Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos se declaró inocente en el inicio del juicio que se le adelanta por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. El exmandatario departamental no aceptó su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.
En su intervención ante los magistrados del alto tribunal, Ramos manifestó que va a demostrar su inocencia de las "falas imputaciones" que se han hecho en su contra. Para esto presentará un grupo de testigos con los que buscará demostra que nunca pactó ningún tipo de apoyo político y económico de dicho grupo armado ilegal. (Ver El expediente Ramos)
El exgobernador de Antioquia manifestó que ha sido víctima del denominado 'cartel de falsos testigos', que a cambio de beneficios judicilaes o económicos lo han acusado de haberse reunido con comandantes paramilitares para acordar, junto a otros líderes políticos de la región, un apoyo a su candidadatura a la Gobernación de Antioquia y el Congreso de la República.
Para demostrar su inocencia le solicitó a la Corte Suprema que tenga en cuenta el testimonio del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez para determinar que su única relación con los paramilitares se presentó durante el proceso de desmovilización adelantado durante el proceso de paz que se adelantó con este grupo armado ilegal.
Además de las declaraciones de los exfiscales Generales, Guillermo Mendoza Diago y Mario Iguarán Aldana, así como el excongresista Carlos Alonso Lucio, y los exministros Juan Camilo Restrepo y Sabas Pretelt de la Vega, así como otras personas que participaron en el proceso de paz y la implementación de la Ley de Justicia y Paz.
Ramos es investigado por haber participado en una reunión conovacada por el considerado jefe político de las AUC, 'Ernesto Báez' en una finca del municipio de Bello (Antioquia) en 2006.
Desde el 29 de agosto de 2013 Ramos Botero se encuentra privado de su libertad en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura.