Los principales escándalos de la Fuerza Pública en 2019
Se termina un año en el que miembros de las diferentes fuerzas del Estado fueron mencionados en posibles actos de corrupción, irregularidades y ejecuciones extrajudiciales. Estos son algunos de los escándalos que enfrentaron los organismos castrenses.
Redacción Judicial
En 2019, la Fuerza Pública estuvo en el centro del debate en varios momentos del año. Los escándalos estuvieron relacionados con presuntos actos de corrupción al interior de las distintas instituciones que componen las Fuerzas del Estado. También se presentaron varias irregularidades operacionales y hasta denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales. En este último apartado, fue el Ejército una de las entidades más cuestionadas.
Esta entidad enfrentó señalamientos por las órdenes de aumentar éxitos operacionales, los supuestos actos de corrupción de varios miembros de su cúpula y la muerte de un exguerrillero a manos de miembros del Ejército. Tantas fueron las controversias que sufrió esta entidad que llegaron incluso a costarle el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció luego de quedarse sin oxígeno político.
Esta es una breve recopilación de los hechos más difíciles que enfrentaron cada una de las entidades que hacen parte de la Fuerza Pública colombiana durante 2019:
El asesinato de Dimar Torres
El 22 de abril, el país conoció a través de redes sociales los videos de unos campesinos en Convención, Norte de Santander, que se enfrentaron a hombres del Ejército para recuperar el cuerpo de Dimar Torres, un exmiliciano de las Farc que había abandonado la guerrilla a raíz del Proceso de Paz. Torres tenía un disparo en la cabeza y señales de que había sido arrastrado varios metros.
Mientras que la opinión pública señaló el caso como una ejecución extrajudicial, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que Torres murió luego de tratar de quitarle el arma a un cabo del Ejército que patrullaba esa zona. Luego, Botero aseguró que Dimar Torres murió debido a que forcejeó con el mismo cabo en un intento por arrebatarle el arma. Sin embargo, las pruebas de Medicina Legal demostraron todo lo contrario: al exguerrillero le dispararon en completo estado de indefensión.
El caso llegó a los estrados judiciales, allí el cabo reconoció que había asesinado a Torres. Asimismo, la revista Semana reveló los chats entre el uniformado y su unidad que demostrarían que el crimen del exguerrillero fue ordenado por un coronel, que quería vengar la muerte de un hombre de su unidad debido a una mina puesta por el Eln. Tratando de tomar la justicia por su mano, identificaron a Dimar Torres como un explosivista de esta guerrilla. Sin embargo, como contó la comunidad, Dimar Torres estaba dedicado a la agricultura desde que abandonó la vida subersiva.
Órdenes reveladas por New York Times
Con la muerte de Dimar Torres aún en la retina, a principios de mayo, el diario New York Times reveló las controvertidas órdenes del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, para aumentar éxitos operacionales sin hacer distinción entre bajas, capturas, desmovilizaciones y otros. Además, se le exigió a los altos mandos doblar sus resultados frente a años anteriores y se bajó el nivel de certeza que debía tener una unidad militar para ejecutar una misión.
Varios oficiales interpretaron esta situación como una regresión frente a la política de derechos humanos, por lo que denunciaron estas órdenes tanto a medios nacionales e internacionales. El escándalo fue inmediato, se interpretó esta situación como una puerta abierta para el regreso de los "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales realizadas por hombres del Ejército a cambio de descansos, dinero o ascensos.
Aunque en un principio el comandante del Ejército y la cúpula negaron estas órdenes, al final, tras un álgido debate, se retiraron una parte de ellas. Asimismo, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales”. Esto para garantizar que las órdenes emitidas estuvieran acorde a los procedimientos y protocolos internacionales.
Presunta corrupción de altos mandos del Ejército
Ya en agosto, la Revista Semana publicó varias denuncias de lo que que serían graves actos de corrupción en el Ejército que contarían con la participación de altos mandos. Una de las primeras denuncias trató sobre el general Eduardo Quiroz, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim). Este habría ofrecido una millonaria suma y largos descansos a aquellos que identificaran a quienes filtraron la información al New York Times.
Las denuncias también salpicaron al general Adelmo Fajardo, para ese momento segundo comandante del Ejército y quien supuestamente, según denuncias de subalternos, sacaba dinero de las arcas del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), división que comandó, para el uso privado de él y su familia. En ese paquete también apareció el general Jorge Horacio Romero, quien fue señalado de graves actos de corrupción en la IV Brigada de Medellín, entre ellos exigir millonarias sumas a cambio de salvoconductos irregulares.
