En Odebrecht, el caso que prometía ser el mayor escándalo judicial del año en Colombia hasta que resultó eclipsado por la gravedad del llamado el cartel de la toga, hay hasta ahora tres extranjeros en el radar de la Fiscalía: el portugués Eder Paolo Ferracuti, representante legal de la Concesionaria Ruta del Sol, y los brasileños Marcio Marangoni, empleado de esa misma alianza empresarial, y Amilton Ideaki, que trabajaba con Norberto Odebrecht S.A. A los tres, anunció la Fiscalía en julio, los investigarán por concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Ellos, sin embargo, no han sido los extranjeros que han protagonizado el expediente Odebrecht en Colombia. (En contexto: Los hechos claves para entender el escándalo de Odebrecht)
Quienes han sido claves para tratar de desenmarañar la historia de los sobornos que pagó la constructora brasileña en el país, pero al parecer figuran lejos todavía de imputaciones o llamados a juicio, son tres hombres que fueron muy importantes para Odebrecht: Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. A través de denuncias que enviaron a la Fiscalía apostilladas desde Brasil, contaron con puntos y comas ciertos capítulos de este asunto. De uno de ellos, poco se ha sabido hasta ahora: cómo se gestó el soborno de US$6,5 millones que recibió el exviceministro Gabriel García Morales a cambio de lograr que Odebrecht y sus socios se quedaran con la Ruta del Sol 2.
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Esa delación la hizo Luis Antonio Bueno Júnior, quien llegó a Colombia hacia mayo de 2009 como presidente local de la multinacional y en esa época se identificaba como “buen parcero” del Gobierno. Su labor empezó por conocer a delegados del Gobierno y prontamente llegó a García Morales, quien entonces estaba como director encargado del Instituto Nacional de Concesiones (Inco). Lo conoció en una reunión en el Ministerio del Transporte en el Centro Administrativo Nacional. Luego conoció a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, y a Carlos Solarte, de CSS Constructores, con quienes conformó Odebrecht la Concesionaria Ruta del Sol.
En cuestión de meses, contó Bueno Júnior, comenzaron las reuniones clandestinas con García Morales, en un apartamento indicado por el entonces viceministro, cerca del Parque de la 93 en Bogotá. Cada vez que Bueno Júnior quería agendarse con García Morales, sólo tenía que llamarlo. Luego, el brasileño llegaba al apartamento en cuestión, lo recibía una empleada que lo enviaba a una sala de espera, y ahí se reunía con García Morales. No había nadie más, aseguró Bueno Júnior, quien agregó un dato esencial para la investigación: que de esos encuentros el único que tenía conocimiento era José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana. Melo ahora está detenido por este mismo caso y ha insistido en su inocencia.
El 27 de octubre de 2009, Bueno Júnior y García Morales volvieron a verse en el mismo apartamento. En esa reunión, declaró Bueno Júnior, se escuchó por primera vez la cifra de US$6,5 millones. Pero no fue él quien la ofreció. Fue García Morales, aseguró el brasileño, quien la exigió y así se lo informó Bueno Júnior al jefe de operaciones en América Latina y Angola, Luiz Antonio Mameri. Este último aceptó el pago y, según la información que tiene la Fiscalía, se comunicó con José Elías Melo, de Corficolombiana, para “informarlo de dicho compromiso”. Luego de que Odebrecht ganara el contrato de la Ruta del Sol 2 por más de $2 billones de pesos, lo cual ocurrió el 15 de diciembre de 2009, fue García Morales quien buscó a Bueno Júnior: quería su dinero.
Luiz Antonio Bueno Júnior se puso en contacto con el tercer Luiz de esta historia: Luiz Eduardo Da Rocha Soares, quien tenía a su cargo la “Caja 2”, de la División de Operaciones Estructuradas. Es decir, en sus manos quedaban todos los pagos que no se registraban en contabilidad y que se hacían de manera triangulada, a través de cuentas o empresas secretas offshore. Así fue como nació la idea de establecer la firma de papel Lurion Trading en Panamá, cuyo fin era recibir los pagos de Odebrecht para García Morales y para lo cual el exviceministro contó con la ayuda de dos amigos de infancia: Enrique y Eduardo Ghisays Manzur. Ambos pasaron a ser las primeras personas en Colombia condenadas por el caso Odebrecht.
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La coordinación de los pagos la hicieron Luiz Eduardo Da Rocha Soares y los hermanos Ghisays, los cuales, luego señalaría en la Fiscalía, estaban en bancarrota tras una seguidilla de malos negocios. Bueno Júnior le dio una indicación a García Morales y éste, a su vez, a sus amigos Ghisays: los hermanos debían viajar fuera de Colombia y acatar las instrucciones de Da Rocha Soares, quien terminó siendo conocido con el alias de Tushio. En 2016, él pasó a ser uno de los 77 informantes con que contó la justicia brasileña para armar el caso de Odebrecht, que fue conocido como “la confesión del fin del mundo”. Estuvo detenido algunos meses, pero en diciembre del año pasado recuperó su libertad.
Da Rocha Soares y los hermanos Ghisays se encontraron en Miami con representantes de la banca privada de Andorra. Guiados por el brasileño, los Ghisays abrieron una cuenta y por allí ingresaron los US$6,5 millones para García Morales, pago dividido en seis partes entre marzo y septiembre de 2010. La plata, en general, salió para García Morales a través de otros movimientos. Aunque, como reveló este diario, fue un “negocio” pésimo para el exviceministro, quien perdió casi la mitad de la suma en manos de su amigo Enrique Ghisays: US$1 millón se perdió en la bolsa de valores y US$1,3 millones se fueron para “gastos varios”, de los cuales no quedó ningún soporte, además de la comisión de US$750 mil que cobraron los hermanos por hacer el “favor” de crear Lurion Trading.
Ese es el entramado que los brasileños Luiz Antonio Bueno Júnior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares formaron para promover la corrupción en Colombia, admitido por ellos mismos en declaraciones que le enviaron a la Fiscalía. ¿Pagarán ante la justicia nacional por ello? Difícilmente. Desde el inicio se ha sabido, por ejemplo, que Bueno Júnior aspira a obtener un principio de oportunidad, es decir, un acuerdo con la Fiscalía en el que él seguirá dando información clave a cambio de no ser investigado. Mameri también se convirtió en colaborador estrella de la justicia, mientras Da Rocha Soares lleva ya un buen tiempo declarando sin parar en los estrados judiciales.
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