Los superpoderes del procurador, al banquillo

El procurador Alejandro Ordóñez. / Óscar Pérez

Cuando las fórmulas políticas no encuentran consenso, las jurídicas terminan por imponerse. En este país de abogados, como decía Bolívar, ahora mismo el destituido alcalde Bogotá Gustavo Petro hace política desde el Palacio Liévano y convoca una cruzada de indignados; el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez se sacan los cueros mientras citan códigos e incisos; el Gobierno teme que el fallo contra Petro redunde en la paz que se discute en La Habana y, entre tanto, espontáneos promueven ‘desnudatones’ mientras los petristas convocan una ‘tutelatón’ para que su protesta se traslade de la Plaza de Bolívar a los expedientes judiciales.

No es novedoso el debate sobre los superpoderes del procurador. En 2006 la Corte Constitucional, con ponencia del hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra, sostuvo que el jefe del Ministerio Público sí puede destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. En aquel entonces Edgardo Maya ostentaba dicho cargo y nadie dijo ni mu cuando la Corte saldó la discusión. Hoy, el efecto Petro tiene al país haciendo cuentas sobre la urgencia de ponerle un tatequieto a Alejandro Ordóñez y, de nuevo, será la justicia la que ponga el orden.

El pasado 20 de noviembre, casi tres semanas antes del controvertido fallo que le impuso una inhabilidad de 15 años a Petro, la Corte Constitucional aceptó una nueva demanda contra la posibilidad de que el procurador pueda restringir los derechos políticos de los funcionarios que sanciona. El ciudadano Nixon Torres demandó esta facultad asegurando que viola la Constitución, pues el procurador sólo puede remover a funcionarios de sus cargos, pero no acabar de tajo con sus carreras políticas. Insistió en su demanda que el Código Disciplinario que le da las facultades al procurador se extralimitó al darle poder de inhabilitar.

Un tema ya aparentemente resuelto. En 2006 la Corte sostuvo que “resulta innegable que la inhabilidad constituye una de las más poderosas herramientas con las que cuenta el derecho para luchar contra aquellos que infringen los postulados que guían el ejercicio de la función pública”. En palabras castizas, lo que en 2006 para el país político era un instrumento para luchar contra la mano larga de los corruptos, hoy tiene polarizada a Colombia, en jaque al Gobierno, alborotada a una plaza pública y al procurador bajo sospecha. Esta semana el fiscal se despachó diciendo que el modelo de justicia de la Procuraduría era “medieval”. Al país le quedó claro que le mostró los dientes al superpoderoso Ordóñez.

En contraste, siete años atrás el entonces fiscal Mario Iguarán, cuando intervino ante la Corte Constitucional, defendió con ahínco las facultades del procurador y advirtió: “Son necesarias para la efectividad y el desarrollo de los derechos políticos y la democracia”. Una muestra más de que en el derecho no hay última palabra y que lo que en otros tiempos resultó exaltado hoy es caldo de teorías jurídicas sobre excesos que antes tuvieron bendiciones constitucionales. Es más, ese año 2006 la Corte ya había precisado que lo que hoy alega el alcalde Petro —que el procurador es una autoridad administrativa y no juez penal y que, en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no puede cercenar sus derechos políticos— no tiene asidero.

En ese momento expuso que el artículo 23 de la convención, que señala que a una persona se le pueden limitar sus derechos políticos sólo mediante “condena por juez competente, en proceso penal”, no significaba que Colombia no pudiera establecer sanciones propias. Sostuvo la Corte que “la limitación que conoce el derecho político de acceso a cargos públicos (...) no resulta desproporcionada o irrazonable, por cuanto busca la obtención de fines constitucionalmente válidos, en especial la salvaguarda de la moralidad pública”.

A pesar de este antecedente, y de otros más —el más reciente: el ‘no’ de la Corte a la tutela de la exsenadora Piedad Córdoba, destituida e inhabilitada por 18 años por Alejandro Ordóñez—, el alto tribunal aceptó estudiar una nueva demanda que, en medio de esta coyuntura política de cruzadas acusaciones y encendidas controversias que ni el presidente Santos ha podido amainar, podría cambiar lo que decenas de demandas no han logrado en los últimos tiempos: resquebrajar lo que antes era la panacea y hoy es sinónimo de omnipotencia del jefe del Ministerio Público. La demanda de Nixon Torres insiste en asuntos ya resueltos, pero el magistrado de la Corte Mauricio González, quien estudia el caso, consideró que el debate aún no está cerrado.

Aunque la cara de la controversia la encarna Alejandro Ordóñez, la discusión sobre los superpoderes del procurador va mucho más allá de los excesos denunciados por los afectados con sus fallos —desde Bernardo Moreno y Andrés Felipe Arias, hasta Piedad Córdoba y Gustavo Petro—. Expertos advirtieron que hoy la galería pide sangre, pero que si a Ordóñez se le quita su facultad de inhabilitar, inmediatamente recuperarían sus derechos políticos no sólo Petro y Córdoba, sino también el exministro Fernando Londoño, el propio exministro Arias, los exjefes de la Dirección de Estupefacientes, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, y los parapolíticos a los que les ha metido la mano.

Con otra particularidad: si la Corte acepta que sólo un juez penal puede arrebatarle los derechos políticos a un funcionario, la figura de la pérdida de investidura con la que el Consejo de Estado ha puesto en cintura a los congresistas, sería letra muerta. Son esos los escenarios riesgosos de modificar las competencias del procurador en estos momentos de calentura política. En la otra orilla se sostiene a pie juntillas que Ordóñez es un hombre desbocado, que imparte justicia con un crucifijo en la mano y el Código Disciplinario en la otra, y que tiene una agenda política que busca acabar con sus potenciales rivales a la Presidencia en 2018. No obstante, a pesar de la polémica, el procurador ha sabido sortear los señalamientos en su contra.

Hoy la consigna parece ser: Ordóñez tiene mucho poder y es un peligro para la democracia. Lo dice Petro, mientras arenga en la plaza pública; lo sugiere el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, al recordar esta semana que en los años 90 el entonces procurador Orlando Vásquez Velásquez terminó preso por el Proceso 8.000; y lo advierte el mismo fiscal, que no ahorró epítetos para referirse en abstracto a Ordóñez, a quien, además, le tiene 22 investigaciones preliminares. La última garrotera entre estas dos entidades se vivió por la aparente negativa de la Procuraduría de entregarle al ente investigador el fallo de 484 páginas en el que concluyó que la improvisación de Petro provocó el caos de las basuras de hace un año.

El procurador dijo esta semana que no rehuiría al debate sobre sus facultades. No obstante, el nuevo fallo de la Corte sobre la demanda de Nixon Torres puede tardarse hasta mediados del próximo año. Petro no tiene todo ese tiempo. Se espera que en enero de 2014 Ordóñez dicte un veredicto inapelable sobre la suerte del alcalde. Petro demandó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Ordóñez por persecución política y pidió medidas cautelares. Es muy poco probable que le sean otorgadas o que una tutela suspenda los efectos del fallo. Pero en este país de abogados todo es posible. El próximo 18 de diciembre el alcalde tiene cita en Washington ante la CIDH y ya pidió permiso para ir. Su cruzada continúa. Tras bambalinas, qué duda queda, hay un debate de coyunturas políticas que va a terminar resolviendo el derecho.

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@jdlaverde9