Luego de estallar el escándalo, el ministro Botero anunció que el general Eduardo Quiroz fue trasladado de unidad, mientras que a los generales Adelmo Fajardo y Jorge Horacio Romero los llamaron a calificar servicios. A este último le iniciaron un proceso penal, por el que ya fue imputado y actualmente tiene una medida de aseguramiento mientras afronta el juicio en su contra.
Menor muerto en La Lizama
Por la misma época que estallaba el escándalo de corrupción en el Ejército, por redes sociales se difundió el video de un menor que murió por acción del Ejército cuando intentó entrar a la base militar en La Lizama. De acuerdo con información de los habitantes de la región, varios jóvenes y miembros del Ejército habían tenido roces por lo que los civiles intentaron agredirlos a la entrada del centro castrense. Cuando uno de ellos intentó entrar a la base, un uniformado le disparó una ráfaga de fusil que lo dejó herido de muerte. Para este momento se cuestionó la acción del uniformado y se puso en duda su proporcionalidad frente a la magnitud de la amenaza.
El bombardeo en San Vicente del Caguán y la muerte de Flower Trompeta
El 5 de noviembre, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue citado a un debate de moción de censura por las presuntas acciones irregulares de las Fuerzas Militares. Como parte de su argumentación, el senador Roy Barreras reveló que en un bombardeo en contra de disidencias en San Vicente del Caguán, en el que murió alias Gildardo Cucho, cerca de ocho niños fallecieron por la acción del Ejército.
De acuerdo con el congresista del Partido de la U, esta información habría sido mantenida en secreto, a pesar de que fue confirmada por Medicina Legal y de los avisos de autoridades, como el personero de Puerto Rico (Caquetá), que le señalaron al Ejército del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias en esa zona. “Usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó a niños y murieron siete menores. ¿Usted por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo?", cuestionó Barreras.
En su intervención para argumentar la moción de censura en contra de Botero, el senador también hizo mención del caso de Flower Jair Trompeta. Este era un líder indígena que murió por acción de hombres del Ejército. De acuerdo con la información de Medicina Legal, Trompeta recibió dos disparos por la espalda, por lo que varios lo asociaron con el caso de Dimar Torres.Este último caso no ha sido aclarado, sin embargo, debido a la gravedad de los señalamientos, sobre todo el primero, el ministro Botero renunció.
El caso Dilan Cruz y el Esmad
En el marco de las protestas del paro nacional, el capitán de la Policía Manuel Cubillos Rodríguez le disparó con una munción convencional del Esmad a Dilan Cruz. El artefacto terminó incrustandose en la parte posterior de la cabeza del joven de 18 años y el pasado 25 de noviembre murió. Medicina Legal aseguró que la muerte de Dilan Cruz fue "violenta - homicidio" y el caso terminó en manos de la justicia penal militar, quien será en cargada de investigar al uniformado.
En medio de la caldeada situación que vivía el país a finales de noviembre por las movilizaciones del Paro Nacional, la muerte de Dilan Cruz puso en el ojo del huracán a los miembros del Esmad, quienes han sido señalados de cometer excesos durante las movilizaciones. Por ejemplo, al menos dos estudiantes perdieron uno de sus ojos a raíz por los artefactos disparados por el Esmad. También, hay denuncias contra los uniformados por retenciones ilegales. Uno de los casos se conoció por redes sociales, en el que se ve que una estudiante fue subida a un carro particular por parte de los policías en inmediciones a la universidad Nacional.
Las imágenes muestran cuando la joven es obligada a ingresar a un vehículo particular por parte de agentes del Esmad. Posteriormente, los supuestos policías en el carro, el cual no tenía identificación oficial, trasladaron a la estudiante por la avenida NQS hacia el norte. De acuerdo con la versión de las autoridades, recogida por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la decisión de trasladar a los detenidos en vehículos sin identificación oficial obedeció a que no había patrullas disponibles en el momento, debido a una fuerte congestión de tránsito.
Tres escándalos de corrupción en la Policía
El 23 de diciembre fue revelado un choque de trenes entre el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, y el general William Salamanca, inspector de la entidad. Tal fue la intensidad de la discusión que este último fue enviado a vacaciones. El motivo de la disputa habría sido tres investigaciones que llevaba el general Salamanca desde la Inspección.
Estas tres investigaciones hacen referencia a posibles actos de corrupción en la división Antinarcóticos de la Policía, supuestas manipulaciones en el sistema de horas de vuelos y las presuntas irregularidades en la construcción de unas viviendas en la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (Cenop).
Tras la orden de enviar al general Salamanca a vacaciones por 405 días, desde presidencia se emitió la contraorden de reversar la decisión para que el inspector general volviera a su cargo para continuar con las investigaciones. Tras el escándalo, la Procuraduría invocó el poder preferente para conocer estos casos disciplinarios y llevar las investigaciones desde el Ministerio Público.
