19 Dec 2020 - 1:59 p. m.

Los puntos clave de la audiencia de la ANLA sobre aspersión aérea con glifosato

Este 19 de diciembre fueron citadas múltiples organizaciones campesinas y civiles para discutir un tema esencial: si se aprueban o no los cambios del Plan de Manejo Ambiental de la Policía, lo que llevaría al regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato en el país. Sobre las 4:30 pm finalizó la primera jornada de la audiencia pública ambiental organizada por la ANLA, pero continuará el domingo desde las 8 de la mañana.

Si este año hubo un tema de Gobierno que se viera afectado por el transcurso de la pandemia de COVID-19, sin tener que ver directamente con ella, fue el de la aspersión aérea con glifosato. Acatando las órdenes de la Corte Constitucional, que en 2017 suspendió el uso de este químico como medida cautelar por asuntos de salud pública, principalmente, la administración Duque alistó todo para poder modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Policía y, así, poder demostrar que podía retomar las fumigaciones con glifosato. El cambio de ese PMA debe aprobarlo la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y, para ello, esa entidad debía programar una audiencia pública. (El glifosato afecta la salud reproductiva)

El trámite para realizar esa audiencia comenzó el 30 de diciembre de 2019, dos meses y una semana antes de que el primer caso del nuevo coronavirus se registrara en Colombia. En tan solo cuestión de días, el presidente Duque decretaba cuarentena nacional y múltiples planes a lo largo y ancho del país, incluida la mentada audiencia, quedaron en veremos. Entonces, la ANLA propuso que el evento se hiciera como se empezaba a hacer todo en ese momento: de manera virtual. En abril de este año, organizaciones como Dejusticia, Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop le enviaron una carta a la ANLA pidiéndole desistir de la iniciativa. (El glifosato tiene probabilidades elevadas de ser cancerígeno: investigadores del Externado)

Ellos, en representación de miles de campesinos que saben que sus cultivos se verán afectados si se retoma la aspersión aérea con glifosato -cultivos de pan coger también, no solo los de uso ilícito-, pidieron que no hubiera audiencia virtual hasta que terminara el aislamiento obligatorio. La ANLA no cedió, por lo que las agremiaciones recurrieron a la justicia. Por un instante, ganaron. En mayo, el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto determinó que, vía virtual, era “claro que no se podría asegurar que la población interesada y potencialmente afectada en el tema en torno al cual se desarrollaría la audiencia pública ambiental que fuese convocada, puedan ejercer su derecho a la participación”.

En julio, el Tribunal Administrativo de Nariño confirmó la decisión y les dio la razón a las comunidades que entutelaron la audiencia. La diligencia se suspendió hasta que se garantizara la posibilidad de que los interesados o afectados participaran en ella. El fallo decía: “[Se deben garantizar los] derechos fundamentales al debido proceso, a la consulta previa, a la participación y acceso a la información de los nombrados demandantes, los cuales son objeto de amenaza y vulneración, en el desarrollo del procedimiento ambiental para la modificación del Plan de Manejo Ambiental para el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida glifosato (PECIG)”. (Así es el decreto con el que Gobierno busca retomar la aspersión aérea con glifosato)

Estos son todos los antecedentes de lo que está ocurriendo hoy, pues, finalmente, la ANLA programó la audiencia virtual asegurándole a la justicia que había cumplido con lo exigido: garantizar la participación de las comunidades campesinas que, desde ayer, están movilizándose en puntos como Villagarzón y otros municipios de Putumayo, uno de los departamentos con mayor presencia de cultivos de uso ilícito. Las organizaciones demandantes tienen múltiples preocupaciones con respecto al retorno del glifosato, entre ellas, que se incumpla lo prometido en el punto de lucha contra el narcotráfico que se incluyó en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Según la autoridad ambiental, la audiencia virtual continuará mañana, domingo 20 de diciembre, desde las 8:00 de la mañana.

Dejusticia, además, ha dicho: “El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está supeditado a los requisitos jurisprudenciales por la Sentencia T-236 de 2017 [de la Corte Constitucional] de que se evalúen los efectos del programa como un todo, y no solo el herbicida utilizado; que exista participación genuina de la comunidad, que las personas afectadas puedan incidir de manera real en las decisiones que se adopten; que las investigaciones en las que se base tengan garantías de rigor, calidad e imparcialidad; y que se base en evidencia objetiva y concluyente, y no en hipótesis, conjeturas, o en una sola investigación que establezca o descarte un peligro de daño”.

