Los términos judiciales deben reanudarse: fiscal general

El pasado 7 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura anunció otra suspensión de términos que irá hasta el 24 de mayo. Desde que arrancó esta medida en la rama judicial, se han presentado peticiones de libertad por vencimiento de términos en polémicos procesos. Por ejemplo, el 27 de abril, la abogada de Juan Guillermo Valderrama, el feminicida de la chilena Ilse Ojeda, pidió en una audiencia la liberación del hombre por vencimiento de términos, sin embargo, liberarlo a pocos días de conocer el preacuerdo con la Fiscalía no fue una opción para un juez de Bucaramanga. Por otro lado, en medio de la pandemia, la familia Ambuila obtuvo su libertad al determinar un juez que los términos habían vencido.

(En contexto: Judicatura amplía suspensión de términos judiciales hasta el 24 de mayo)

Las disparidades en la interpretación y aplicación de la suspensión de términos que, además, tienen represados otros procesos, dieron pie para que el fiscal general, Francisco Barbosa, pidiera que se reanudarán los términos en medio del debate en la Comisión Primera del Senado. Según el fiscal, “en algunos casos, los jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos. En otros simplemente han corrido los términos incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia”.

De acuerdo con Barbosa, no tener claridad en los términos está permitiendo que la oportunidad de obtener la libertad por delitos graves, como corrupción, sea más recurrente. “No es serio para el país que en algunos casos haya suspensión de términos y en otros no (…) los términos que siguen corriendo y eso se aprovecha para solicitar liberaciones por vencimiento”, señaló el funcionario.

Asimismo, explicó que las implicaciones de prolongar esta medida han afectado el funcionamiento de la Fiscalía, la cual, en palabras del fiscal han “solicitado audiencias para adelantar los procesos y no nos la reciben por las restricciones que tiene la Fiscalía”. La senadora conservadora Esperanza Andrade, quién convocó el debate en torno a la reforma a la justicia, le dio la razón al fiscal y le pidió al Consejo Superior de la Judicatura reanudar los términos.

De acuerdo con el fiscal, “el levantamiento de términos que permita el funcionamiento en un 100% de la justicia, no significa que los funcionarios no sigan cumpliendo sus funciones en casa”. Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Diana Remolina, dijo que se están evaluando las medidas que empezarán a regir el próximo 25 de mayo. En las consideraciones que evaluará la Judicatura estará el manejo de la justicia en los municipios sin COVID-19 y cómo garantizar la seguridad el regreso a las sedes judiciales.

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La ministra de Justicia, Margarita Cabello, mencionó que la pandemia ha representado retos para el sector jurídico que han forzado a implementar medidas de choque. Asimismo, dijo que durante la pandemia “la preferencia no es el derecho de tutela judicial efectiva sino a los derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana y la vida”. No obstante, desde el gobierno se ha intentado aliviar esa tención.

La funcionaria también señaló que la pandemia ha llegado en un momento de crisis estructural de la justicia: “Estamos en un momento de mala imagen de la justicia en el país. Se hablan de corrupción, descredito, hablan de que no estamos en situaciones adecuadas”, precisó Cabello. Asimismo, dijo que esa cartera ha sido propositiva ante el Consejo Superior de la Judicatura apoyando la suspensión de términos.

A pesar de la suspensión exceptuando los procesos imprescindibles, la magistrada Diana Remolina confirmó que ya se han tramitado 54.000 tutelas y 1.435 habeas corpus. Asimismo, una de las preocupaciones en medio de la pandemia ha sido la respuesta que haga posible el descongestionamiento de las cárceles, ante esto la funcionaria anunció que se han adelantado 27.000 audiencias de control de garantías y 22.500 tramites de ejecución de penas han sido respondidos. Asimismo, se ha trabajado en 5.500 solicitud de prisión domiciliaria transitoria.

El pasado 7 de mayo, el Consejo Superior de la Judicatura anunció otra suspensión de términos que irá hasta el 24 de mayo. Desde que arrancó esta medida en la rama judicial, se han presentado peticiones de libertad por vencimiento de términos en polémicos procesos. Por ejemplo, el 27 de abril, la abogada de Juan Guillermo Valderrama, el feminicida de la chilena Ilse Ojeda, pidió en una audiencia la liberación del hombre por vencimiento de términos, sin embargo, liberarlo a pocos días de conocer el preacuerdo con la Fiscalía no fue una opción para un juez de Bucaramanga. Por otro lado, en medio de la pandemia, la familia Ambuila obtuvo su libertad al determinar un juez que los términos habían vencido.

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Las disparidades en la interpretación y aplicación de la suspensión de términos que, además, tienen represados otros procesos, dieron pie para que el fiscal general, Francisco Barbosa, pidiera que se reanudarán los términos en medio del debate en la Comisión Primera del Senado. Según el fiscal, “en algunos casos, los jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos. En otros simplemente han corrido los términos incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia”.

De acuerdo con Barbosa, no tener claridad en los términos está permitiendo que la oportunidad de obtener la libertad por delitos graves, como corrupción, sea más recurrente. “No es serio para el país que en algunos casos haya suspensión de términos y en otros no (…) los términos que siguen corriendo y eso se aprovecha para solicitar liberaciones por vencimiento”, señaló el funcionario.

Asimismo, explicó que las implicaciones de prolongar esta medida han afectado el funcionamiento de la Fiscalía, la cual, en palabras del fiscal han “solicitado audiencias para adelantar los procesos y no nos la reciben por las restricciones que tiene la Fiscalía”. La senadora conservadora Esperanza Andrade, quién convocó el debate en torno a la reforma a la justicia, le dio la razón al fiscal y le pidió al Consejo Superior de la Judicatura reanudar los términos.

De acuerdo con el fiscal, “el levantamiento de términos que permita el funcionamiento en un 100% de la justicia, no significa que los funcionarios no sigan cumpliendo sus funciones en casa”. Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la magistrada Diana Remolina, dijo que se están evaluando las medidas que empezarán a regir el próximo 25 de mayo. En las consideraciones que evaluará la Judicatura estará el manejo de la justicia en los municipios sin COVID-19 y cómo garantizar la seguridad el regreso a las sedes judiciales.

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La ministra de Justicia, Margarita Cabello, mencionó que la pandemia ha representado retos para el sector jurídico que han forzado a implementar medidas de choque. Asimismo, dijo que durante la pandemia “la preferencia no es el derecho de tutela judicial efectiva sino a los derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana y la vida”. No obstante, desde el gobierno se ha intentado aliviar esa tención.

La funcionaria también señaló que la pandemia ha llegado en un momento de crisis estructural de la justicia: “Estamos en un momento de mala imagen de la justicia en el país. Se hablan de corrupción, descredito, hablan de que no estamos en situaciones adecuadas”, precisó Cabello. Asimismo, dijo que esa cartera ha sido propositiva ante el Consejo Superior de la Judicatura apoyando la suspensión de términos.

A pesar de la suspensión exceptuando los procesos imprescindibles, la magistrada Diana Remolina confirmó que ya se han tramitado 54.000 tutelas y 1.435 habeas corpus. Asimismo, una de las preocupaciones en medio de la pandemia ha sido la respuesta que haga posible el descongestionamiento de las cárceles, ante esto la funcionaria anunció que se han adelantado 27.000 audiencias de control de garantías y 22.500 tramites de ejecución de penas han sido respondidos. Asimismo, se ha trabajado en 5.500 solicitud de prisión domiciliaria transitoria.