No importó su inasistencia. Ni tampoco su destino en el extranjero. Aún caliente la discusión por su súbita salida del país el 8 de enero —recorriendo las cenagosas aguas entre el descrédito del prófugo y aquél que dice ser un perseguido político—, la audiencia contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo comenzó pasadas las 10:30 de la mañana en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá. Con evidencias en mano, el fiscal Francisco Villarreal le imputó los cargos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, fraude procesal y fabricación, tráfico y porte de armas.
Sin más, el excomisionado se declaró en rebeldía judicial. Así lo entendió la jueza 62 de Control de Garantías después de escuchar las explicaciones que entregó Mildred Hartmann, la abogada de Restrepo: sin dar mayores detalles sobre el paradero de su cliente, anunció que simple y llanamente no quería asistir a ninguna diligencia judicial, que por ley no estaba obligado a hacerlo y que no tenía por qué dar más explicaciones al respecto. Pero, eso sí, dejó en claro —cosa curiosa— que Restrepo, muy a pesar de no comparecer, sí quería que la audiencia tuviera su trámite. Pero ¿sin él?
En contraste, el fiscal Villarreal dijo sin rodeos que Restrepo, “de manera olímpica, folclórica e irreverente, tomó la decisión de irse del país con cierta complicidad de su defensora, puesto que mantuvo engañado al Estado colombiano respecto al hecho de que esta persona se encontraba en Colombia”. A muy pocos pasos, en la misma sala de audiencia, la abogada Hartmann ripostó: “No voy a caer en ese juego”. Hasta ahí llegó el cruce de pullas.
Tampoco asistieron a la audiencia Álvaro y Marta Rocío Agudelo Medina —hermanos del guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña—, quienes alegaron tener problemas de seguridad. El narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes, señalado de ser uno de los artífices de la falsa desmovilización del frente Cacica La Gaitana, en marzo de 2006, y extraditado a los Estados Unidos, no tuvo quién lo representara ayer. Por su parte, el coronel Hugo Castellanos dijo estar incapacitado por una operación de meniscos que se le realizó en enero. La jueza determinó entonces decretar la ruptura procesal.
No obstante, sobre otros implicados en este escándalo, la Fiscalía comenzó a destapar sus cartas. Por ejemplo, contra José Alfredo Pacheco Ramos y sus hermanos, Gloria Inés y Miguel Alcides, así como contra el guerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña —nombrado gestor de paz en el gobierno de Uribe—, el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza y Felipe Alejandro Salazar Pacheco. Pero, al margen del expediente que se adelanta contra ellos, ha sido el nombre de Luis Carlos Restrepo el que se ha robado el protagonismo.
Testimonios señalan que en esa supuesta entrega de un frente de las Farc —que no existió o que, en cualquier caso, no reconoce el secretariado de la guerrilla— se colaron personas que nada tenían que ver con el grupo ilegal y que terminaron por defraudar al Estado. Al punto de que un juzgado de Bogotá ordenó cancelar hace poco los pagos que mensualmente estaban siendo girados a estos desmovilizados colados. El excomisionado Restrepo ha reiterado que no siente que haya garantías de la Fiscalía por haber sido el denunciante del esposo de la fiscal, Carlos Alonso Lucio.
El expresidente Álvaro Uribe, desde el jueves pasado, empezó a lanzar trinos de respaldo a Restrepo. Antes le había pedido al presidente Juan Manuel Santos que “detuviera esa persecución política” en contra de un “patriota eficiente, probo, víctima de una venganza criminal”. El exasesor presidencial José Obdulio Gaviria describió al alto exfuncionario como “un rebelde político que debe buscar refugio o mantenerse en la clandestinidad”.
Hoy, Luis Carlos Restrepo recorre el mismo destino de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, con la diferencia de que nadie sabe aún si se asiló y en qué país fue a recalar. La justicia le exige que vuelva.
Por Redacción Judicial