La audiencia en vivo

Edilberto Peñaranda, asesor Anla

El primero en intervenir y darle la bienvenida al evento fue el asesor de la Anla quien expresó que, como autoridad ambiental, respondiendo a la solicitud del procurador delegado en lo ambiental y agrario y cuatro organizaciones, “consideramos citar a la celebración de la audiencia pública por lo cual se llevaron a cabo más de 27 reuniones informativas a lo largo del país en circunstancias no presenciales. Se hizo un gran esfuerzo para darle participación al mayor número posible de ciudadanos y autoridades para que expresaran lo relacionado con este tema que es la modificación del plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con glifosato”.

Explicó que este es un mecanismo de participación en el que se brinda la oportunidad a las autoridades, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía para que opinen, presenten información relacionada con la actividad que se pretende desarrollar por parte de la Policía. “Esperamos que todos los ciudadanos que están presentes en diferentes espacios participen de esta audiencia pública ambiental para lo cual se inscribieron previamente. Pero dada la circunstancia, a todas las personas que no se pudieron inscribir, les vamos a dar la posibilidad de que intervengan una vez hayamos agotado a las autoridades que por derecho propio pueden participar”.

Mayor general Julio Cesar González Bedoya, comandante de la región 2 de la Policía (Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima). La Policía es la solicitante del trámite de modificación del plan de manejo ambiental para la aspersión aérea con glifosato.

El oficial recurrió a un video en el cual se explicó en detalle las características del plan de manejo ambiental. En el recurso audiovisual se indica que actualmente el proyecto se encuentra en la fase de audiencias públicas ambientales y que previamente se diseñó el estudio, se hizo una socialización a las autoridades regionales en las capitales de los departamentos, se hizo reuniones informativas con participación amplia de la comunidad y con gran difusión teniendo en cuenta que hay comunidades en territorios alejados. En otras palabras, se efectuó la socialización de la forma más vinculante posible.

Otro punto clave que se explicó en el video es la forma en la cual se planea la aspersión. “Se identifican las áreas cultivadas gracias a la tecnología con imágenes satelitales, se identifica qué tan grandes son los cultivos, si son productivos o no, se hace una extracción de las áreas, la información se carga el sistema de los aviones y la aeronave va censando el área para que sea lo más puntual posible. Vamos a ir a áreas que ya están deterioradas por eso queremos que la tarea no vaya afectar más. Esto es con base en tecnología y en los grandes cultivos se hace la aspersión aérea. Es como en los cultivos lícitos, pasa el avión y aplican justo donde es”.

Frente a este tema puntual, que tanto preocupa a las comunidades, insistió la Policía que la tecnología ha avanzado de tal forma que se puede garantizar la precisión tanto en la limitación del área que será asperjada, como en la dosificación que se necesita aplicar. Además, señaló la Policía que la nave con la que se hace la aspersión es de vocación totalmente agrícola (AirTractor) y, por ende, tiene sistemas de control inteligente de flujo que le permite a la autoridad mantenerse dentro de los parámetros y garantizar que la aspersión dé en el blanco y no por fuera del área limitada.

Respecto al uso del glifosato como herbicida, dice la institución que se ha hecho un estudio riguroso para que la mezcla para la aspersión que se use sea justamente para afectar el arbusto de cocaína. “Está diseñado de una forma cuidadosa. Más del 60% de la mezcla es agua condicionada, el glifosato es el 33% y un coadyuvante mineral que le da estructura y peso para que quede como lo necesitamos. Todo esto ha sido estudiado de manera cuidadosa. El glifosato tiene una características similares al suelo en cuanto a PH, que hacen que sea absorbido y existe una probabilidad casi nula para que se desplace y contamine el suelo. Es sistémico en las plantas, ingresa por las hojas, se incorpora, hay un marchitamiento en el tejido y al estar muriendo no puede realizar fotosíntesis”, explicaron voceros de la institución.

Diego Trujillo, procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios. Uno de los solicitantes de la audiencia pública ambiental.

