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En 2019, el homicidio se redujo en un 2% con respecto al año 2018, según el Ministerio de Defensa al pasar de 12.155 casos a 11.923 hasta el pasado 12 de diciembre. Y aunque bajaron igualmente los casos de secuestro y de lesiones personales y el hurto a residencias, entidades financieras o la piratería terrestre, aumentaron las acciones de terrorismo y subversivas, así como el hurto a vehículos y a personas. El presidente Iván Duque lanzó este viernes la política de seguridad ciudadano que espera ser el eje de ruta para enfrentar lo que denominó el “delito callejero”. ¿En qué consiste?
Según el mandatario, la idea es entender cuáles son los delitos que más se cometen, a qué horas, con qué armas y por parte de qué estructuras para desarticular todos los eslabones de la cadena y obtener resultados concretos en asuntos que tocan al ciudadano en su día a día como el cosquilleo, el raponazo o el fleteo. Esto incluye uso de la tecnología, de cámaras de seguridad y de alta precisión y con identificación facial, pero también drones de vigilancia y el uso de una “red de participación cívica” que ya cuenta con 1.4 millones de colombianos dando información. Estos son algunos de los elementos claves de la nueva estrategia:
Nuevo modelo de vigilancia y control
Como el énfasis es la seguridad ciudadana, la estrategia busca que la Policía Nacional de prelación a este campo con un uso “racional y eficiente de los recursos en la acción estatal” y contando con el apoyo de gestores de convivencia. Este incluye profesionalizar el servicio de vigilancia, reforzar el área encargada de “anticipar las amenazas a la seguridad ciudadana, así como para comprender y caracterizar los riesgos sociales y situacionales en cada contexto”.
“El nuevo modelo de vigilancia y control reconoce que no basta con la observación y reacción por parte de miembros de la policía en un cuadrante, sino que se requiere saltar al control efectivo de los espacios públicos de distritos, municipios y veredas”, dice la política. La idea entonces de hacer un análisis del comportamiento del delito por zonas de vigilancia, que tenga en cuenta cada contexto: “su tamaño cambiará de acuerdo a la concentración de los delitos, fenómenos y comportamientos contrarios a la convivencia. El cambio en el número de zonas de vigilancia y control, así como su tamaño se ajustará de acuerdo con un diagnóstico periódico”.
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Para hacer esto, el comandante de estación tendrá que estudiar su zona, los delitos que allí ocurren, prever con inteligencia y análisis escenarios en donde se puedan cometer delitos y desplegar la vigilancia que la posible amenaza implique. “Promoverá la recuperación de zonas de miedo e impunidad mediante la realización priorizada y focalizada de operativos y patrullajes (…) Se requieren acciones que permitan desarticular estructuras criminales, así como ejecutar procesos de extinción de derecho de dominio y lavado de activos, que afecten las redes financieras y las rentas ilícitas, generando con ello innovación disruptiva contra el delito. No basta la vigilancia, si no se consigue el control efectivo de los espacios, lo cual requiere cumplir con esos dos objetivos.
Seguridad privada, anticipación del delito y cámaras
La estrategia implica contar con redes de participación ciudadana, las empresas de seguridad y vigilancia privada, la capacitación de uniformados “en el uso de armas no letales”, entre otros. “El empleo de los recursos de seguridad y vigilancia privada es una oportunidad, siempre y cuando se usen bajo estricto control por parte del Estado y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, dice el documento.
Para la “anticipación del delito”, se fortalecerán las capacidades investigativas de la Policía y de inteligencia para “comprender el comportamiento, funcionamiento e interacción de los Grupos de Delincuencia Común Organizados”. Además, se contempla un apoyo con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) para “estudiar, analizar y comprender el funcionamiento de las redes de valor de las rentas criminales urbanas, con el fin de contribuir a su disrupción”.
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La política afirma que se utilizarán cámaras con software de reconocimiento facial utilizados en los puntos críticos de las ciudades, así como para reconocer vehículos y placas. “De acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, todos los procedimientos de policía pueden ser grabados por los ciudadanos. Nadie puede oponerse a ello. Sin embargo, es deber de la Policía Nacional contar con dispositivos de grabación para el servicio de policía que permitan hacer un control de calidad y protección de los derechos humanos en los procedimientos que a diario son llevados a cabo por policías asignados a las zonas seguras y de control”.
