Luis Gallo cumple cita en la JEP para hablar sobre despojo en el Urabá

Uno de los casos emblemáticos de despojo de tierras por parte de grupos paramilitares ocurrió en La Tulapas a finales de los años 90. / Archivo (Imagen de referencia)

El empresario Luis Gonzalo Gallo es uno de los pocos empresarios que le tocó las puertas a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que lo acepten en este sistema de justicia como un tercero civil no combatiente. Y hoy es un día clave para sus posibilidades de ser aceptado, pues comienza una de dos audiencias en las que les explicará a los miembros de esta jurisdicción cuál es su aporte a la verdad de lo sucedido a finales de los años 90 sobre un tema crucial para el caso del Urabá: el despojo de tierras.

El reputado hombre de negocios está involucrado formalmente en este expediente desde 2014. En este entonces, la Fiscalía lo incluyó en una investigación para determinar la responsabilidad del Fondo Ganadero de Córdoba y sus directivos, quienes, supuestamente, les arrebataron predios a los pobladores que vivían en Las Tulapas, una región del Urabá antioqueño que comprende 58 veredas de los municipios antioqueños de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.

(En contexto: El capítulo del despojo “para”)

Además de Gallo, en esa investigación la Fiscalía incluyó a Benito Molina Velaverde, conocido como el Mexicano; Carlos Enrique Sotomayor, exgerente del Fondo; y Orlando Fuentes Hessenm, exdirectivo; Carmelo de Jesús Esquivia, entonces asesor jurídico de la sociedad; el notario tercero de Montería, Miguel Francisco Puche Yáñez; la notaria única de San Pedro de Urabá, Lía del Carmen Hurtado, y María Inés Cadavid, exfuncionaria del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Incoder.

Todos resultaron salpicados por las declaraciones de Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero y exgobernador de Córdoba, quien está colaborando con la justicia y ya fue condenado por despojo. El mismo personaje es el protagonista de unas declaraciones que se conocieron hace unas semanas en las que le dio detalles a la JEP sobre el papel de estos investigados en el despojo de tierras en el Urabá. Desde que empezó a colaborar con las investigaciones, Osorio ha dicho que la sociedad de la que era gerente se convirtió en aliada de grupos paramilitares.

(Le recomendamos leer: Un doloroso despojo en camino a la reparación de víctimas)

En concreto, de los hermanos Castaño, quienes, de la mano del fondo y de su concuñada, Sor Teresa Gómez, consolidaron el despojo de 4.300 hectáreas baldías en Las Tulapas a finales de los años 90. Para lograrlo, ha explicado la Fiscalía durante el juicio del caso, fue necesario el visto bueno de la junta directiva que sabía que las tierras que estaba comprando eran de propiedad de personas desplazadas por el conflicto entre las Farc y las autodefensas de los Castaño.

Al comienzo de la investigación, Benito Osorio le dijo a la Fiscalía que todos los miembros de la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba sabían “que se trataba de una zona de influencia paramilitar, que estábamos negociando con un primo de los hermanos Castaño y que participaba la señora Sor Teresa Gómez”. Esta última ratificó estas palabras ante la justicia y añadió que ese mismo diciembre de 1997 le autorizaron comprar tierras a nombre de la sociedad.

(Vea aquí una galería de imágenes inéditas del despojo que sufrieron los campesinos de Las Tulapas)

Desde que salió salpicado por las declaraciones del exgobernador condenado, Gallo ha rechazado los señalamientos y así lo hizo durante casi tres años de juicio en su contra. A la JEP llega con la intención de contar, con evidencia en mano, lo que según él realmente pasó en Las Tulapas y cuál fue el papel de él y del Fondo Ganadero de Córdoba. En una comunicación que le envió a este diario, el empresario explicó que su aporte a la verdad se centrará en relatar lo que pudo constatar personalmente como miembro de la junta directiva de la controvertida sociedad.

“Poseo un archivo personal sumamente relevante y tengo un conocimiento extenso de lo realmente sucedido en este caso que me debe permitir sustentar mi aporte a la verdad de manera fáctica, en procura de que la JEP y las víctimas conozcan lo realmente ocurrido. Mi aporte estará basado en actas, documentos, estados financieros y declaraciones y pruebas que se han surtido en la etapa investigativa que realizó la Fiscalía entre el 2008 y el 2015″, agregó Gallo.

(En contexto: Sor Teresa Gómez, condenada por el despojo paramilitar en Tulapas)

Además de este material, el empresario aseguró que también tiene pruebas y declaraciones que salieron a la luz en el juicio en su contra. “Anticipo poder aportar verdad plena y sumamente relevante a la JEP en torno a este complejo caso, a mi real participación en los hechos investigados, esperando poder demostrar que nunca actué ni con dolo ni con mala fe en todas mis actuaciones directivas en la junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba”, dice la comunicación.

Lo que Luis Gallo pueda contarle a la JEP entre este 3 y 4 de febrero podría definir su futuro judicial. El empresario ha aclarado que su interés de participar del sistema especial de justicia no es para confesar ninguna relación con grupos paramilitares, sino, por el contrario, probar que nada tuvo que ver con ellos y que así lo logró probar durante el juicio en su contra. Si la jurisdicción aceptar abrirle las puertas, su juicio en la justicia ordinaria quedaría congelado y su caso entraría a los expedientes de la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.