El delgado del Ministerio público intervino para dejar clara la postura de la entidad. Indicó Trujillo que, aunque la lucha contra el narcotráfico va de la mano con el Proceso de Paz, no se está tratando la problemática de forma conjunta y así será muy difícil encontrar la armonía y la paz que se requiere en los territorios rurales. “Si bien el tema es el plan de manejo ambiental, de un método que puede resultar efectivo, si el estado no se compromete a hacer avances en materia social para equidad y justicia en el campo va a ser difícil y lo que haremos es incentivar que las tierras que han sido afectadas por la aspersión se sigan devastando, deforestando y acabando con nuestra biodiversidad”, expresó.

Agregó el representante de la Procuraduría que se ve la Policía comprometida, pero “ya nos dirá la práctica si en territorio y en la materialización, se esta cumpliendo con lo dicho y no se están vulnerando derechos a la población que habita cerca a los territorios asperjados, aunque estos estén excluidos del plan de aspersión”. Además, advirtió que con el cambio climático puede que ninguna tecnología garantice que fuertes vientos o lluvias no van a afectar la aspersión que se dice precisa. “La Fuerza Pública debe tener claro que no es la población rural la enemiga y a la que hay que perseguir, hay que buscar a los que están detrás de la gran estrategia de acaparamiento de tierras para cultivos ilícitos. El gran problema en Colombia es la ausencia de un catastro en la ruralidad, hay mucha gente interesada en quedarse con la propiedad pública que va a ser devastada si no se maneja bien la aspersión aérea”.

Al finalizar su intervención, Trujillo dijo que le causa inquietud al Ministerio Público que la Policía insiste en utilizar el glifosato chino que fue tan cuestionado y que en 2015 provocó una investigación por corrupción en la adquisición de este herbicida que no era el recomendado por las autoridad de salud y ambiental, en ese momento. “La transparencia de este proceso tan importante tiene que ser con los parámetros técnicos y productos que den más tranquilidad a los territorios y al medio ambiente” concluyó.

Mauricio Albarracín, abogado subdirector de Dejusticia

El vocero de la organización empezó su intervención afirmando que no debe aprobarse la modificación del plan ambiental para la aspersión de glifosato porque esta práctica viola los derechos fundamentales de las comunidades protegidos por la Corte Constitucional. “Reconocemos que el narcotráfico ha generado afectaciones en la vida y seguridad de los colombianos y, pesar de que es un deber del Estado luchar contra el narcotrafico, esto debe hacerse a través de estrategias que respetan la Constitución Política (...) invitamos a las autoridades a no estigmatizar a quienes tenemos una posición distinta y presentamos disenso a políticas que vulneran los derechos humanos”, dijo.

Albarracín aclaró que no se pretende dejar al Gobierno sin herramientas para luchar contra el narcotráfico y por el contrario la intención es buscar alternativas correctas para hacerle frente a esta problemática. Añadió que esta audiencia no cumplía con los parámetros internacionales de participación ciudadana y, como representante de Dejusticia, no avaló este espacio sino que, por el contrario, han coadyuvado y avalado a las personas que consideran que con esta audiencia se violan los derechos fundamentales. “Mediante pronunciamientos públicos, movilizaciones y protestas la sociedad está pidiendo una navidad y país sin glifosato (...) Esta audiencia está siendo desarrollada un sábado, cinco días antes de la navidad y en el momento de más riesgo de infección de coronavirus”.

Ya entrando en material, el abogado manifestó que el plan de manejo ambiental propuesto por la Policía no cumple con cuatro pilares constitucionales: la constitución ecológica, la protección de la diversidad étnica y cultural, la garantía de la paz como derecho y deber de la Constitución, y la protección de campesinos como sujetos de especial protección constitucional. Asimismo, planteó cinco argumentos por los cuales este plan no debería ser aprobado por parte de la autoridad ambiental (ANLA).

Primero, el vocero explicó que no hubo participación previa e informada de los posibles afectados, un elemento central por la naturaleza de la actividad y el impacto que genera en las comunidades y el ambiente. “Debe ser previa, amplia, deliberativa y efectiva. En este proceso hay falta de información accesible, transparencia y procesos participativos de doble vía. Trata de discutir un plan de manejo que consta de más de 3 mil páginas, contiene un lenguaje que no es accesible para la población posiblemente afectada y falta de transparencia en la información, pues los estudios publicados por la ANLA y la página de (Policía) Antinarcóticos no tienen los anexos de los estudios técnicos previos. Sin información pública, abierta, completa y comprensible es imposible garantizar la participación ciudadana”, advirtió.

