Luchar hasta la existencia del último u’wa

Familia u’wa, comunidad que ha llevado una larga lucha para obtener justicia por la violación de sus derechos territoriales, culturales y ambientales.

Foto: Carlos Rincon Campo Kalu

“Sira, nuestro dios, nos encomendó cuidar y proteger todo lo que hay en nuestra Madre Tierra. Por eso, desde la parte espiritual, cosmogónica y de nuestro contexto buscamos la conservación de todos los recursos del planeta Tierra, incluidos los subterráneos y las cosas que hay en el aire. Es una recomendación que seguiremos hasta la existencia del último u’wa”.

Las palabras de la lideresa Daris María Cristancho son una promesa, una filosofía de vida, que ha llevado a los u’wa a enfrentarse a todo para proteger su territorio. En ese largo camino, los últimos 30 años han sido quizá, con los tiempos de la Conquista y de las misiones españolas, los más difíciles que haya vivido esta cultura indígena, asentada en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander, Boyacá y Casanare, en el nororiente colombiano, y constituida por una población de alrededor de 11.00 personas, según el último Censo de Población de Colombia (2018).

En esas tres décadas, los u’wa han visto el desarrollo de proyectos de extracción petrolera, gasífera y minera en su territorio. Han sido víctimas –ellos y la naturaleza que los circunda– de los derrames de crudo generados por los múltiples atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, que pasa por sus tierras. Han perdido amigos que vinieron de lejos para ayudarlos: los tres indigenistas estadounidenses asesinados por la guerrilla de las Farc en 1999. Han visto la reducción de su territorio y su militarización, y vivido en zozobra.

“La lucha total del Pueblo u’wa empezó desde 1995. Antes habíamos hecho un trabajo de resistencia y exigencia, pero desde ese año le dijimos a Colombia y al mundo que preferíamos morir con dignidad antes de que la sangre de nuestra Madre Tierra fuera saqueada”, dice Cristancho, una u’wa de sangre mestiza, de 53 años, con cinco hijos y seis nietos, maestra y activista. Ese saqueo, es decir la extracción del petróleo, conlleva profundas consecuencias: la pérdida del “equilibrio natural del planeta azul”, como lo describe la lideresa desde la comunidad de Bachira, a tres días de camino del municipio de Güicán (Boyacá), en inmediaciones de la Sierra Nevada de El Cocuy.

“Para nosotros sigue siendo muy triste saber que nos estamos autodestruyendo al acabar con la naturaleza, las montañas, los ríos –reflexiona Cristancho–. Ya no podemos hacer que la Madre Tierra vuelva a sanar, por eso las inundaciones y la transformación que está sufriendo el planeta. Es inconcebible pensar que podemos cambiar dinero por estas cosas que son tan importantes para nosotros, nuestros hijos y las futuras generaciones”.

Después de agotar todas las instancias legales en Colombia y de pasar años a la espera de un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la lucha u’wa finalmente recibe una decisión: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el año pasado escuchó los testimonios de dos de sus líderes: Daris María Cristancho y Evaristo Tegría, emitió un fallo histórico: le ordenó al Estado colombiano tomar medidas para la protección y el saneamiento del Resguardo Unido U’wa en un plazo de un año, con el fin de garantizar su derecho a vivir dignamente en su territorio.

“La Corte Interamericana ha declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano muchas veces, pero nunca en un caso como este, en el que un pueblo indígena exigía justicia por la violación a sus derechos colectivos, como el territorio ancestral, la cultura, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado y su libre determinación como pueblo. Este caso marca un precedente importante no solo para Colombia, sino para la región”, dice Juliana Bravo Valencia, abogada y directora regional del Programa Amazonía, en EarthRights International (ERI), organización que ha acompañado y representado a los u’wa durante los últimos diez años en el Sistema Interamericano.

Los primeros años de la lucha u’ea

Enero de 1995. Eran tiempos en los que Zizuma (como llaman los u’wa al nevado de El Cocuy), lugar de descanso de sus seres espirituales y tan sagrado que no debe visitarse, estaba “prácticamente virgen” y fluía “sin ninguna interrupción”, como lo describe Cristancho. En esos días, varios líderes u’wa fueron llamados a una reunión en Arauca con la multinacional estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy) y el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia.

