Este 16 de enero, quien fuera el secretario general del Senado por 12 años, Gregorio Eljach Pacheco, inicia oficialmente funciones como nuevo procurador general de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello. Desde hoy, y durante cuatro años, Eljach estará al mando de la entidad encargada de juzgar la conducta de los funcionarios públicos, así como la que vigila el cumplimiento de la Constitución, las leyes, decisiones judiciales y actos administrativos. Asimismo, Eljach firmará de su puño y letra los conceptos del Ministerio Público ante los debates más delicados en la mesa de la Corte Constitucional, incluyendo las demandas contra las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro. Justamente, el hombre que lo nominó para ocupar el cargo, una posición que le exigirá retos de todo tipo en los que tendrá que demostrar independencia y capacidad de liderazgo.
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El Espectador consultó expertos en justicia y derecho disciplinario, quienes abordaron el panorama de los retos de Eljach. El viejo adagio dice que primero lo primero y, por tanto, el nuevo procurador deberá hacer su “debida defensa frente a unas muy buenas demandas que fueron presentadas en contra de su designación y nombramiento”, señaló Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Entre ellas, la interpuesta en noviembre por el abogado Ramiro Bejarano, quien señaló la falta de experiencia de Eljach como jurista y la presunta falta de transparencia del Senado, al elegir, casi por unanimidad, a un colega como nuevo jefe del ente disciplinario. Además, Bejarano expuso que Eljach no ha ejercido el derecho disciplinario en al menos 15 años y que solo cumplió funciones como abogado entre 1991 y 1995, cuando fue personero y litigante.
Una vez saldada esa tarea, para el abogado Iván Cancino, uno de los retos más importantes para Eljach es desligarse de su pasado reciente, pues deberá “demostrar independencia del Ejecutivo que lo nominó y del Congreso que lo eligió y del cual fue secretario”. A su turno, el especialista en derecho disciplinario, Alfredo Quesada, adhiere que, entre las maneras de demostrar independencia, está actuar con “objetividad con el sector de oposición del gobierno, sobre el cual se espera que no se inicie en contra de ellos una cacería de brujas con el uso o ‘abuso’ del poder sancionatorio del Estado”. Hernando Herrera agrega que, en democracia, a la Procuraduría se le garantiza que no sea “arrodillada” y que cumpla su función de manera autónoma.
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Herrera enfatiza que el “termómetro que va a medir la independencia de este procurador” se verá en dos aspectos: primero, en la manera de actuar con los expedientes disciplinarios en contra de actuales funcionarios del gobierno Petro. Y, segundo, con los conceptos favorables o desfavorables que tendrá que presentar ante la Corte Constitucional, con relación a las demandas de las principales reformas impulsadas por este gobierno. Por ejemplo, en noviembre pasado, la procuradora Margarita Cabello le solicitó a la alta corte tumbar la reforma pensional por presuntos errores técnicos en la Cámara de Representantes. Toda la agenda legislativa del gobierno que sea aprobada en el Congreso deberá ser evaluada por Eljach.
David Roa Salguero, presidente del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas, agrega que “es improbable esperar que las funciones constitucionales atribuidas a la Procuraduría se ejerzan alejadas del contexto político nacional. El problema radica en utilizar la Procuraduría como un arma política para separar del cargo a quien piensa distinto sin haber cometido una falta prevista en la ley, o para beneficiar a los amigos”. Un análisis preciso en medio de la polémica desatada por la procuradora delegada para la Salud, Diana Margarita Ojeda, quien ha señalado al gobierno Petro por tomar decisiones políticas en perjuicio de la salud de los colombianos. Ello porque el Ministerio de Salud calculó un aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) menor a lo esperado, con lo cual las EPS recibirán menos dinero del gobierno por cada afiliado para cubrir los servicios.
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Petro, por otro lado, tiene a su favor una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, se supone, le impide a la Procuraduría sancionar a funcionarios de elección popular, dado que no puede suplantar las funciones de un juez. Margarita Cabello, en respuesta, se luchó una reforma con la que logró mantener ese poder, contando con el aval del Congreso y la Corte Constitucional. No obstante, el experto en derecho constitucional Rodrigo Uprimny consideró desde el principio la propuesta de Cabello como “tramposa”, dado que “desconoce frontalmente la sentencia de la Corte IDH”. Para Quesada, Eljach debería impulsar una reforma legal para crear un estatuto disciplinario para servidores públicos de elección popular para armonizar, del todo, la norma sobre la protección de los derechos políticos y electorales invocada por Petro en la justicia internacional.
La posibilidad de que la Procuraduría sancione a funcionarios de elección popular ha sido un debate que, de hecho, en su momento dividió al propio Consejo de Estado, el cual quedó con la tarea de verificar los casos en última instancia. Tal fue la apropiación de la administración de Cabello con esa capacidad que, solo entre junio de 2023 y junio de 2024 la entidad emitió 185 sanciones a ese tipo de funcionarios, contando 36 destituciones y 106 suspensiones. El debate ha llegado a un nivel en el que los mismos juristas están divididos. Mientras Cancino sostiene que la Procuraduría debe “mantener la función”, el abogado Francisco Bernate considera que Eljach debe aplicar la “convención Americana de Derechos Humanos y abstenerse de sancionar a funcionarios de elección popular”.
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Entre otros retos, Hernando Herrera considera prioritario fortalecer la tarea preventiva de la Procuraduría en el marco de la lucha contra la corrupción, así como apoyar la tarea conciliatoria que cumple la entidad para evitar conflictos entre particulares y el Estado, como en el caso pasaportes. Roa Salguero, asimismo, puntualiza en que Eljach debería tomar decisiones para recuperar “la confianza, la legitimidad y la credibilidad de la ciudadanía con las decisiones disciplinarias que profiere la entidad”. Todas las fuentes, por otro lado, consideran necesario eliminar la figura del procurador judicial de los procesos penales, que significa un cargo burocrático enorme para la entidad. Así las cosas, apenas inicia el periodo Gregorio Eljach en la Procuraduría y ya tiene deudas pesadas que saldar.
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Por Jhoan Sebastian Cote
