La condena en primera instancia contra siete exdirectivos de la empresa Chiquita Brands por haber financiado a grupos paramilitares en los años 90 abrió una puerta para saldar una deuda que el Estado tiene con las víctimas: la indemnización de quienes fueron desplazados en medio de esa violencia que se gestó, en buena parte, gracias a esa relación criminal.
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Quienes levantaron primero la mano para avanzar en este camino han sido los que vivieron de primera mano la expansión paramilitar y la guerra que se aceitó con ayuda de privados. De la mano de sus abogados, le exigieron al Estado que intervenga más de 4.000 hectáreas para que sirvan como parte de su reparación.
Aunque ni las organizaciones que los defienden ni el Estado sabe a ciencia cierta cuántas víctimas son, en Estados Unidos se habla de más de 6.000, según una de las abogadas que lleva un caso en ese país en contra de Chiquita. De regreso a Colombia, la propuesta que se conoció el pasado 20 de agosto es para que el Estado investigue y recupere un terreno concentrado en 73 predios en el Urabá antioqueño.
De la mano de la Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación y organizaciones como Pares, el Cinep, Humanidad Vigente, DePazEs, la Corporación Jurídica Yira Castro y la Asamblea de Cooperación por la Paz, las víctimas hicieron pública su petición.
Según la investigación de estas oenegés, se trata de una tierra, que sería de un tamaño similar al de la Isla de San Andrés, y que está bajo la propiedad de Agrícola El Retiro S.A. De acuerdo con la condena contra los exdirectivos de la multinacional, conocida el pasado 23 de julio, esa empresa fue filial de Chiquita Brands durante los años noventa y fue una de las que pagó dinero a grupos paramilitares.
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La Fiscalía logró probar que Agrícola El Retiro, entre 1997 y 2004, entregó más de $4.695 millones a la convivir Papagayo. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta facción fue el eje de la financiación paramilitar de Chiquita que terminó siendo de más US$1,7 millones (unos $6.800 millones en moneda colombiana).
Aunque nació bajo el amparo legal que permitió la creación de las convivir, el resultado fue el inicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de los hermanos Castaño. Los cálculos que han hecho investigadores sobre el conflicto colombiano, como el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), aseguran que en la década del noventa, en Urabá ocurrieron 97 masacres que dejaron un aproximado de 607 víctimas.
Buena parte de ellas son las que ahora piden una indemnización con los predios de Agrícola El Retiro S.A., que ahora hace parte del conglomerado empresarial conocido como Banacol.
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Una de esas víctimas es Carlos Páez, quien hace parte de la Mesa Nacional Campesina y lidera en Urabá procesos de reclamación de tierras. Nació en Turbo y su familia tenían una finca en la vereda Guacamayas, lugar del que tuvieron que salir en 1997 escapando de la avanzada paramilitar.
En esa época, Páez recuerda que grupos paramilitares obligaron a toda la población de su pueblo a abandonar sus hogares, con la excusa de que esos terrenos iban a ser utilizados para combatir a la guerrilla. Pero él y su hermano se quedaron haciendo resistencia en su tierra. A los meses, un hombre llegó acompañado por otros cinco más montados en caballos, que preguntaron si la finca de su familia estaba a la venta.
Ambos respondieron que no. Cinco días después, los hombres regresaron y, en esta ocasión, les exigieron que debían vender el predio si no querían tener consecuencias. Sin ninguna negociación, a los hermanos Páez les ofrecieron $16 millones, de los que solo les pagaron la mitad. La familia abandonó su tierra y ahora, Carlos pide la “reparación material y la verdad de por qué nos sacaron de nuestras tierras”.
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Una historia similar de desplazamiento vivió Agine Pérez. Es oriunda de Necoclí (Antioquia) y, cuando tenía seis años, su familia llegó a la vereda Las Tulapas en Turbo. “Eso fue una época hermosa donde se vivía mucha paz. Mi padre cultivaba el campo y con estos nos sostuvo a mí y a mis ocho hermanos”, recuerda.
Para 1995, el rumor de los grupos paramilitares crecía y un día hombres armados llegaron a su finca y amordazaron a su padre y a su hermano. Tenían la orden de salir ese mismo día de la vereda o si no serían asesinados. “Mi papá murió al poco tiempo por la tristeza de perder su tierra y hoy exigimos que nada de eso quede impune”.
La exigencia de las víctimas es un reto para el Estado, no solo porque en este terreno está buena parte del que promete ser el segundo puerto comercial más importante del país, luego del de Buenaventura, sino porque además esas tierras todavía están siendo cultivadas por Banacol, que adquirió las acciones de Agrícola El Retiro en 2004. A través de un comunicado, la empresa le explicó a este diario que, cuando hizo esa compra, cumplió con todos los estándares exigidos en ese momento.
Agregó que realizó la debida diligencia y en ese trámite “no se encontró ninguna situación que llevara a no recomendar la negociación. Banacol, en este proceso, siempre actuó en el marco de la buena fe, verificando de manera rigurosa que la información recibida en el momento de la negociación fuera la más fidedigna posible”.
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A comienzos de este mes, el propio gobierno denunció que las tierras que hoy exigen las víctimas habrían sido acumuladas de manera ilegal y que debían ser devueltas a las comunidades. Ahora, con esta petición formal de quienes fueron desplazados de sus tierras, los ojos están puestos en qué podrá hacer el Estado para repararlos.
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