Una explosiva declaración de 21 páginas, entregada el pasado mes de abril a una fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, empieza a sembrar pistas en las autoridades sobre cómo el clan de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela extraditados a los Estados Unidos hace más de tres años, a través de terceros, limpió su millonaria fortuna ilícita y durante la última década creó una sofisticada red de testaferros en varias ciudades del país que les permitió seguir usufructuando jugosos dividendos de bienes inmuebles adquiridos con dineros de la mafia.
El protagonista de estas detalladas revelaciones a la justicia es Gustavo Hernán Romy Verges, un ex contador de los Rodríguez que desde agosto de 2007 reside en el extranjero y que se ha convertido en testigo estelar de la Fiscalía dentro del radicado número 3.378, en el que se investigan los testaferros de los Rodríguez y los negocios que han seguido en marcha en cabeza de sus hijos, familiares o amigos. Romy, un contador público de 47 años que en 1997 empezó a trabajar como administrador inmobiliario de la familia Rodríguez Orejuela, le contó a la Fiscalía, con documentos que ya entregó a la DEA, que la organización contaba con no menos de 75 testaferros.
Precisamente en momentos en que existe una fuerte confrontación entre Fernando Rodríguez Mondragón (hijo mayor de Gilberto) y sus hermanos por episodios relacionados con disputas en la familia, El Espectador conoció la declaración del contador Romy, que deja muy mal parado al círculo íntimo de los hermanos Rodríguez Orejuela y donde menciona en particular a Humberto, Jaime y Alexandra Rodríguez.
Romy contó que en el año de 1997 fue contratado para inventariar, organizar y presentar un informe de varias sociedades de los Rodríguez, como Atlas, Cosmovalle, Inversiones Rodríguez Ramírez, Inversiones Mondragón, Inversiones ABC, Inversiete e Interamericana de Construcciones.
Posteriormente Alexandra Rodríguez le ofreció trabajar con la familia “para continuar la labor de arrendar los inmuebles, venderlos y administrarlos por intermedio de las Inmobiliarias Geneca Ltda. e Imtasa”. Según él, lo pusieron como socio de una de esas firmas y cuatro meses más tarde “Alexandra me ofrece administrar inmuebles a nombre de terceros o testaferros“, relató el testigo.
Hacia finales de 1998, Romy se dedicó de lleno al negocio. “Los bienes administrados por la inmobiliaria Casa Muebles pasan a ser administrados por mí, porque en esa época empezaron las incautaciones y había temor porque si le caían a la inmobiliaria se descubrían los bienes de los testaferros”.
Romy recibió el manejo de 120 inmuebles de los Rodríguez, los relacionó en una base de datos detallando su estado comercial, y con Alexandra difinieron un sistema de códigos para identificarlos: X para todos los inmuebles de Gilberto Rodríguez y X2 para los inmuebles de propiedad conjunta de Gilberto y Miguel Rodríguez. Según Romy, Alexandra le solicitó que coordinara con los abogados para que los bienes tuvieran una escritura abierta de cada uno de los testaferros. “Se definió presentar un informe mensual de contabilidad para determinar las utilidades. Eso operó durante 9 años”, dijo.
Algunos de los testaferros, explicó, eran familiares de los Rodríguez que ocupaban inmuebles sin pagar renta, y agregó que los inmuebles los recibió por orden de Alexandra, Humberto o Jaime Rodríguez y que los testaferros de estos nuevos bienes eran conseguidos por ellos “y se les pagaba una comisión del 7% del valor con que se escrituraba el bien”.
También indicó que cuando había una “venta real” el encargado de la operación era Humberto, y que en los casos en los que se suscribieran contratos de arrendamiento con personas jurídicas, las empresas depositaban el valor del canon en una cuenta de ahorros a nombre de los testaferros que manejaba Romy a través de una tarjeta débito.
“Hay documentos de entrega de esos dineros a Alexandra y Humberto, hay recibos firmados por ellos o sus secretarias”, confesó el testigo, que ya le dio esa información, con todos los soportes, a agentes de la DEA. De igual manera, contó que las utilidades de los inmuebles de los Rodríguez no se les entregaba, sino que se invertían en otros bienes, y que esas relaciones de ingresos y egresos eran llevadas por él en informes que tiene en medio escrito y magnético que también entregó a la justicia de Estados Unidos. Romy manifestó que desde hacía mucho tiempo le había pedido a Alexandra que lo dejara retirarse del negocio, pero ella no lo permitió.
Hasta el 13 de agosto de 2007 trabajó con los Rodríguez, al día siguiente viajó al extranjero y hoy es testigo protegido de la DEA. “Ver las oportunidades que la familia Rodríguez tuvo para evitar este tipo de actividades ilegales y lo continuaron haciendo”. Por último, Romy mencionó direcciones de bienes, un largo listado de testaferros y empresas relacionadas con el clan de los Rodríguez. El Espectador se abstiene de publicar los nombres para no afectar la investigación de la Fiscalía.
Un miembro cercano de la familia, consultado por este diario, señaló que el contador Gustavo Hernán Romy les ayudó cuando tenían las sociedades que fueron entregadas a la Fiscalía; que trabajaba con una inmobiliaria y que colaboró elaborando un programa de computador en cuanto al pago de impuestos y arrendamientos de los bienes. “No sé por qué denuncia eso o si le ofrecieron beneficios para que denunciara. Él de un momento a otro desapareció y no volvimos a saber de él hasta ahora”, puntualizó.
Por Redacción Judicial