“Viajamos y nos dijeron que era una reunión de diálogo. Nos atendieron muy bien, nos dijeron ‘mire, este es el complejo petrolero; esto es muy bonito, esto trae trabajo, desarrollo; pidan lo que quieran’. La reunión siguió y empezaron a proyectar cómo era una perforación y después pasaron unas hojas para que firmáramos. Al ver eso, dije en mi dialecto a mis compañeros: ‘Nos están engañando, nos quieren hacer firmar quién sabe para qué, ¡no firmen!’ Entonces, dijimos todos: ‘No queremos más esta reunión. ¡Nos queremos ir!’. Pero algunos alcanzaron a firmar y esas firmas las hicieron pasar como si fueran una consulta”, narra Cristancho, quien en su camino de liderazgo ha ejercido como traductora de los u’wa, coordinadora de las movilizaciones de su pueblo en contra del Estado y la Oxy, y asesora cultural de Asou’wa, la organización que reúne a 17 comunidades u’wa en Norte de Santander, Santander y Boyacá.

Un mes después, recibieron una noticia que los dejó sin piso: el Estado colombiano le había otorgado a la Oxy la primera licencia para desarrollar los estudios sísmicos de un bloque de exploración llamado Samoré, ubicado en territorio u’wa. En agosto, los u’wa recurrieron a la justicia: interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y la Oxy por autorizar la licencia del Bloque Samoré sin garantizar el derecho a la consulta previa. En marzo de 1997, la Corte Constitucional les dio la razón, al determinar que el derecho a la consulta había sido violado y al ordenar que se llevara a cabo, algo que nunca ocurrió.

“Ellos llegaron a hacer la sísmica. ‘¿Qué está pasando aquí?’, pensamos, porque no sabíamos qué era eso. Berito, nuestro líder, decidió viajar a los Estados Unidos para buscar ayuda de aliados internacionales que ya lo conocían. Él volvió con un compañero estadounidense llamado Terry Freitas (uno de los indigenistas), que nos dijo: ‘Como ustedes están pasando por esta situación, hay que hacer una visibilización y un derecho de petición’”, rememora Cristancho.

Además de la fuerte campaña internacional (que llevaría a Berito Kuwaru’wa –su líder histórico– a ganar, en 1998, el Premio Goldman, considerado el Nobel de los defensores del medioambiente, y, a la postre, a la salida de la Oxy del territorio), los u’wa realizaron innumerables protestas pacíficas y bloqueos, que fueron duramente repelidos por el Estado, y decenas de acciones legales en Colombia.

Ambas estrategias, las protestas en el territorio y las acciones legales, han continuado a través del tiempo por nuevas causas: otras licencias petroleras, la creación de zonas de reserva petrolera en territorio u’wa, concesiones mineras y de gas, la construcción de gasoductos y de una nueva línea de oleoducto, el no reconocimiento de la totalidad del territorio ancestral u’wa a la hora de crear el Resguardo Unido U’wa (según ERI, el Estado solo ha reconocido el 25 por ciento de ese territorio), las discrepancias frente al manejo que da el Estado al Parque Nacional Natural El Cocuy, donde está Zizuma, que los u’was exigen proteger del turismo.

“El de los u’wa es un caso espejo que deberían considerar muchos pueblos indígenas en cuanto a resistir con su organización a través del tiempo. Tienen un arraigo con su territorio tan fuerte que son capaces de superar las diferencias entre las distintas comunidades para luchar juntos por una causa”, dice Carlos Rincón, director de Endémica Studios, productora colombiana dedicada a temas ambientales que está haciendo un documental sobre la lucha u’wa, apoyado por la Fundación Ford.

El caso en el Sistema Interamericano

En 1997, la Asociación de Cabildos Mayores del Pueblo U’wa, la Organización Nacional Indígena de Colombia y Coalition for Amazonian People and The Environment llevaron el caso u’wa a la CIDH, en la que alegaron la vulneración de sus derechos colectivos por el desarrollo de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura en su territorio. Dieciocho años después, en 2015, la CIDH admitió su competencia para pronunciarse sobre las violaciones que denunciaron los u’wa.