En 2019, la Fuerza Pública estuvo en el centro del debate en varios momentos del año. Los escándalos estuvieron relacionados con presuntos actos de corrupción al interior de las distintas instituciones que componen las Fuerzas del Estado. También se presentaron varias irregularidades operacionales y hasta denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales. En este último apartado, fue el Ejército una de las entidades más cuestionadas.
Esta entidad enfrentó señalamientos por las órdenes de aumentar éxitos operacionales, los supuestos actos de corrupción de varios miembros de su cúpula y la muerte de un exguerrillero a manos de miembros del Ejército. Tantas fueron las controversias que sufrió esta entidad que llegaron incluso a costarle el puesto al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien renunció luego de quedarse sin oxígeno político.
Esta es una breve recopilación de los hechos más difíciles que enfrentaron cada una de las entidades que hacen parte de la Fuerza Pública colombiana durante 2019:
El asesinato de Dimar Torres
El 22 de abril, el país conoció a través de redes sociales los videos de unos campesinos en Convención, Norte de Santander, que se enfrentaron a hombres del Ejército para recuperar el cuerpo de Dimar Torres, un exmiliciano de las Farc que había abandonado la guerrilla a raíz del Proceso de Paz. Torres tenía un disparo en la cabeza y señales de que había sido arrastrado varios metros.
Mientras que la opinión pública señaló el caso como una ejecución extrajudicial, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que Torres murió luego de tratar de quitarle el arma a un cabo del Ejército que patrullaba esa zona. Luego, Botero aseguró que Dimar Torres murió debido a que forcejeó con el mismo cabo en un intento por arrebatarle el arma. Sin embargo, las pruebas de Medicina Legal demostraron todo lo contrario: al exguerrillero le dispararon en completo estado de indefensión.
El caso llegó a los estrados judiciales, allí el cabo reconoció que había asesinado a Torres. Asimismo, la revista Semana reveló los chats entre el uniformado y su unidad que demostrarían que el crimen del exguerrillero fue ordenado por un coronel, que quería vengar la muerte de un hombre de su unidad debido a una mina puesta por el Eln. Tratando de tomar la justicia por su mano, identificaron a Dimar Torres como un explosivista de esta guerrilla. Sin embargo, como contó la comunidad, Dimar Torres estaba dedicado a la agricultura desde que abandonó la vida subersiva.
Órdenes reveladas por New York Times
Con la muerte de Dimar Torres aún en la retina, a principios de mayo, el diario New York Times reveló las controvertidas órdenes del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, para aumentar éxitos operacionales sin hacer distinción entre bajas, capturas, desmovilizaciones y otros. Además, se le exigió a los altos mandos doblar sus resultados frente a años anteriores y se bajó el nivel de certeza que debía tener una unidad militar para ejecutar una misión.
Varios oficiales interpretaron esta situación como una regresión frente a la política de derechos humanos, por lo que denunciaron estas órdenes tanto a medios nacionales e internacionales. El escándalo fue inmediato, se interpretó esta situación como una puerta abierta para el regreso de los "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales realizadas por hombres del Ejército a cambio de descansos, dinero o ascensos.
Aunque en un principio el comandante del Ejército y la cúpula negaron estas órdenes, al final, tras un álgido debate, se retiraron una parte de ellas. Asimismo, el presidente Iván Duque anunció la creación de una comisión para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales”. Esto para garantizar que las órdenes emitidas estuvieran acorde a los procedimientos y protocolos internacionales.
Presunta corrupción de altos mandos del Ejército
Ya en agosto, la Revista Semana publicó varias denuncias de lo que que serían graves actos de corrupción en el Ejército que contarían con la participación de altos mandos. Una de las primeras denuncias trató sobre el general Eduardo Quiroz, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim). Este habría ofrecido una millonaria suma y largos descansos a aquellos que identificaran a quienes filtraron la información al New York Times.
Las denuncias también salpicaron al general Adelmo Fajardo, para ese momento segundo comandante del Ejército y quien supuestamente, según denuncias de subalternos, sacaba dinero de las arcas del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc), división que comandó, para el uso privado de él y su familia. En ese paquete también apareció el general Jorge Horacio Romero, quien fue señalado de graves actos de corrupción en la IV Brigada de Medellín, entre ellos exigir millonarias sumas a cambio de salvoconductos irregulares.
Luego de estallar el escándalo, el ministro Botero anunció que el general Eduardo Quiroz fue trasladado de unidad, mientras que a los generales Adelmo Fajardo y Jorge Horacio Romero los llamaron a calificar servicios. A este último le iniciaron un proceso penal, por el que ya fue imputado y actualmente tiene una medida de aseguramiento mientras afronta el juicio en su contra.
