Los transexuales ya no tienen que penar por la libreta militar

El Tribunal Superior de Bogotá acabó con el suplicio en el que se había convertido para la comunidad LGBTI, puntualmente, para los transexuales la expedición de la libreta militar. Esa corporación le ordenó al Ejército que en un término no superior a un mes le entregue la libreta militar de reservista de segunda clase a Gina Hoyos Gallego, conocida legalmente como Hernando Hoyos Gallego. Esto de forma gratuita. De la misma forma conminó al Ministerio del Interior a “adelantar toda la gestión necesaria para que un ítem relacionado con el servicio militar obligatorio por parte de la población LGBTI sea tenido en cuenta en la formulación de la política pública para la garantía de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTI.

“Lo mismo cabe decir respecto de una política que permita el libre enrolamiento en las Fuerzas Armadas, por fuera de la obligación de prestar el servicio militar, por lo que será necesario que aúne esfuerzos con el Ministerio de Defensa (…) Dado que la formulación de la política pública se aspira a tenerla lista para diciembre de este año, mientras tanto el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Defensa habrán de desarrollar acciones afirmativas con miras a que la población no encuentre obstáculos con la definición y prestación del servicio militar obligatorio”. Ordena el tribunal en su fallo de 32 páginas, conocido por El Espectador.

El Tribunal sostuvo, entre otras, que las “sociedades contemporáneas presentan cambios sociales y culturales frente a los cuales deben corresponder transformaciones institucionales que tengan por meta desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de los ciudadanos (…) Entre las transformaciones incluyentes debe tenerse en cuenta tanto la capacitación a los funcionarios públicos, como la realización de campañas que contribuyan a un ambiente de tolerancia frente a una problemática que suele invisibilizarse. Ejemplo de este tipo de prácticas es la que adelanta la Secretaría de Planeación con la población LGBTI con el fin de que defina su situación militar”.

Y agregó “no hay ninguna razón jurídica suficiente para aceptar algún tipo de discriminación en razón de la identidad de género, la orientación sexual o la sexualidad personalmente asumidas. La población LGBTI es un grupo que ha sido objeto de discriminación y marginación. Y entre ellos las personas trans son las que menos posibilidad de goce efectivo de sus derechos fundamentales tienen. Además, como consecuencia de su identidad de género, han constituido objetivo militar de los grupos armados ilegales”. El Tribunal concluyó que la “ausencia de una normatividad específica, la falta de una consecuente política pública en la materia, el trato al que se ven sometidas estas personas, colocan en amenaza los derechos fundamentales de una población que se identifica como vulnerable, y de manera concreta, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana del accionante”.

En diálogo con este diario, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, defensor de los intereses de Gina Hoyos, sostuvo que “por fin la justicia comienza a entender lo relacionado con la identidad de género y diferenciarlo de la orientación sexual o diversidad sexual. Gina aunque nació anatómicamente hombre, tiene un proyecto de vida como mujer. La tutela reconoce la importante de un trato diferencial a las personas trans teniendo en cuenta que son una población vulnerable e históricamente excluida de la familia, la sociedad, el trabajo, el sistema educativo y con ese trato asegurar el derecho a la igualdad, que no es lo mismo que el igualitarismo. Un fallo justo y necesario como antecedente de muchas otras personas que como ella se encuentran en idénticas circunstancias”. La Corte ya definió un caso similar y cobijó los derechos de Grace Kely, una trans que sufría una situación similar a la de Hoyos.

El Tribunal Superior de Bogotá acabó con el suplicio en el que se había convertido para la comunidad LGBTI, puntualmente, para los transexuales la expedición de la libreta militar. Esa corporación le ordenó al Ejército que en un término no superior a un mes le entregue la libreta militar de reservista de segunda clase a Gina Hoyos Gallego, conocida legalmente como Hernando Hoyos Gallego. Esto de forma gratuita. De la misma forma conminó al Ministerio del Interior a “adelantar toda la gestión necesaria para que un ítem relacionado con el servicio militar obligatorio por parte de la población LGBTI sea tenido en cuenta en la formulación de la política pública para la garantía de los derechos de los miembros de la comunidad LGBTI.

“Lo mismo cabe decir respecto de una política que permita el libre enrolamiento en las Fuerzas Armadas, por fuera de la obligación de prestar el servicio militar, por lo que será necesario que aúne esfuerzos con el Ministerio de Defensa (…) Dado que la formulación de la política pública se aspira a tenerla lista para diciembre de este año, mientras tanto el Ministerio del Interior junto con el Ministerio de Defensa habrán de desarrollar acciones afirmativas con miras a que la población no encuentre obstáculos con la definición y prestación del servicio militar obligatorio”. Ordena el tribunal en su fallo de 32 páginas, conocido por El Espectador.

El Tribunal sostuvo, entre otras, que las “sociedades contemporáneas presentan cambios sociales y culturales frente a los cuales deben corresponder transformaciones institucionales que tengan por meta desarrollos más incluyentes de todas las opciones de vida de los ciudadanos (…) Entre las transformaciones incluyentes debe tenerse en cuenta tanto la capacitación a los funcionarios públicos, como la realización de campañas que contribuyan a un ambiente de tolerancia frente a una problemática que suele invisibilizarse. Ejemplo de este tipo de prácticas es la que adelanta la Secretaría de Planeación con la población LGBTI con el fin de que defina su situación militar”.

Y agregó “no hay ninguna razón jurídica suficiente para aceptar algún tipo de discriminación en razón de la identidad de género, la orientación sexual o la sexualidad personalmente asumidas. La población LGBTI es un grupo que ha sido objeto de discriminación y marginación. Y entre ellos las personas trans son las que menos posibilidad de goce efectivo de sus derechos fundamentales tienen. Además, como consecuencia de su identidad de género, han constituido objetivo militar de los grupos armados ilegales”. El Tribunal concluyó que la “ausencia de una normatividad específica, la falta de una consecuente política pública en la materia, el trato al que se ven sometidas estas personas, colocan en amenaza los derechos fundamentales de una población que se identifica como vulnerable, y de manera concreta, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana del accionante”.

En diálogo con este diario, el abogado Germán Humberto Rincón Perfetti, defensor de los intereses de Gina Hoyos, sostuvo que “por fin la justicia comienza a entender lo relacionado con la identidad de género y diferenciarlo de la orientación sexual o diversidad sexual. Gina aunque nació anatómicamente hombre, tiene un proyecto de vida como mujer. La tutela reconoce la importante de un trato diferencial a las personas trans teniendo en cuenta que son una población vulnerable e históricamente excluida de la familia, la sociedad, el trabajo, el sistema educativo y con ese trato asegurar el derecho a la igualdad, que no es lo mismo que el igualitarismo. Un fallo justo y necesario como antecedente de muchas otras personas que como ella se encuentran en idénticas circunstancias”. La Corte ya definió un caso similar y cobijó los derechos de Grace Kely, una trans que sufría una situación similar a la de Hoyos.