A comienzos de mayo, Nancy Yaneth Gómez, coordinadora del programa nutricional de Yarumal (Antioquia), recibió una sorpresiva llamada. Una voz anónima le informó que Luis Carlos Londoño Uribe, farmaceuta del municipio, estaba comprando bienestarina para enviarla a su finca, ubicada a pocos kilómetros de Yarumal. En razón de que se trataba de un producto para alimentar a niños pobres, la coordinadora Gómez envió un señuelo a la finca de Londoño. El supuesto comprador ofreció adquirir varios kilos del producto, ante lo cual el mismo Londoño le aseguró que tenía gran cantidad almacenada y lo citó para la semana siguiente.
Con la certeza de que allí se vendía el producto, el señuelo informó a la coordinadora nutricional, quien junto con otros funcionarios y policías regresó a la finca al día siguiente. La escena no podía ser más patética: en los criaderos de cerdos había varios bultos con 400 kilos de bienestarina. “Eran muchos chanchitos, rosados, monos y de buen tamaño, que se relamían con el producto”, comentó uno de los asistentes. El producto fue revisado y se encontró que 397 kilos estaban vencidos y los tres restantes servían, por lo que fue decomisado.
Luego de varias pruebas de laboratorio y de entrevistar a trabajadores de la finca y personas que manejaban el alimento, se comprobó que la bienestarina era del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual maneja los programas de complementación alimentaria para la niñez en más de mil municipios del país. Aunque Londoño era el gestor del negocio, las autoridades siguieron jalando la pita e identificaron los eslabones de una cadena que se lucraba comerciando la bienestarina para alimentar cerdos y luego venderlos localmente, para consumir en las tradicionales ‘marranadas’ o como insumo básico de la bandeja paisa.
Otro eslabón apareció por la propia distribuidora del producto. Allí surgió el nombre de Mábel Trujillo Barrientos, encargada de canalizar la entrega de la bienestarina a través de 19 personas. Por eso, en mayo de 2009 empezaron las visitas a las bodegas de almacenaje y a las casas de las personas encargadas de entregarla. De nuevo, el resultado fue desconcertante. En la casa de Luz Inés Pineda Vélez se detectaron 11 kilos del producto. En parte había sido abierto o consumido por los roedores y, como si fuera poco, en las planillas ya había sido certificada su entrega a los centros del ICBF.
En la casa de María del Rosario Roldán, otra distribuidora, la escena se repitió. Se hallaron 1.800 unidades de bienestarina, aunque la auditoría a la planilla de control reportó que sólo faltaban por entregarse 582 unidades. A Reina Cecilia Valencia le encontraron 768 bultos, pero su planilla indicaba que sólo faltaban por entregarse 310 a cinco niños. En la casa de Celene Astrid Zapata, las cuentas reflejaron una diferencia de 408 unidades. El modus operandi quedó claro: la bienestarina se recibía y se entregaba a los distribuidores, pero en las planillas se dejaban espacios en blanco y no se especificaba con claridad la cantidad entregada.
Entre tanto, desde meses atrás, las familias se quejaban y denunciaban, sin ser escuchadas, por las anomalías en la distribución, pues recibían menos de lo asignado. No sabían qué pasaba, porque las hacían firmar dos planillas diferentes o en otros casos no les entregaban el producto en buen estado. Un estudio grafológico probó que en algunas ocasiones se falsificaron firmas de recibido. Pero no fue la primera vez que en Yarumal y en otras partes del país se encontraron deprimentes escenas con el manejo del alimento de los niños pobres, desnutridos o los adultos mayores en estado de indefensión.
En 2007 se conoció que en Chocó, donde han fallecido varios niños por desnutrición, el producto se vendía para alimentar cerdos. En 2008, las Fuerzas Militares encontraron sacos de bienestarian en un campamento de las Farc. Este año, en Chocó se halló bienestarina vencida, en Neiva, se reportaron niños enfermos de consumirla en mal estado y en Atlántico se denunció que el producto estaba siendo vendido. En Yarumal, Carlos Eduardo Peñaloza Medrano, técnico del área de salud, ya había detectado que el asunto se había vuelto prácticamente incontrolable.
El 13 de febrero de este año, Peñalosa decomisó 50 bultos y posteriormente encontró otros en mal estado. El 26 de ese mes, en el colegio Rosendo Torres, descubrió 85 bultos vencidos. A la semana siguiente los roedores rompieron 19 bultos. En el restaurante escolar Llanos de Cuiva, otros 23 kilos no fueron consumidos y se vencieron. El 6 de mayo se decomisaron en la bodega 75 kilos dañados por los roedores. El mayo gris terminó con otro decomiso de 11 kilos de bienestarina en la caseta comunal, utilizada como bodega, y con la certeza de que el alimento era utilizado para alimentar cerdos.
Como si fuera poco, se encontró con que los funcionarios encargados tampoco cumplieron cabalmente los procesos para manejar el producto en descomposición. Así lo certificó el propio gerente de la compañía Aguas del Norte S.A. Sin embargo, en Yarumal, muchos habitantes sabían que el sitio de negocios para conseguir cerdos bien alimentados y a precios razonables era la droguería La Reina, otro lugar habitual de trabajo del farmaceuta Londoño.
La interventoría contratada para revisar el inventario en la bodega principal de Yarumal también encontró lo suyo. En cuatro visitas que efectuó entre el 7 de noviembre de 2008 y el 11 de mayo de 2009, ratificó 1.825 kilos en mala condición de asepsia, 475 kilos perforados por roedores, 370 kilos en buen estado, otros 50 kilos contaminados y un faltante de 40 bultos. Sin embargo en Yarumal, situado a sólo 123 kilómetros de Medellín, el tema es visto como una desgracia. Un 85% de sus cerca de 40 mil habitantes viven en niveles de pobreza y miseria, y consideran un pecado que la bienestarina que entrega el Estado se pierda o se trafique para alimentar cerdos.
¿Y las autoridades?, se preguntan todos. Emilio Rodríguez Guzmán, coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no conocía lo que estaba pasando, aunque su función es mantener actualizados los sistemas de información y control del producto. De Guillermo García Gaviria, director del ICBF en Antioquia, se sabe que debía haber realizado los controles adecuados al Programa de Complementación Alimentaria promovido por la entidad. Pero los resultados evidencian que el asunto falló.
La directora del ICBF, Elvira Forero, despacha desde Bogotá, muy lejos de Yarumal. ¿Y el alcalde del municipio antioqueño, Carlos Guillermo Atehortúa? Se le acusa de no informar del procedimiento para dar de baja 69 bultos de bienestarina. También de que la bodega que asignó para depositar el producto es el comedor de los roedores o que con frecuencia es hurtado y luego aparece en el hocico de los cerdos. Mientras los niños pasan hambre y las madres reclaman, se afirma que se perdieron al menos 1.900 kilos de bienestarina.
Son 11 personas —entre el farmaceuta, los distribuidores, funcionarios del ICBF y un alcalde— las que por primera vez en la historia deberán responder ante la justicia por el robo de bienestarina. De por medio están delitos como peculado, abuso de confianza, receptación ilícita, explotación comercial, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. La audiencia para formalizar su juicio es hoy en el Palacio Municipal de Yarumal, donde se encontrarán un grupo de humildes madres, que no entienden cómo se pierde la comida que el Estado les entrega a sus hijos, con ciudadanos acusados de lucrarse con el alimento de los más pobres.