La desarticulación de una red de interceptaciones ilegales, que tenía su centro de operaciones en Ipiales (Nariño), tiene en jaque a más de uno. Para la Fiscalía, quedó demostrado que esta organización es capaz de vulnerar la intimidad de cualquier colombiano y por eso pidió que los mayores implicados en el escándalo sean enviados a la cárcel, lo cual se definirá el próximo martes con la continuación de las audiencias concentradas en los juzgados de Paloquemao.
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Algunos de los miembros de esta red de interceptaciones ya están tras las rejas, otros se encuentran a la espera de definir su situación jurídica, mientras que algunos aún están prófugos de la justicia. Ese es el caso del “segundo hacker”. Por ahora, los protagonistas de esta nueva empresa de "chuzadas" son los siguientes:
Coronel (r) del Ejército, Jorge Humberto Salinas:
Salinas es considerado una de las fichas clave en este rompecabezas. Desde su captura, el pasado 4 de agosto, fue uno de los primeros en colaborar con las autoridades. Sus declaraciones hoy tienen bajo la lupa de la justicia al general (r) Humberto Guatibonza.
De acuerdo con las investigaciones del caso, Salinas fue el fundador y gerente general de la empresa de seguridad JHS Consultores, vinculada en este escándalo. El coronel en retiro es considerado una de las cabezas de esta organización, junto con el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, también capturado. Su empresa tenía como razón social combatir secuestros, extorsiones, narcotráfico, tráfico de armas y terrorismo.
El coronel también es señalado de ofrecer los servicios de interceptaciones ilegales a Ecuador junto con Quiroga. Según señala su declaración, el general (r) Guatibonza estaba interesado en este negocio, por lo que constantemente preguntaba por “los vecinos”. Salinas se retiró del Ejército voluntariamente en 2014.
Mayor (r) del Ejército, Luis Mesías Quiroga:
Quiroga era el coordinador nacional de proyectos de la empresa JHS Consultores. Además es el propietario de la empresa VIP Security, adscrita a esta red de interceptaciones ilegales. Aunque no se han dado muchos detalles del mayor (r), se sabe que era socio del coronel Salinas y que “era el segundo al mando”. Perteneció al Ejército hasta el 3 de octubre del 2016.
María Alicia Pinzón, la hacker:
Gracias a esta mujer, la organización ilegal estaba en pie. María Alicia o “la dama de las interceptaciones” creó un software capaz de interceptar mensajes y llamadas de Whatsapp en 2006. Fuentes cercanas a la mujer revelaron a El Espectador que, cuando inventó este programa, lo hizo “con un buen propósito” debido a que era colaboradora del Ejército en Nariño en aquella época.
En un inicio, su invento sirvió para la ubicación de organizaciones delincuenciales y grupos armados ilegales en la zona. Sin embargo, con el tiempo se desvió su propósito y terminó siendo usado con fines lucrativos e ilegales por parte del coronel (r) Salinas y su organización. Por este trabajo, María Alicia recibía un pago de $3 millones mensuales. En sus computadores se encontraron 175 carpetas de todos los trabajos realizados por la organización.
Pinzón también fue otra de las personas de esta red de interceptaciones que accedió a colaborar con las autoridades y en este momento se encuentra bajo protección de la Fiscalía.
Coronel (r) del Ejército Carlos Andrés Pérez:
Uno de los primeros nombres que salió a relucir en este escándalo fue el del coronel (r) Pérez por ser el jefe de seguridad de la Alcaldía de Ipiales, en cabeza de Ricardo Romero, papá del actual gobernador de Nariño, Camilo Romero. Tanto padre como hijo lamentaron lo sucedido y en su momento señalaron que Pérez fue asesor de seguridad de esta alcaldía hasta junio de este año, fecha en la que se venció su contrato. Pérez estuvo vinculado al Ejército hasta el 21 de marzo de 2017.
