Los siete problemas estructurales de las cárceles colombianas, según organizaciones sociales

La resocialización, el hacinamiento, la alimentación, la salud, el acceso a la justicia, los servicios públicos y los tratos crueles e inhumanos siguen siendo graves problemas en las cárceles del país. Así lo aseguran siete organizaciones de la sociedad civil que conforman la Comisión de Seguimiento a la sentencia T-388 de 2013, un grupo de académicos que le envían informes periódicos a la Corte Constitucional sobre el estado de la política criminal y las violaciones de derechos humanos que se viven en los centros de reclusión. El último de esos informes lo acaban de publicar y ofrece una mirada a la crisis humanitaria que se vive allí.

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Dejusticia, el Centro de Política Criminal de la U. Externado, el Colectivo Abolicionista contra el Castigo, la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes), el Equipo Jurídico Pueblos y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos conforman esta comisión y, año a año, tienen la tarea de elaborar informes similares. Su trabajo, además, contrasta la información que debe enviar también el Gobierno a la Corte, en cumplimiento de la sentencia de 2013 que declaró que en las cárceles hay un Estado de Cosas Inconstitucionales. Es decir, una constante y sistemática violación de derechos humanos.

Precisamente en virtud de ese contraste a la información oficial, investigadores de la Comisión visitaron nueve cárceles entre noviembre y diciembre de 2019 para conocer de primera mano las condiciones de los más de 140.000 internos que había para ese momento en el país. “La gira consistió en la realización de grupos focales que abordaron uno o dos problemas centrales que fueron identificados para cada establecimiento con base en las sentencias o en problemáticas reportadas”, le explican a la Corte en el informe. Con la salvedad, además, de que “el número de personas consultadas (149) no permite hacer inferencias generales para toda la población reclusa del país”.

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Sin embargo, encontraron siete grados en los que se siguen vulnerando derechos fundamentales, con alguna constancia, en diferentes penales. Y los plasmaron en el informe de 70 páginas así:

Resocialización

Uno de los problemas que reportaron los reclusos fueron las fallas en la progresividad del tratamiento penitenciario. Según la ley una persona que entre a una cárcel de máxima seguridad por su peligrosidad puede ir bajando de fase a mediana y luego a baja, si atiende a programas de resocialización, como, por ejemplo, estudiar una carrera. Esto les permite conseguir beneficios como la prisión domiciliaria. Pero la realidad es otra, pues la Comisión asegura que hay errores administrativos y “corroboró con las personas consultadas que en muchos casos no reciben información adecuada sobre sus derechos sobre cómo funcionan las fases del tratamiento”.

Otra de las cosas que pueden hacer los internos para resocializarse es trabajar, pero la Comisión asegura que no hay suficientes cupos para todos los “el acceso al trabajo es un privilegio y no un medio para desincentivar la reincidencia y promover la generación de capacidades productivas como preparación para la libertad”. Para los investigadores, entonces, “estos problemas de acceso constituyen una afectación del derecho a la resocialización y a la libertad persona, dado que estos obstáculos contrarían el fin resocializador de la pena e impiden que haya redención de la pena conforme a la legislación”.

Hacinamiento e infraestructura

El problema eterno del hacinamiento en las cárceles también quedó plasmado en el informe. “Mientras que muchas de las personas consultadas reportaron dormir en celdas (en cama o en planchón, aunque algunas reportaron dormir en el suelo de las celdas), también señalaron que varias personas de cada patio duermen en el piso, en el pasillo e incluso en los baños. También informaron que algunos duermen en hamacas colgadas en los corredores o en catres dispuestos en el espacio del patio mismo. Así, uno de los efectos más graves que describió la población privada de la libertad consultada fue la existencia de conflictos por el espacio en el suelo donde dormir, pues las personas que duermen en corredores (descrito como “en carretera”) tienen que apiñarse o son pisadas por otras personas”, reza el informe.

A su vez, hay casos preocupantes, como el de la cárcel Pedregal, en Medellín, donde “la Comisión tuvo la posibilidad de constatar la existencia de patios comunitarios en el EC Pedregal, que consisten en áreas comunes con camarotes y cambuches, sin ningún tipo de privacidad, ni lugares para consumir sus alimentos o desarrollar actividades culturales o deportivas. La población reclusa permanece encerrada la mayor parte del tiempo en estos espacios, en situación de hacinamiento y condiciones de infraestructura oprobiosas”.

Alimentación

En todos los centros de reclusión que visitó la Comisión, los internos reportaron que la comida que reciben era de mala calidad. Además, “que la población carcelaria tiene un poco acceso a otras fuentes de alimentos, ya que en algunos establecimientos no se cuentan con expendios distintos a los del centro de reclusión, pues en estos no se ofrecen productos que puedan reforzar la dieta de las personas privadas de la libertad”. En la cárcel de Valledupar, incluso, les dijeron a los investigadores: “Nos hemos tenido que acostar sin alimentación en el último mes”. Los reclusos apuntaron a que también hay problemas de infraestructura en las cocinas mismas de las cárceles que impiden la higiene en estos espacios.

