 masacres, más de 800 desapariciones forzadas y cerca de 130 mil personas fueron desplazadas. Una zona en permanente ebullición que entre junio y agosto de 2013 estalló en protestas sociales y puso al gobierno Santos en jaque. Allí, en uno de los corazones del conflicto armado, está ad portas de hacerse realidad la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo.
Un proyecto que atraviesa la ecuación de los diálogos de paz con las Farc en La Habana (Cuba) y que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) apura por consolidar cuanto antes. El Espectador conoció el último borrador de 13 páginas del Gobierno en el que se consignan los detalles claves sobre cómo funcionará este plan en siete municipios de Norte de Santander que comprenden cerca de 175 mil hectáreas. Se trata de una de las más ambiciosas iniciativas del Ejecutivo para redistribuir la tenencia de la tierra, regularizar los procesos de colonización campesina y superar las causas del conflicto con programas de sustitución de cultivos ilícitos.
Aunque este proceso inició en marzo de 2011 con la solicitud de delimitación de la zona de reserva en los municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Tibú, fuentes consultadas por este diario aseguraron que el Incoder tiene una especie de mensaje de urgencia para concretar este experimento lo más pronto posible. Así el gobierno Santos busca enviarle un mensaje de tranquilidad a La Habana con la materialización de los primeros pactos con la guerrilla en materia agraria. El documento señala que esta zona de reserva corregirá “los fenómenos de concentración de la propiedad, el acaparamiento de tierras rurales o cualquier forma de inequitativa composición del dominio”. Además, hace una radiografía sobre las características agrícolas de la región.
En este contexto advierte de la gravedad del fenómeno del narcotráfico que ha permeado y dinamizado la economía local “y se ha constituido en la fuente privilegiada de subsistencia de las comunidades campesinas”. Incluso resalta: “Los precios que las mafias pagan por la pasta de coca y la facilidad para su transporte hace que su cultivo represente una alternativa económicamente viable para la subsistencia de la familia campesina, pues es el único producto que le brinda unos ingresos mayores a un millón de pesos“. El borrador del Incoder asegura que hay cerca de 54 mil hectáreas en conflicto con respecto a explotaciones mineras, que la producción agrícola está en deuda y que el 75% de los habitantes del Catatumbo presentan índices de necesidades básicas insatisfechas.
Por último, este diagnóstico concluye que la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo constituye la única salida a una bomba social atizada por el conflicto, en donde más del 40% de las personas carecen de título de propiedad. Sin embargo, este proyecto de acuerdo contiene una perla que ya es objeto de disputa: sostiene que en la zona de reserva “no se registra presencia de comunidades indígenas”. Una afirmación que tiene indignados a representantes del pueblo indígena Motilón Barí, que habitan esa zona. Diego Elías Dora, vocero de esta comunidad, en carta enviada el pasado 5 de marzo al procurador Alejandro Ordóñez y al defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció que el Gobierno quiere invisibilizarlos para cumplir unos acuerdos.
Según Dora, el acto administrativo de la zona de reserva “provocaría el exterminio definitivo a nuestro pueblo”, golpeado durante el siglo XX por la explotación de petróleo y carbón por multinacionales, que diezmó a esa comunidad de 38 mil a 3 mil indígenas. Además, pidió que se investigara a una funcionaria del Ministerio del Interior y a otro del Incoder por emitir dos conceptos contrarios en los que se desconocen los derechos ancestralmente reconocidos a la etnia. Este diario pudo confirmar que esta semana los Motilón Barí interpusieron una acción de tutela para evitar que se concrete la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo porque, en su criterio, no sólo los borrará del mapa, sino que viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989.
Paralelamente a este enredo, la Corte Constitucional estudia una demanda contra las zonas de reserva campesina, establecidas en la Ley 160 de 1994 en el marco de la reforma agraria, por razones similares. El pasado 8 de agosto el ciudadano Edwar Álvarez Vacca le pidió al alto tribunal que tumbara estas zonas de reserva —una de las columnas vertebrales del proceso en La Habana dentro de los acuerdos pactados con las Farc— porque las comunidades indígenas nunca fueron consultadas para la expedición de esta norma. En su demanda aseguró que los indígenas resultaron afectados con esta ley que “incita a la colonización en territorios ancestrales de grupos étnicos (...) y promueve que campesinos y el sector de la agroindustria afecten el mínimo vital de su población”.