En segundo lugar, dijo que la información sobre los riesgos y daños es insuficiente, mal estructurada y e imparcial, al punto de que no se puede definir con certeza el nivel de riesgo del plan y no se pueden determinar medidas preventivas, en ese sentido, manifestó, el núcleo básico de la garantía de protección ambiental no se cumple. “No fue objetiva porque se realizó con un panel contratado por la Policía Nacional y no está soportada con anexos técnicos, métodos, que permitan definir la magnitud de los impactos ambientales. La valoración del riesgo del glifosato no solo es incompleta, sino inadecuada para el uso que se le dará”, expresó.

El tercer lugar, señaló Albarracín que el plan incumple con la obligación de implementar de buena fe el acuerdo de paz en el que se han priorizado las políticas de sustitución, antes de la aspersión. “Si no se ha implementado tal política no es posible decir que se requiere de aspersión. Se debe cumplir el principio constitucional de buena fe, implementarse la política de sustitución voluntaria, si fracasa erradicación manual forzada y solo como tercera alternativa el uso de la aspersión con glifosato”, manifestó. El cuarto argumento expuesto por Dejusticia señala que el plan de manejo ambiental viola el principio de legalidad.

“La Policía y la ANLA han decidido no discutir aspectos importantes de afectación ambiental en este proceso, porque se abordarán en los planes específicos. Sin embargo, no sabemos cómo funcionará el procedimiento de aprobación de estos planes. A pesar de nuestros recursos para obtener más información sobre el fundamento jurídico de esta actuación, no hemos obtenido respuestas satisfactorias”, explicó el abogado. Finalmente, indicó que no se ha realizado la consulta previa a comunidades étnicas a través de un consentimiento previo e informado, frente a decisiones que afectan su territorio, máximo cuando esos daños se producen por una sustancia química.

En conclusión, el vocero de Dejusticia concretó que el plan de manejo ambiental es contrario a la jurisprudencia de la Corte y al proceso de licenciamiento ambiental, no respeta la garantía de la paz, ni la protección de los sujetos de especial protección, como es el caso de las comunidades étnicas. En ese sentido, dijo, el posible licenciamiento ambiental es contrario a lo consignado en el acuerdo de paz y adolece elementos de objetividad, independencia, accesibilidad e imparcialidad. Razones similares y también encaminadas en que no se apruebe el plan expusieron Carolina Sorsano, de la organización Terrae y Jorge Forero, abogado de Elementa, también solicitantes de la audiencia pública.

Jhon Fredy Criollo Arciniegas, secretario Ambiental y de Agricultura del Caquetá

El funcionario de la administración departamental sugirió la posibilidad de analizar y explorar conjuntamente situaciones de erradicación manual. “Apoyamos las políticas del Gobierno nacional, pero también somos conscientes de que hay unos acuerdos de paz que también son viables y permiten una alternativa adyacente a la aspersión como una foma de salvaguardar intereses sociales y ambientales que tiene el departamento de Caquetá. Nuestro territorio tiene unas connotaciones diferentes, es una estrella hídrica, un mar ecosistémico de alta fragilidad ambiental y esto nos lleva a que verifiquemos otras alternativas”, indicó.

Añadió el secretario que hay varias guias del mismo Ministerio de Ambiente que reglamentan y regulan muchas intervenciones. “Por el clima las aspersiones pueden tener una desviación y por eso son consignadas en el plan de manejo ambiental, pero también es importante capacitar en territorio a las comunidades. Creo que la forma de reclamar nuestros derechos es a través del conocimiento para soportar cualquier actividad que se desvíe de lo enmarcado inicialmente. El Caquetá está presto para garantizar los derechos de las entidades y toda la población caqueteña”.

