8 Oct 2021 - 10:30 p. m.

Luis Almario, histórico primer caso que pasa a la fiscalía de la JEP

La JEP remitió por primera vez en su historia un proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de esa jurisdicción. La decisión se tomó porque el excongresista Luis Almario, quien es investigado por el magnicidio de la Familia Turbay Cote, no reconoció responsabilidad en el expediente.

La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió enviar, por primera vez en su historia, un proceso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP. El caso que llega a la Unidad es el del excongresista Luis Fernando Almario, a quien se le investiga por el magnicidio de la familia Turbay Cote en el 2000.

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La JEP tomó la decisión debido a que desde julio de 2020, cuando Almario se sometió voluntariamente a esta jurisdicción, en su caso no ha habido reconocimiento de responsabilidad por los asesinatos del presidente de la Comisión de Paz de la Cámara, Diego Turbay Cote; su madre, Inés Cote; tres escoltas, un conductor y un amigo de la familia, el 29 de diciembre de 2000. Adicional a estos hechos, el excongresista también está siendo investigado por su presunta participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño en 2002. En ambos casos Almario se ha declarado inocente.

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La Sala decidió, además, remitir la investigación contra Luis Fernando Almario, ante la ausencia de reconocimiento de responsabilidad en relación con el secuestro y muerte del Rodrigo Turbay Cote, el asesinato de Diego Turbay Cote, Inés Cote de Turbay y de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos. De acuerdo a la JEP, estos crímenes habrían sido cometidos por la Columna Móvil Teófilo Forero de las Farc con la colaboración del excongresista.

Según la JEP, se examinaron todo los expedientes en relación a los hechos por los que se investiga a Almario y se encontró su presunta responsabilidad en testimonios de exguerrilleros quienes en un video público de 2011 lo acusan de ser el responsable de los secuestros y asesinatos. Asimismo, aunque esa jurisdicción dijo no tener las pruebas suficientes para encontrarlo culpable, si tiene la potestad de que el proceso contra el excongresista tome otro rumbo, en esta ocasión uno histórico.

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En los argumentos de la JEP para tomar esta decisión, señalan que de ser encontrado responsable, Almario habría de responder por los nexos con grupos armados ilegales para la extinción de los Turbay Cote. Igualmente, ese tribunal sostuvo que “un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción, sea para exonerar a quien ha sido falsamente implicado como determinador de estos hechos graves y representativos del conflicto armado o para declarar, más de veinte años después de sucedidos los hechos, su responsabilidad”.

De la misma manera, la JEP sostuvo que una de sus finalidades es “investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos del conflicto armado”, razón por la cual admitieron a Almario Rojas en esa jurisdicción. Aún así, la Sala dijo que “como presunto determinador de las victimizaciones contra la Familia Turbay Cote, cumple, por un lado, con la condición de ser el caso de un presunto máximo responsable y, por el otro, con la condición de que los hechos por los que se le investiga son graves y representativos del conflicto armado en Caquetá”.

Con la orden de remisión a la UIA, dice la JEP, “se garantiza el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los comparecientes voluntarios, en caso de que no hayan sido probadas en sentencia condenatoria en su contra”. Como Almario había sido condeno por la Corte Suprema en 2016 por concierto para promover grupos armados al margen de la ley, la jurisdicción de paz dijo que “la Sala de Reconocimiento puede concluir que la determinación de su responsabilidad, en el marco de un proceso que garantiza el debido proceso, ya se surtió en la jurisdicción ordinaria, y podrá exigirle al compareciente que vaya más allá del expediente donde se le condena y que reconozca su responsabilidad con base en el acervo probatorio que se recolectó en la justicia penal permanente”, cosa que no hizo el excongresista.

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