De acuerdo con Álvarez, en Colombia existen 87 pueblos indígenas en 707 resguardos, con presencia en más de 230 municipios que ocupan más de 31 millones de hectáreas del país. En ese contexto, dijo que los indígenas han sido afectados por procesos de colonización en las misiones evengelizadores de la Iglesia, por la violencia bipartidista de los años 40 que provocó la migración campesina y por el auge de los cultivos ilícitos y las dinámicas propias de la guerra. De ahí que sostuviera que 34 pueblos están en peligro de extinción y que por eso la Corte Constitucional ha tenido que intervenir para protegerlos. Su conclusión es que es supremamente grave que se desarrollen las zonas de reserva en territorios que se traslapen con los asentamientos indígenas.
Su demanda fue acompañada por Luis Fernando Arias, presidente de la Organización Nacional Indígena, quien advirtió que ante un eventual acuerdo de paz con las Farc “existe el riesgo de proyectarse estas reservas” en los territorios que reclaman los indígenas. Según él, ya se ven los problemas y las amenazas que esta figura representa en el proyecto del Catatumbo y en otro más en la región de Arauca, y que van en contravía de los intereses de los pueblos Motilón Barí e Hitnu. Sin rodeos, Arias dijo que existe una honda preocupación de que por avalar unos acuerdos en las negociaciones de La Habana se termine por despojar las tierras de estas comunidades.
El procurador Ordóñez, el 5 de febrero pasado, avaló la tesis del demandante Edwar Álvarez y aseveró que las zonas de reserva debían caerse en tanto que los indígenas jamás fueron consultados y, para poner dos ejemplos, las zonas de reserva campesina del Guaviare y de la Perla Amazónica hoy coinciden con territorios indígenas. Un escenario calcado se daría en el caso del Catatumbo. El estudio del expediente le correspondió al magistrado Jorge Pretelt, quien alista su ponencia. En esencia, lo que examina la Corte es la tensión entre dos derechos: el de los colonos campesinos, que a través de las zonas de reserva podrían mejorar la distribución de la tenencia de la tierra, y las zonas ancestrales que reclaman los indígenas.
Sea cual sea el resultado del dictamen del alto tribunal, lo cierto es que el fallo tendrá incidencias en los diálogos de paz. Expertos consultados por El Espectador sostuvieron que de caerse las zonas de reserva se les daría una estocada a los acuerdos alcanzados en La Habana en materia agraria. Edwar Álvarez está lejos de esos cálculos políticos y en diálogo con este diario señaló que su cruzada es por defender a los indígenas. No obstante, denunció que tiene temor por las retaliaciones que esta demanda pueda generarle. De hecho, ya le advirtió al alto gobierno, a la Fiscalía y a la Corte Constitucional que su nombre apareció en un comunicado de las Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina el pasado 1° de octubre, en donde lo señalan como aliado del uribismo.
En esa comunicación, que fue replicada por la página Ancol, se señala: “Lo que no han logrado ni los ilegales señalamientos públicos del Ministerio de Defensa, ni el lobby de los latifundistas palmeros o ganaderos, lo que no pudo hacer Álvaro Uribe en 8 años de mal gobierno, puede ser perpetrado de un plumazo por una eventual sentencia de la Corte Constitucional”. Se refieren, por supuesto, a la posibilidad de que se eliminen las zonas de reserva campesina. Edwar Álvarez aseguró que ha sido un defensor de los derechos humanos, que ha trabajado en distintos gobiernos e incluso en el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde ofició durante seis años como asesor, y que nada de su hoja de vida tiene por qué desvirtuar el origen de su demanda. “Me intimida ese comunicado”, le confesó a El Espectador.
El magistrado Jorge Pretelt, enterado de estas denuncias, remitió a la Unidad Nacional de Protección el caso para garantizar la integridad física del demandante. Entre tanto, mientras la Corte pone punto final a la discusión sobre las zonas de reserva, el Incoder y el gobierno Santos buscan acelerar la implementación del proyecto en el Catatumbo. Un escenario que justamente coincide con el nuevo Paro Nacional Agrario, en el que se denuncian múltiples incumplimientos de los acuerdos pactados con el Ejecutivo en 2013. La discusión está planteada y el Gobierno sabe que este nuevo fallo que prepara la Corte tiene una trascendencia tanto o más importante que la posibilidad de que los jefes guerrilleros de las Farc puedan saltar a la política.
jlaverde@elespectador.com
@jdlaverde9
Por Juan David Laverde Palma