Jorge Tadeo Oyola, delegado de la Personería de Florencia, Caquetá

“Sería un error retomar las aspersiones porque es una estrategia que ha demostrado su ineficiencia e ineficacia. Se ha utilizado por más de 17 años y no ha logrado erradicar este flagelo, afecta no solo a cultivos ilícitos, sino también a animales y humanos porque al ser un herbicida no es especifico para solo un tipo de hierba sino que también afecta a productos agrícolas y de pancojer, la flora y la fauna. El impacto visto desde el retrovisor de la experiencia afecta derechos y se considera que se debe hacer un cambio en el enfoque de la política antidrogas con visión a la protección de la salud publica”, expresó el funcionario.

Añadió que sería contradictorio y antiético que el Estado actúe de manera deliberada contra su población e insistió en que la política de aspersión con glifosato no funciona y es indefendible por cuanto afecta la salud de los pobladores. Además, dijo que el Estado debe buscar la implementación de nuevas alternativas y soluciones tales como la sustitución voluntaria, la erradicación manual. entre otras, que peudan traer una solución a esta situación.

Alberto Rivera, procurador Ambiental y Agrario Regional de Santander

El funcionario del Ministerio Público intervino para resaltar lo que respecta a la participación ciudadana y su importancia en este tipo de decisiónes. “¿Qué implica garantizar la participación ciudadana? Consiero que garantizar esa participación implica para las entidades que se incorpore el dicho de la comunidad u organización indicándole por qué no se tiene en cuenta su consideración o por qué se incorpora su pensamiento como elemento fundamental (...) implica consultar la cultura de quienes pertenecen a un territorio determinado respetando sus derechos fundamentales y colectivos. Implica un análisis rigurosos de los riesgos a la salud y al ambiente a los que se enfrente una comunidad en un territorio determinado”, expresó.

Rivera afirmó que garantizar este derecho fundamental implica que la zonificación amibental debe tener asidero científico y técnico, con base en el conocimiento del territorio prara que los indicadores que midan el riesgo a la salud y al medio ambiente desaparezcan o sean de minimo impacto. “Me gustaría que en el análisis de la ANLA se respondiera a la sociedad civil sobre el impacto del glifosato, las abejas y otros polinizadores. Es una oportunidad única para construir y diseñar una estrategia que colabore con la necesidad del Estado, de las autoridades, pero que esté ligada al cumplimiento de las órdenes de las sentencias y que mire hacia el territorio de una manera mucho mas constructiva”, concluyó.

La procuradora Ambiental Agraria Regional del Valle del Cauca, Lilia Hincapié, por su parte, manifestó su preocupación por la posible contaminación que podría generar la aspersión de glifosato en territorios de El Naya y Buenaventura, donde no hay acueducto y las comunidades dependen de las fuentes de agua. Por otro lado, el personero del Darién, Valle del Cauca, manifestó que “el programa de sustitución de cultivos no tiene continuidad, si bien no estoy de acuerdo con la aplicación de herbicidas o glifosato porque las corrientes de viento y una cantidad de factores no garantizan que caiga focalizado ese producto, sí soy consciente de que se debe garantizar que este cultivo no esté presente. La institucionalidad no ha renunciado, ni puede renunciar a su compromiso de erradicar, pero también se que quienes han hecho uso de esos cultivos para sobrevivir, deben contar con el apoyo del Estado para volver a empezar de forma diferente”.

Participación ciudadana

Francisco Murillo. Magüí Payán, Nariño

“Somos un pueblo olvidado por el Estado colombiano y la gente se acogió a cutlivos ilícitos. En el año 2017, con el acuerdo de paz se habló de erradicación, dijo el Estado que toda persona se acogía a la restitución voluntaria iba a tener una prebenda y unos recursos, pero el Estado le ha incumplido a la gente de Magüí. Necesitamos que el Gobierno se compadezca y dé cumplimiento a los acuerdos. El ser humano tiene un enemigo más grande que es el hambre y cualquier persona busca cómo subsistir”.

Cristian Vargas. Cartagena, Bolívar

“Reanudar la aspersión es una política fracasada que no ha logrado los objetivos planteados. La relación costo-efectividad de la aspersión está evaluada. Existe evidencia científica de la OMS que advierte de manera tajante que asperjar el herbicida pone en riesgo la salud humana. No solamente del lado de la hoja de coca hay coca, hay comida, hay productos de pan coger, volver a la aspersión pondría en grave peligro la seguridad alimentaria de los campesinos. Se pone en riesgo las fuentes hídricas contiguas a los cultivos de uso ilícito. El efecto globo, al momento de llegar la aspersión los cultivos se van a desplazar a otras zonas ampliando y golpeando la frontera agrícola del país. Creemos que hay que seguir insistiendo en la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos”.

