5 Sep 2019 - 3:00 a. m.

Los pleitos del Grupo de Energía de Bogotá en el Eje Cafetero

El Grupo de Energía de Bogotá (GEB), además de haber quedado vinculado al escándalo de las chuzadas dentro de la Fiscalía, del cual se declara víctima, afronta dos procesos administrativos por supuestas afectaciones ambientales en la construcción de una obra de infraestructura eléctrica en esta zona del país.

José David Escobar Moreno / @joseDEM18/ jescobar@elespectador.com

El GEB, que cotiza en bolsa, es la empresa más rentable y sólida del Distrito Capital.  / Mauricio Alvarado
El GEB, que cotiza en bolsa, es la empresa más rentable y sólida del Distrito Capital. / Mauricio Alvarado

La aparición del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) entre los expedientes del mundo judicial ocurrió en mayo de 2019, cuando el entonces fiscal Fabio Martínez Lugo fue capturado dentro del búnker de la Fiscalía por ser parte, aparentemente —él lo niega—, de una red de chuzadas ilegales que funcionaba en las salas de interceptación del ente investigador. Entre las personas que fueron víctimas de las chuzadas se encontraba Felipe Jaramillo Londoño, un abogado y arquitecto que representa a varias familias de Risaralda demandadas por el GEB en procesos de imposición de servidumbres legales de energía eléctrica.

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Según las pesquisas del ente investigador, el origen de las interceptaciones en contra de Jaramillo se dieron en medio de la construcción de la subestación de Armenia 230 kV y líneas de transmisión, el cual hace parte de la expansión del servicio de energía eléctrica en Caldas, Quindío y Risaralda. Esta obra, que consta de 83 torres eléctricas en el Eje Cafetero y la construcción, operación y mantenimiento de la subestación de Armenia, fue adjudicada al GEB en 2012 por US$10,4 millones. El Espectador conoció que este proyecto, además de tener un capítulo en el caso chuzadas, que involucra a exmiembros de la Fuerza Pública y de la Fiscalía, tiene otros dos episodios judiciales de los cuales se ha hablado poco.

El primero es una acción de grupo en la que cerca de 39 personas señalan, en resumen, que el GEB no cumplió un requisito clave para que le fuera otorgada la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): la obtención del seguro ecológico. Las personas que promovieron la acción, que viven en Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas, dicen que cuando la agencia gubernamental le dio permiso al GEB para construir y operar el proyecto Armenia 230 kV, en junio de 2014, la empresa no contaba con este requisito. Alegan que, según la ley colombiana, el seguro ecológico es obligatorio para este tipo de proyectos en donde se interviene el medio ambiente.

La acción de grupo agrega que el GEB incumplió con dos puntos estipulados por la licencia ambiental. El primero, la entrega de un informe a la ANLA que incluyera los soportes sobre cómo se llevaron a cabo las negociaciones de imposición de servidumbre con las poblaciones por donde iba pasar el proyecto y “el análisis de resultados y estrategias empleadas frente a la negativa” de estas personas en cuanto al dinero que se les ofreció por parte del GEB como indemnización. Segundo, que el Grupo, “en clara posición dominante”, viola el debido proceso en los casos de servidumbre y de inmediato recurre a demandarlos, sin realizar los avalúos y negociaciones con los afectados.

El GEB le dijo a El Espectador que “con base en la legislación vigente, no existe una obligación expresa de constituir un seguro como requisito incondicional para iniciar el trámite de licenciamiento ambiental, ya que el Gobierno Nacional no ha reglamentado su implementación”. Además, la empresa señaló que ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos en la construcción del proyecto de expansión eléctrica. En cuanto a cómo fue el proceso de negociación con las personas a las que se les impusieron legalmente servidumbres de energía eléctrica, el GEB señala que respetó el debido proceso y que en los predios en donde no fue posible realizar negociación se iniciaron los correspondientes procesos judiciales.

El caso El Vaticano

Entre los miembros que hacen parte de la acción de grupo está Consuelo Castaño, propietaria del predio El Vaticano, ubicado en zona rural de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), en donde fueron construidas cuatro torres del proyecto. Ante las infructuosas negociaciones de Castaño con el GEB para llegar a una cifra con la que sería indemnizada por la imposición de servidumbres legales de energía en su tierra, la empresa la demandó ante un juzgado civil de Santa Rosa de Cabal en 2013. Luego de que dos expertos tasaran la indemnización en cerca de $736 millones —y no por $35 millones como ofrecía el GEB—, el asunto quedó zanjado a finales de 2017, cuando el Tribunal Superior de Pereira falló a favor de Castaño.