Menor muerto en La Lizama
Por la misma época que estallaba el escándalo de corrupción en el Ejército, por redes sociales se difundió el video de un menor que murió por acción del Ejército cuando intentó entrar a la base militar en La Lizama. De acuerdo con información de los habitantes de la región, varios jóvenes y miembros del Ejército habían tenido roces por lo que los civiles intentaron agredirlos a la entrada del centro castrense. Cuando uno de ellos intentó entrar a la base, un uniformado le disparó una ráfaga de fusil que lo dejó herido de muerte. Para este momento se cuestionó la acción del uniformado y se puso en duda su proporcionalidad frente a la magnitud de la amenaza.
El bombardeo en San Vicente del Caguán y la muerte de Flower Trompeta
El 5 de noviembre, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, fue citado a un debate de moción de censura por las presuntas acciones irregulares de las Fuerzas Militares. Como parte de su argumentación, el senador Roy Barreras reveló que en un bombardeo en contra de disidencias en San Vicente del Caguán, en el que murió alias Gildardo Cucho, cerca de ocho niños fallecieron por la acción del Ejército.
De acuerdo con el congresista del Partido de la U, esta información habría sido mantenida en secreto, a pesar de que fue confirmada por Medicina Legal y de los avisos de autoridades, como el personero de Puerto Rico (Caquetá), que le señalaron al Ejército del reclutamiento forzado de menores por parte de las disidencias en esa zona. “Usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó a niños y murieron siete menores. ¿Usted por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo?", cuestionó Barreras.
En su intervención para argumentar la moción de censura en contra de Botero, el senador también hizo mención del caso de Flower Jair Trompeta. Este era un líder indígena que murió por acción de hombres del Ejército. De acuerdo con la información de Medicina Legal, Trompeta recibió dos disparos por la espalda, por lo que varios lo asociaron con el caso de Dimar Torres.Este último caso no ha sido aclarado, sin embargo, debido a la gravedad de los señalamientos, sobre todo el primero, el ministro Botero renunció.
El caso Dilan Cruz y el Esmad
En el marco de las protestas del paro nacional, el capitán de la Policía Manuel Cubillos Rodríguez le disparó con una munción convencional del Esmad a Dilan Cruz. El artefacto terminó incrustandose en la parte posterior de la cabeza del joven de 18 años y el pasado 25 de noviembre murió. Medicina Legal aseguró que la muerte de Dilan Cruz fue "violenta - homicidio" y el caso terminó en manos de la justicia penal militar, quien será en cargada de investigar al uniformado.
En medio de la caldeada situación que vivía el país a finales de noviembre por las movilizaciones del Paro Nacional, la muerte de Dilan Cruz puso en el ojo del huracán a los miembros del Esmad, quienes han sido señalados de cometer excesos durante las movilizaciones. Por ejemplo, al menos dos estudiantes perdieron uno de sus ojos a raíz por los artefactos disparados por el Esmad. También, hay denuncias contra los uniformados por retenciones ilegales. Uno de los casos se conoció por redes sociales, en el que se ve que una estudiante fue subida a un carro particular por parte de los policías en inmediciones a la universidad Nacional.
Las imágenes muestran cuando la joven es obligada a ingresar a un vehículo particular por parte de agentes del Esmad. Posteriormente, los supuestos policías en el carro, el cual no tenía identificación oficial, trasladaron a la estudiante por la avenida NQS hacia el norte. De acuerdo con la versión de las autoridades, recogida por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la decisión de trasladar a los detenidos en vehículos sin identificación oficial obedeció a que no había patrullas disponibles en el momento, debido a una fuerte congestión de tránsito.
Tres escándalos de corrupción en la Policía
El 23 de diciembre fue revelado un choque de trenes entre el comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, y el general William Salamanca, inspector de la entidad. Tal fue la intensidad de la discusión que este último fue enviado a vacaciones. El motivo de la disputa habría sido tres investigaciones que llevaba el general Salamanca desde la Inspección.
Estas tres investigaciones hacen referencia a posibles actos de corrupción en la división Antinarcóticos de la Policía, supuestas manipulaciones en el sistema de horas de vuelos y las presuntas irregularidades en la construcción de unas viviendas en la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (Cenop).
Tras la orden de enviar al general Salamanca a vacaciones por 405 días, desde presidencia se emitió la contraorden de reversar la decisión para que el inspector general volviera a su cargo para continuar con las investigaciones. Tras el escándalo, la Procuraduría invocó el poder preferente para conocer estos casos disciplinarios y llevar las investigaciones desde el Ministerio Público.