Alex Zambrano. Personero Leyva, Nariño

“Mi territorio ha sido muy abandonado por el Gobierno. En el 2016 Leyva fue escenario de aspersión porque históricamente hemos tenido cultivos ilícitos. Lo único que lograron con esa estrategia fue que muchas fuentes hídricas desaparecieran, que gran parte de flora y fauna desapareciera, que miles de personas del sector rural tuvieran que abandonar el territorio a buscar en qué sostenerse porque las ayudas e incentivos que prometió el Gobierno fueron pañitos de agua tibia que en nada lograron mitigar el gran daño que hizo la aspersión aérea. La gente tiene terror de que esto se repita, la voz es una: sí queremos sustitución voluntaria, no aspersión con glifosato. El Gobierno no puede desconocer los acuerdos que se firmaron”.

Mauricio Parra Bayona. Bogotá D.C.

“Las comunidades lo han dicho una y mil veces, quieren erradicar los cultivos ilícitos, pero para ello se requiere que es Estado garantice los derechos económicos y sociales porque la radicación forzada profundiza la pobreza y la miseria (...) es absurdo que se pretenda retomar las aspersión de cultivos ilícitos, para debilitar el narcotráfico se requiere que el Estado persiga judicialmente a los eslabones más fuertes lo cual nunca ha sucedido ¿por qué no se captura a los banqueros y grandes empresarios que lavan el dinero del narcotráfico? ¿Por qué no se captura a los políticos y servidores públicos que hacen posible la producción y el tráfico de toneladas de drogas ilegales?¿Por qué no se captura a empresarios en cuyas fincas, vehículos, contenedores, barcos y aviones se guardan y transportan toneladas de cocaína?”

Agregó el ciudadano que la fumigación de cultivos de uso ilícito y la erradicación forzada agrava la situación de la población y que por eso hay personas de las comunidades que consideran que el verdadero objetivo de la fumigación es debilitar y desplazar a la población para poder desarrollar megaproyectos. En otras palabras, la fumigación con glifosato como un mecanismo dentro de una estrategia de despojo territorial.

María Alejandra Vélez, grupo de investigadores del centro de estudios sobre seguridad y drogas, U. de los Andes

La estrategia de erradicación con glifosato no es costo efectiva y presenta riesgos en la salud y medioambiente que no deberían ser asumidos por el país. Además, hay cinco grandes vacíos en el plan de manejo ambiental: 1. No contempla los posibles impactos directos e indirectos del programa sobre la salud humana. Sin la inclusión de los efectos de la salud humana, el documento queda incompleto, es un aspecto vital. 2. El plan de manejo ambiental presenta una carencia de información que impide valorar el sustento de la evaluación ambiental. Como consecuencia de las probables vallas en la valoración ambiental, que asegura que no tiene costos sociales, se obtiene una valoración deficiente en la que se asume que el programa no tiene costos sociales, lo cual es muy difícil de justificar. 3. Valoración deficiente de los costos del Plan de Manejo Ambiental. 4. La estrategia de mitigación de riesgos presentada no previene las afectaciones por asperjar en el blanco mismo, como filtración del glifosato y sus metabolismos tóxicos en el suelo. Existen efectos directos e indirectos que pueden tener costos ambientales y sociales, incluyendo de salud, que ameritan ser valorados. 5. El análisis costo beneficio está incompleto. En síntesis, el plan de manejo ambiental presenta vacíos en los que se asume sin justificación que el programa no tiene costos ni sociales ni ambientales. Sería un error histórico para Colombia aprobar el actual plan de manejo ambiental dadas sus graves deficiencias, que, de paso, desconoce tanto la evidencia científica sobre la aspersión, como las demandas sociales y ambientales.

A las 4:30 pm de este sábado se dio el cierre de la primera jornada de la Audiencia pública ambiental programada. Mañana inicia la segunda jornada a las 8:00 de la mañana. Según la autoridad ambiental, las ponencias elaboradas por los participantes de la audiencia pública pueden ser enviadas al correo licencias@anla.gov.co o a por correo a la dirección Cra 13A#34-72, en la ciudad de Bogotá.

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