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General (r) Humberto Guatibonza:
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Guatibonza llegó a la organización por invitación de uno de sus conocido y con quien había trabajado en la Policía Metropolitana de Bogotá: Carlos Arenas. Al parecer, Arenas le contó al general (r) de la existencia de esta organización, pero incrédulo, Guatibonza le pidió como prueba rastrear la pareja de un amigo suyo para comprobar una infidelidad. Al cabo de ocho días, Arenas le entregó el trabajo con todas las interceptaciones y seguimientos, ante lo cual Guatibonza, al parecer, decidió unirse a la organización.
“Con el general (r) Guatibonza había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas. Estaba la intención de abrir oficina en Ecuador y en los casos que él me pidió apoyo, él sabía exactamente lo que se hacía. Recuerdo tres casos en particular, como lo fue la recuperación de mensajes de Whatsapp de unos teléfonos que él me pasó, el caso de cobre, que era una pérdida de material en una empresa petrolera en los Llanos, y el caso de infidelidad de un amigo suyo”, declaró Salinas, el pasado 7 de septiembre, ante la Fiscalía.
A través de las empresas Global Log Security, VIP Security, A&G Seguridad y Humberto Guatibonza Consultoría S.A.S. el exdirector de la Policía Metropolitana habría empezado a dar apariencia de legalidad al negocio. Entre los casos que aparecen recomendados por él se encuentran “Providencia o Incauca” que se habría efectuado en enero de este año y en el que se pedía “chuzar” los mensajes de Whatsapp y ubicar los celulares de 11 personas.
Incauca ha rechazado cualquier relación con Guatibonza o con las redes ilegales.
Otra de las carpetas en las que aparece mencionado el alto oficial de la Policía es en la llamada “Guati”. El objetivo era descargar los mensajes de Whatsapp de cuatro números telefónicos. Por este trabajo no se recibió ningún tipo de remuneración debido a que no se terminó el caso. Para la Fiscalía, varios mensajes y llamadas entre Guatibonza y el coronel (r) Salinas demostrarían que el general (r) era miembro de esta red ilegal y no un simple cliente.
Carlos Arenas:
Arenas es periodista y fue jefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá en la era Guatibonza. De acuerdo con el testimonio del coronel (r) Salinas, Carlos Arenas era la persona que “pasaba los clientes”. Algunos de los casos referidos por Arenas fueron “Mesitas del colegio”, “Pepsico” y “Providencia”. “Otro caso personal que él manejó fue el de una herencia del cual ya hice mención, el caso de los dinares de las Farc, los manejó él directamente”, asegura Salinas en su interrogatorio. Arenas fue subgerente de la firma HGC Consultoría S.A.S, de propiedad del exdirector de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Juan Carlos Madero:
Madero, capturado el pasado viernes por su presunta vinculación con esta organización ilegal, es representante legal de la empresa Quarkom, otra de las compañías que ayudó a dar apariencia de legalidad a esta red. Según el interrogatorio de Salinas, la relación iniciada con Madero era para asesorías en temas civiles o de ingeniería electrónica.
“Es él quien me pide que lo tenga en cuenta en la nueva labor que iba a realizar de asesorías y se ofrece a trabajar conmigo y me dice que se pone la camiseta y que consigue los clientes y de ahí que de todos los clientes que consiga le dé una participación del 25% por cada negocio que consiguiera”, afirmó Salinas a la Fiscalía.
(En contexto: El testimonio que hizo caer al general (r) Humberto Guatibonza)
Entre los clientes que supuestamente consiguió Madero se encontraría el senador Armando Benedetti, que de acuerdo con las investigaciones pagó $4 millones para que se “chuzara” y se le hicieran seguimientos al abogado penalista Jaime Lombana y su hijo menor de edad, al abogado Jaime Granados, y uno de los más importantes: el caso “Faro 6”, en el que se pretendía interceptar las comunicaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez y las de su esposa.
Además se quería dar con la ubicación del fiscal para los días 26, 27 y 28 de mayo del año 2014, y “conversaciones con relación a recoger unos dineros para (la) campaña (presidencial)”. El congresista ha rechazado todas las denuncias en su contra y la semana pasada anunció que estaba dispuesto a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que lo investigue por este caso.
Por Redacción Judicial