El 27 de noviembre de 2019, la CIDH emitió un ‘Informe de Fondo’ declarando responsable al Estado colombiano por la violación de los derechos de la Nación U’wa. Adoptó, así mismo, una serie de recomendaciones que Colombia debía seguir para frenar las violaciones de derechos contra esta comunidad indígena; de no hacerlo, el caso sería enviado a la Corte IDH, como efectivamente ocurrió un año después, tras el incumplimiento del Estado.

Ir a la Corte, el tribunal de protección de los derechos humanos más importante de la región, constituía un enorme reto tanto para los u’wa como para sus abogadas. Así lo explica la directora regional del Programa Amazonía de ERI: “Los u’wa tienen una manera especial de relacionarse con el territorio, era necesario entender su cosmovisión y, a partir de ello, explicar y argumentar las afectaciones a sus derechos territoriales y culturales, reconocidos por el Derecho Internacional”.

Se trata, además, de un caso complejo con una gran cantidad de hechos y un contexto muy amplio. “No era un caso que disputara un proyecto simplemente, sino una variedad de proyectos petroleros, gasíferos y mineros. Existe también un traslape del territorio u’wa con el área natural protegida por el Estado; hay, adicionalmente, un problema enorme frente al reconocimiento y la titulación del territorio u’wa, que el Estado no ha hecho, por el contrario se ha reducido y militarizado. Está el asesinato de los indigenistas, que no hacía parte central del caso, pero que sí le daba contexto; están también los despojos que han sufrido y el riesgo de exterminio fisico y cultural que fue reconocido por la propia Corte Constitucional”.

Para los u’wa, dice Cristancho, prepararse para ir a la Corte fue un trabajo duro. “Fueron horas de reuniones tras reuniones, de preparatoria, de conseguir documentos. Pero también era sentir que estábamos respaldados, que había personas de buen corazón que estaban ahí para ayudarlos, porque nosotros solitos no teníamos esa capacidad”.

En lo personal, dice Cristancho, ir a la Corte fue un gran desafío y una revelación: “Desde pequeña, mis abuelos me encomendaron una tarea que yo no sabía cuál era. Ellos decían que yo iba a hacer un trabajo por el pueblo, por las comunidades, y nunca llegué a pensar que ese trabajo era el que me tocaba. Sentí mucha responsabilidad porque sentía que no tenía la capacidad para llegar a expresar todo lo que mi corazón guardaba, pero hice muchos ayunos, muchos retiros espirituales y llegó el momento”.

El 25 y 26 de abril de 2023, la Nación U’wa fue oída en el 157 periodo de sesiones de la Corte IDH, que tuvo lugar en Santiago de Chile. Daris María Cristancho fue la primera testigo en ser llamada. “Todo lo que conté lo viví en carne propia; entonces terminé llorando allá en la Corte”, recuerda.

Dentro de la estrategia legal, explica Bravo, se dio relevancia a la postura de la Nación U’wa frente a ser consultados por el Estado colombiano. “Los u’wa han dicho que no quieren consulta porque la consideran un trámite vacío de contenido. Presentamos evidencia suficiente de la simple formalidad en que se ha convertido en Colombia este derecho fundamental de los pueblos indígenas. Hicimos énfasis en que en este caso se violó también el derecho al consentimiento previo, libre e informado, y en la importancia de ir más allá de la consulta, es decir en la obligación de los Estados de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando se trata de proyectos o medidas que van a tener un impacto profundo en su modo de vida y su territorio. Esto también implica la materialización del derecho a la autodeterminación, reconocer la capacidad de los pueblos para decidir sobre el destino de sus vidas, desde su cosmovisión y cultura”.

Los u’wa acaban de recibir el fallo de la Corte IDH. “Para nosotras, como abogadas, es un gran triunfo que la Corte haya establecido la responsabilidad internacional en este caso. Es un reconocimiento a la lucha de un pueblo lleno de coraje que ha buscado defender sus derechos, su autonomía y dignidad”, agrega Bravo.

Son 30 años de lucha que, Cristancho no duda en decirlo entre lágrimas, han valido la pena: “Creo que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para la defensa de la vida, de la humanidad, de toda la existencia. A pesar de que hemos sufrido tanto, podemos dejar un legado histórico para que, más adelante, se puedan leer las historias de que fuimos un pueblo indígena que quiso hacer mucho por la vida”.

* Este reportaje fue apoyado por la oficina para la región Andina de la Fundación Ford