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Este lunes 21 de abril continúan las audiencias de juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El líder natural del Centro Democrático fue acusado por la Fiscalía por su presunta participación en los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal. Luego de una semana de descanso en los juzgados de Paloquemao, debido a la Semana Santa, las diligencias se reanudan con la última tanda de testigos citados por la Fiscalía. Hoy el turno fue para el abogado Samuel Augusto Sánchez Cañón, quien desde el inicio aseguró que guardaría absoluto silencio.
Sánchez Cañón actualmente está vinculado a un proceso penal por, al parecer, haber ofrecido sobornos y haber ejercido diferentes presiones a exparamilitares para que hablaran en favor del exmandatario. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el jurista habría intentado convencer, por medio de prebendas, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien además ya subió al estrado y respondió las preguntas de la Fiscalía, asegurando que el abogado Diego Cadena le ofreció hasta $200 millones por su testimonio.
El abogado se presentó de manera virtual ante la diligencia de este lunes 21 de abril y no respondió ninguna de las preguntas de la fiscal Marlenne Orjuela, quien expuso algunas de las pruebas que contenían y en las que se mencionara al abogado Sánchez Cañón. Para el ente investigador, el jurista habría tratado de persuadir, no solo a alias Víctor, sino a otros “exparas”, de señalar al senador Iván Cepeda de montar una persecución en contra del exmandatario y su hermano Santiago Uribe Vélez.
Los hermanos Uribe Vélez son señalados de haber sido fundamentales para la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en Antioquia. Varios exparamilitares, como Juan Guillermo Monsalve, testigo estelar del caso, han puesto el nombre de ambos hermanos como determinantes para la creación de esa estructura paramilitar. De hecho, ese es el origen del proceso que enfrenta hoy en día el exsenador.
En la lista de testigos que fueron citados por parte de la Fiscalía también figura el coronel retirado Germán Rodrigo Ricaurte Tapia, quien fue director de las cárceles La Picota y Cómbita (Boyacá). Para el ente de control dirigido por Luz Adriana Camargo, el exuniformado también habría sido determinante para, supuestamente, intentar convencer a paramilitares al interior de los penitenciarios para que enviaran oficios a la Corte Suprema de Justicia retractándose de hablar en contra del expresidente.
Ricaurte Tapia, por su parte, sí asistió de manera presencial a los juzgados capitalinos y habló sobre una reunión que, al parecer, sostuvo con Fabián Rojas, quien fuera miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente Uribe Vélez cuando hacía parte del Senado. A esa reunión también habría asistido el abogado Diego Cadena y la abogada Ángela Milena López, quien fungía como defensora de Hernán Darío Giraldo, alias Cesarin.
El coronel retirado aseguró que en ningún momento presentó como su asesora a la abogada López, algo que ya había mencionado el testigo Rojas durante una pasada diligencia. “Rojas miente”, dijo Ricaurte ante el Juzgado 44 Penal de Bogotá. Durante el contrainterrogatorio, adelantado por el abogado Jaime Lombana, el exuniformado negó haber recibido presiones para que los reclusos mintieran ante la justicia. “Yo lo habría denunciado”, apuntó.
La diligencia de este lunes 21 de abril terminó con la fiscal Orjuela exponiendo algunas de las pruebas en las que se menciona la participación de Sánchez Cañón respecto a los presuntos ofrecimientos y las declaraciones del exdirector de los penitenciarios. La audiencia continuará el martes 22 de abril a las 8:30 de la mañana.
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