Las redes de participación cívica
No es otra cosa que organizaciones civiles sirvan de apoyo para las labores de las autoridades con la denuncia de hechos que se consideren “potencialmente peligrosos” para la convivencia y como una manera de fiscalizar las actuaciones de las Fuerzas Armadas. La política contempla que el celular se vuelva un arma contra la delincuencia, que se multiplique el número de personas que ya hacen “parte de los diferentes mecanismos de comunicación que existen con las autoridades” y que los Ministerios de Defensa e Interior “promoverán y apoyarán la creación de frentes de seguridad ciudadana, en coordinación con las autoridades territoriales”.
Más policías y más Esmad
Con el ánimo de hacer “control en las calles”, se buscará que en los próximos cuatro años ingresen 34.000 uniformados y que los alcaldes creen que cada ciudad el servicio de policía cívicas que apoyen a la Policía en funciones administrativas, sin portar armas. En el apartado de protesta social, se explica que la Policía debe actuar cuando haya hechos de vandalismo y que “deberá fortalecerse la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios, multiplicar su número, mejorar su respuesta, intensificar su entrenamiento, del mismo modo que la formación de sus integrantes en el uso de la fuerza en el marco jurídico de los derechos humanos y como última alternativa”.
Además, se indica que la decisión de que las Fuerzas Militares entren a apoyar a la Policía en escenarios de manifestación, será una orden exclusiva del presidente de la República y que, si los gobernadores o alcaldes la consideran necesaria, se la deberán pedir al Jefe de Estado. “Como lo señala el Código citado, cuando se trate de una emergencia, catástrofe o calamidad pública, los procedimientos y normas especializadas para dichas situaciones regirán la asistencia militar; la cual deberá prestarse bajo la coordinación de los comités de emergencia y los oficiales responsables en la materia”.
Ciberseguridad
De acuerdo con el documento del Gobierno, también se trabaja en una “cultura digital para la prevención”, en especial para acoso escolar o matoneo virtual, acceso abusivo a sistema informáticos (phishing-carding), fake news (noticia falsa), sexting (sextorsión), ransomware (secuestro de información a través de software malicioso) y grooming (adulto que simula ser menor para solicitar fotografías o videos a NNA).
Desarme general
El gobierno promoverá el control de las armas blancas: “La persecución contra el porte de armas blancas implica mayor control de la Policía Nacional en los espacios públicos e iniciativas legislativas que sancionen con severidad esa conducta. Se desarrollará una estrategia respecto a la fabricación, importación, comercialización y uso de juguetes bélicos empleados en conductas delictivas, al igual que la importación de partes de armas de fuego a través de compras ‘‘on line’’. Se expedirá un marco normativo que regule la importación, fabricación, comercialización, porte y tenencia de armas no letales”.
Homicidios y drogas
La política promete reducir el homicidio en Colombia con el nuevo modelo de vigilancia y centrándose en centros urbanos en donde haya el mayor número de casos. También, desmantelar casas de vicio y buscará la prohibición de consumo de estupefacientes en lugares públicos. “Esta será una tarea prioritaria para la policía de vigilancia. En particular, en los entornos de escuelas, colegios y universidades, así como los parques y centros deportivos serán prioridad de control. Diariamente deberá llevarse un registro de los estupefacientes incautados por ser objeto de consumo en lugares públicos, con su respectiva georreferenciación”.
Enfoque en salud mental
La estrategia considera que con un abordaje de políticas que promuevan la salud mental, se puede contribuir para la tolerancia y las buenas relaciones entre los ciudadanos. Su eje es la resolución 4886 de 2018 del Ministerio de Salud y busca que “las Secretarías de Salud distritales y municipales implementarán la estrategia para intervenir integralmente la salud mental de las personas y comunidades que han enfrentado situaciones estresantes que impactan la convivencia y seguridad ciudadana”. En este apartado se incluye el consumo de sustancias estupefacientes como un asunto de salud pública que tiene “graves efectos en materia de convivencia y seguridad ciudadana”.
Por esa razón, se buscará idear planes de prevención para el consumo de drogas de parte de alcaldes y gobernadores, en coordinación con el Ministerio del Interior. Y se seguirá aplicando el polémico decreto 1844 del 2018 que permite a la policía decomisar la dosis mínima de droga a las personas que se encuentren en el espacio público. Además, se plantea que los ministerios de Justicia y Educación, Salud y Protección Social y el ICBF, diseñen y ejecuten “una política pública evaluable que permita cambiar las prácticas sociales, los prejuicios, estereotipos, creencias e imaginarios que justifican y reproducen el uso de la violencia intrafamiliar como mecanismo de solución de conflictos al interior del núcleo familiar”.