En enero de 2018 llegó un mensaje anónimo al canal ético de la compañía, en el cual se señalaba que en Risaralda existía un cartel de servidumbre compuesto por funcionarios de la rama Judicial, abogados y otras personas para cobrar indemnizaciones de forma fraudulenta. En la denuncia, según el GEB, no se hacía referencia a nombres puntuales. Luego de buscar una consultora que investigara sobre este supuesto cartel que operaba en el Eje Cafetero, entre febrero y mayo de 2018, el GEB consolidó una relación con Berkeley Research Group (BRG). Esta empresa, hasta hace pocos meses, estuvo presidida por Laude Fernández, hoy investigado y con detención domiciliaria por su presunta participación en las chuzadas que habría sufrido el abogado Felipe Jaramillo, entre otros.

El 22 de junio de 2018 el GEB y BRG firmaron un contrato para que se investigara el supuesto cartel de servidumbre en Risaralda. Tres días después, Luis Carlos Gómez Góngora, en esa época coordinador de la Sala Diamante de la Fiscalía, le habría pedido al fiscal Fabio Martínez Lugo interceptar a Jaramillo. La interceptación contra el abogado se hizo ilegalmente, ha admitido la propia Fiscalía, del 13 de julio al 14 de agosto de 2018. Gómez Góngora fue detenido en diciembre pasado y ya aceptó cargos. En junio de este año fue condenado a ocho años en prisión. Por su parte, Martínez Lugo negó su participación y fue enviado a La Picota mientras siguen las investigaciones en su contra.

Según el GEB, a finales de octubre de 2018 —dos meses después de que hubiese estallado el escándalo de las chuzadas—, las alarmas se encendieron dentro de la considerada joya de la corona del Distrito, al ser la empresa más rentable y sólida de la capital y que cotiza en bolsa. En ese momento, Laude Fernández fue capturado por primera vez por ser, presuntamente, el enlace entre la red criminal de chuzadas en el ente investigador y Avianca, la cual contrató los servicios del BRG en medio de la huelga que inició el sindicato de aviadores a finales de 2017. El GEB asegura que le pidió a la casa matriz de BRG (en EE. UU.) explicaciones sobre lo que sucedió con Fernández.

De acuerdo con el GEB, que se ha declarado como perjudicado, en diciembre de 2018 la multinacional consultora respondió que a Fernández se le concedería una licencia y sería reemplazado. Sin embargo, esa licencia no habría durado mucho, porque Laude Fernández recobró su libertad en noviembre de 2018 y solo fue apartado de su cargo del todo cuando fue recapturado en julio de este año. En enero de 2019, el GEB se reunió con altos funcionarios de la firma consultora. En esta y otras reuniones se empezó a plantear la finalización del contrato entre las dos compañías.

Hasta el momento no se sabe en detalle en qué condiciones se acabó la relación comercial, finiquitada en marzo pasado. El GEB, que dice ser víctima dentro del proceso contra Laude Fernández, señala que la información que se entregó a BRG para que investigara el supuesto cartel de servidumbre —es decir los datos personales de Felipe Jaramillo— aparecen en los documentos del predio El Vaticano. Sin embargo, en los documentos en poder de este diario sobre esa disputa judicial no figura en ningún punto su nombre.

El proceso que llegó al Consejo de Estado

El otro proceso judicial que involucra al GEB es una acción popular presentada por dos ciudadanos, en septiembre de 2014, con el fin de que se frenara la construcción del proyecto en el Eje Cafetero por sus posibles afectaciones al medio ambiente y al paisaje cultural cafetero como patrimonio de la nación y como bien inscrito en la lista de patrimonio mundial de la Unesco. Tanto el Tribunal Administrativo de Quindío como el Consejo de Estado señalaron sobre este último punto que no existe una afectación sobre el paisaje, pues el GEB contó con la autorización del Ministerio de Cultura para llevar a cabo la obra, la cual ya se encuentra en pleno funcionamiento.

Quienes promovieron la acción popular señalaron en su momento que 28 de las 83 torres del proyecto afectaban cuerpos de agua en la zona. La mitad de estas fueron construidas en la reserva natural Barbas-Bremen, localizada entre los municipios de Filandia, Circasia, Salento (Quindío) y Pereira (Risaralda) y que comprende 10.000 hectáreas. El Consejo de Estado ordenó que se suspendieran las actividades en dos torres, que están por fuera de la reserva, para que la autoridad ambiental regional determine con total certeza qué manantiales o cuerpos hídricos se están afectando. El informe, que solicitó el Consejo de Estado en marzo de este año, no ha llegado al alto tribunal, aunque según el GEB ya está en manos del Tribunal Administrativo del Quindío, primera instancia de la acción popular.

 

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