Salud

Los internos le contaron a los investigadores todos los problemas que tienen para acceder a una cita médica y “la Comisión corroboró que existe una alta demanda de servicios de salud y a su vez pocos médicos que puedan atenderlas, dificultades de carácter administrativo y burocrático y en general un sistema de salud deficiente que deriva en demoras excesivas”. Por ejemplo, un interno de La Modelo, en Bogotá, contó: “sea lo que sea es un problema para que nos den una cita, en cuanto al sistema de salud tan malo que es, digámoslo así de esa forma, cuando nos dan una cita, cuando nos van a sacar da la casualidad de que el INPEC dice que no tiene personas pa sacarnos, se pierde la gestión de un mes, de 20 días, de dos meses”.

Y la situación es peor para personas que, de por sí, padecen enfermedades terminales o de alta complejidad. Las fallas en el servicio son tan profundas, que en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, por ejemplo, una mujer le contó a la Comisión “cómo le fue realizada una operación en un centro de salud que no cumplía las condiciones adecuadas, la cual, por una mala praxis, generó a su vez complicaciones graves en su colon. Posteriormente, el establecimiento no brindó los debidos cuidados posteriores, y aunque la mujer reporta que es posible que reciba un traslado sancionatorio, ha intentado solicitar protección a su derecho a la salud por diferentes vías institucionales”.

Incluso, en las cárceles hay presencia de enfermedades como el VIH-SIDA que, según la Comisión, no son atendidas apropiadamente. Y ni hablar de la atención psicológica o los servicios de salud específicos para las mujeres. En Cúcuta, Medellín y Bogotá, las reclusas dejaron constancia de las dificultades que afrontan. “Hace 15 días me vio la ginecóloga y dejó el reporte que por favor me sacaran con urgencia que mi enfermedad estaba muy avanzada y podía estar propensa a un cáncer. Tengo ovarios poliquísteros. Ella explicó que tengo una piedra que está que me rompe el ovario derecho, entonces hasta ahora nadie ha hecho nada”, denunció, por ejemplo, una interna de Pedregal.

Acceso a la justicia

En Popayán, por ejemplo, la Comisión reseñó que los internos aseguraron que “no reciben asesoría por parte de las oficinas jurídicas, no tienen acceso directo a ella y cuando envían una solicitud no les dan confirmación de recibido y una respuesta a sus derechos de petición. Por ello, manifestaron que tratan de resolver este inconveniente pidiendo el favor a sus familiares para poder radicar algún documento, pero muchos de ellos no tienen visita”. Además, los expertos recibieron innumerables quejas de internos sobre la labor de los jueces de ejecución de penas. En teoría, estos funcionarios que vigilan sus sentencias, deberían visitarlos periódicamente. Pero esto no estaría ocurriendo.

Servicios públicos

Los internos no tienen acceso a agua de manera permanente en la mayoría de las cárceles, “sino que se cuentan con horarios estrictos para que las personas privadas de la libertad puedan recoger agua para sus necesidades”. Y la Comisión agrega: “El problema aumenta cuando el racionamiento de agua se localiza en los establecimientos ubicados en lugares del territorio colombianos donde el clima es caliente, las personas privadas de la libertad manifiestan que por las condiciones climáticas deberían tener más horas de acceso al agua ya que con ella podrían tomar baños cortos para refrescarse, permitiéndoles tener una calidad de vida digna”.

Tortura y tratos crueles

En todos los centros de reclusión que visitó la Comisión, los internos, hombre y mujeres, reportaron haber presenciado o sido víctimas de uso abusivo de la fuerza por parte de funcionarios del Inpec. Asimismo, el informe asegura que “el personal de guardia de los establecimientos utiliza armamento de letalidad reducida en momentos en los que no se presentan disturbios generalizados que justifiquen su uso, o incluso en espacios que magnifican el impacto de estas armas (por ejemplo, el uso de gas lacrimógeno en espacios cerrados, como celdas o corredores en los pabellones, o el disparo de munición de goma al rostro o directamente al cuerpo de personas, entre otras)”.

Además, varias mujeres reportaron excesos en las requisas corporales que les hacen: “11 de las 12 mujeres que registraron los formatos de la Comisión en el COJAM Jamundí reportaron haber sufrido o haber atestiguado inspecciones corporales intrusivas, mientras que 7 de ellas reportaron actos de destrucción de sus elementos personales durante los procedimientos de requisa de su celda. En el EC Pedregal, 5 de las 12 mujeres consultadas reportaron haber conocido o sufrido situaciones de abuso durante los procedimientos de inspección corporal y la destrucción de sus pertenencias personales”, dice el informe.

Pero tampoco hay herramientas para que los internos denuncien estos abusos. “Para la Comisión, la falta de mecanismos efectivos para recibir estas denuncias de manera independiente al Inpec y la falta de investigaciones penales o disciplinarias efectivas en casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes constituye uno de los problemas centrales para garantizar la dignidad humana en los centros de reclusión del país. Esto se agrava si se tiene en cuenta que, por las condiciones de la reclusión, las personas víctima de estos hechos pueden no denunciar por miedo a represalias o amenazas, con lo cual están desprotegidas frente a la victimización y carecen de una garantía real de sus derechos”, añaden los expertos.