11 Jul 2020 - 3:41 p. m.

Los problemas que evidencia mantener detenidos en estaciones de Policía

La Fiscalía anunció el viernes que 90 personas capturadas serán detenidas en estaciones de policía al no contar con los centros de reclusión a donde puedan llevarlas. Expertos consideraron que la medida perpetúa una política criminal mandada a recoger.

Jenny Castellanos

Periodista Judicial

El viernes, la delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Carmen Torres, anunció la captura de 90 personas que estarían involucradas en agresiones contra menores de 18 años, entre las cuales están un militar retirado y un líder religioso. Luego que se les imputaran cargos, un juez de la República envió a estas personas a prisión pero la orden no se puede cumplir por la pandemia. “No contamos con centros de reclusión para llevar a las personas aseguradas”, dijo Torres. En consecuencia, estas 90 personas quedaron detenidas en estaciones de policía de ocho ciudades, hecho que alimenta el hacinamiento en estos lugares y que expone problemas de fondo en política criminal.

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Según Torres, las estaciones que tiene la Policía no son aptas para personas que tienen medidas de aseguramiento ordenadas por un juez, aunque se hace el esfuerzo. “Es allí donde los tenemos que llevar porque si no, no podríamos estar en estos momentos materializando captura alguna”, dijo. Para Juan Sebastián Hernández, investigador de Dejusticia en el área de sistema judicial, la medida atenta contra los derechos de las personas privadas de la libertad. “El problema jurídico reside en estar en sitios de reclusión transitorios que no están habilitados ni cuentan con la capacidad de ejecutar estas privaciones de la libertad prolongada”, le dijo el investigador a este diario.

La preocupación no es para menos. Los sitios de paso para los recién capturados como, por ejemplo, las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (Uri) llevan años de hacinamiento y entre los numerosos agravantes esta que no cuentan con un sistema de resocialización, situación que ha empeorado con la pandemia. Desde mediados de marzo el Inpec le cerró la puerta a la posibilidad de nuevos ingresos a las cárceles en aras de evitar y controlar los contagios al interior de los penales. Dejusticia ha revisado el panorama carcelario junto con la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013. Allí, las organizaciones han evidenciado una crisis carcelaria que se ha salido de los penales.

No obstante, el pasado 4 de junio la presidencia expidió el decreto 804 de 2020 en el cual “se establecen medidas para la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención a cargo de los entes territoriales y se adoptan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Con este se reducen los trámites legales de los sitios de detención transitoria en los territorios para que las autoridades locales puedan adquirir nuevos inmuebles o adecue los que ya existen para ampliar los cupos.

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Para Hernández la norma en época de pandemia tiene sentido, no obstante, no resuelve el problema de fondo. El investigador afirma que la decisión “normaliza el problema. Es decir, no importa solucionar el problema estructural que causa la vulneración de derechos fundamentales, lo importante es la seguridad ciudadana y si nos toca ejecutar una medida privativa de la libertad en un centro que no está habilitado para hacerlo, mejor (dice en tono irónico)”. La crisis carcelaria en conjunto con el desarrollo de la pandemia ha puesto contra las cuerdas a las autoridades y con la medida contrapuntea con la postura que ha reiterado la Corte Constitucional anteriormente sobre este tema.

De acuerdo con la sentencia T-151 del 2016 el tiempo máximo que pueden detenerse a una persona en los sitios transitorios es de 36 horas. Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, el asunto es problemático porque “no se ha expedido un protocolo de qué pasa en medio de COVID-19 en ese fallo de la Corte”. Para el experto “lastimosamente tuvo que pasar una pandemia para que nos diéramos cuenta de que el sistema de justicia estaba colapsado, consecuencia de dejar el sistema de justicia y las cárceles abandonados por más de 20 años”.

De acuerdo con el pronunciamiento de la Fiscalía, la decisión se tomó priorizando las agresiones a los menores de 18 años y más teniendo como abrebocas los casos de violencia sexual en contra de esta población en las últimas semanas. Sin embargo, para los expertos la problemática va más allá. “Si bien las autoridades locales son responsables de manejar la crisis penitenciaria, debe haber un apoyo del Gobierno. Finalmente, las ciudades grandes tienen una infraestructura carcelaria que, si bien no es la mejor, por lo menos funciona. Pero hay cárceles en este país que si todos estornudan al tiempo se caen”.

Para Hernández la necesidad es la misma. “Hay muchas entidades territoriales que no tienen la capacidad presupuestal o no han destinado los recursos para cumplir con el decreto. Por ejemplo, hay autoridades locales cuyo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no está actualizado entonces no destinan predios para cubrir estas obligaciones. El decreto 804 de 2020 es un avance en este sentido, pero no se sabe cuántos municipios pueden construir establecimientos carcelarios transitorios, cuántos cupos se pueden crear y cuánto impactaría en el hacinamiento, bajo qué parámetros se va a hacer. Hay muchas dudas sobre la viabilidad”.

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Asimismo, el investigador explicó que “en el congreso se han presentado muchos proyectos de ley para hacer reformas a la política criminal y ninguno ha pasado porque es posible que haya una falta de voluntad política para solucionar el problema de fondo, además, liberar personas es algo muy mal visto frente a la opinión pública y se prioriza la seguridad ciudadana por encima de cualquier cosa”.

En la misma vía, Nieto considera la medida como una improvisación frente a una crisis que ha dejado maniatadas a las entidades judiciales. “Además del déficit estructural de estaciones de policía y Uri, ninguna de estas instalaciones está adecuada en seguridad, o sea, en medidas para que las personas no se escapen lo que puede generar agravantes”, señaló.

Los expertos recomiendan que se tomen medidas proyectadas a resolver una crisis que no ha sido provocada por la pandemia, sino que por el contrario, ha sido ignorada por años. Hernández plantea que “las medidas que ha tomado el Gobierno tienen vigencia solamente durante la emergencia y esto es problemático porque no sabemos si la emergencia se va a acabar en un mes o cuándo. De antemano se supone que luego de la pandemia las personas volverán a estar recluidas en un centro carcelario hacinado, sin acceso a servicios esenciales”.

En la pandemia, se han interpuesto 11 acciones de tutela en todo el país por procuradores delegados y personeros frente al hacinamiento en Uri y estaciones de Policía, lo que hace crecer la preocupación de los expertos en otro punto congestionado del sistema judicial: los juzgados. Según Nieto, “el no tener un protocolo o un marco jurídico que deje las reglas jurídicas claras durante la pandemia, puede retener aún más los procesos. Por ejemplo, no se han analizado los tiempos judiciales, es decir, el tiempo para imputar cargos, para investigar, etcétera. Eso sigue en los mismos tiempos de siempre”.

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