El Consejo Superior de Política Criminal, encargado de asesorar al Gobierno en la implementación de la política criminal del Estado, presentó una serie de observaciones favorables con relación a la ley de sometimiento de bandas criminales, propuesta por el gobierno Petro. En el documento, este órgano, conformado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades, presentaron su validación a las reglas que ha presentado el Ejecutivo para el sometimiento de grupos criminales como el Clan del Golfo y que, se espera, sea base fundamental de la paz total.
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Con el fin de fortalecer la propuesta legislativa y su discusión al interior del Congreso de la República, el comité asesor presentó su aval a través de varias observaciones en materia político y criminal, principalmente, relacionadas con los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición a las víctimas. Dice el documento que algunos miembros del Comité destacan que estos derechos no se hacen expresos o, incluso, se ven reducidos o limitados, por lo que se sugiere ampliar su participación en las etapas del proceso de sujeción a la ley.
Además, en lo que se refiera a la reparación de las víctimas, “el proyecto de ley no establece medidas para la restitución plena de las víctimas al estado anterior al hecho de la violación ni para rehabilitarlas por el daño causado”, anota el comité. Además, sugiere modificar la palabra contribuir de la expresión utilizada en los artículos 10 y 11 del proyecto de ley donde se establece la obligación de “contribuir a la reparación material y simbólica de las víctimas”, ya que “puede dar lugar a equívocos que conlleven a limitar los aportes de los miembros para asegurar una reparación integral de las víctimas”, añade.
Asimismo, este ente asesor destacó que el Gobierno busque alternativas para alcanzar la paz. “Resulta adecuado y necesario que el Gobierno Nacional procure por los medios que tiene a su disposición, con respeto y apego al marco democrático sobre el cuál se cimienta el Estado Colombiano, buscar las alternativas y caminos que busquen y propendan por alcanzar la paz para con los administrados, resultando acertado procurar el mismo con iniciativas legislativas como la analizada en esta oportunidad”, expresa en el documento.
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Es así como el Consejo considera que el proyecto de ley carece de evidencias reales como criterio o lineamiento político criminal, en relación con la determinación de las condenas de años en cárcel dirigidas a aquellos miembros de estructuras criminales. Según el Consejo, el impacto que pueden tener en la imposición de las penas en el sistema penal y carcelario, no solamente puede ser de carácter jurídico sino que también se deben prever las posibles implicaciones de un mayor presupuesto en términos de hacienda.
El Consejo también presentó otras observaciones relacionadas con una posible extralimitación frente a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación. Dice el ente que esta medida alteraría las competencias constitucionales y legalmente asignadas a la UEI, las cuales modificarían las funciones asignadas a la Fiscalía al establecer que la Unidad será una estructura paralela al ente investigador y acusador, y al asignar funciones ajenas al mandato de la UEI. “Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que las medidas modificatorias de la Unidad Especial de Investigación deberían ser descartadas de la iniciativa legislativa”.
El Consejo también dio sus observaciones sobre la formulación de imputaciones, en las que afirma que podrían existir posibles vacíos jurídicos “en situaciones como el reconocimiento parcial de delitos cometidos por los integrantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, la verificación de patrones de criminalidad, o el reconocimiento de conductas punibles cometidas por personas ajenas al proceso de sujeción”. Explica que esto podría limitar la autonomía del ente acusador y daría lugar a una posible afectación del derecho a la verdad de las víctimas de esos delitos.
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De la misma manera, este comité presentó otras observaciones que sugieren tener en cuenta la normativa acusatoria actual y su respectiva vigencia relacionada con casos en los que se presente la posibilidad de ejecutar extinciones de dominio o extradiciones, bajo la consideración de aplicarse sin que limiten aspectos como la entrega de bienes o los derechos de las víctimas. Las entidades anotaron sobre la importancia de que los procesos por delitos graves no vayan a perjudicar lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
El Consejo Superior de Política Criminal presentó la necesidad de tener claridad acerca de las medidas para la reintegración efectiva de los criminales, “toda vez que la obligación de crear un programa de reintegración individual, colectiva y comunitaria no define de manera clara cuál sería la obligación específica de algunas entidades como la Agencia para la Reincorporación y Normalización, el Ministerio de Educación Nacional o el de Cultura”, explica el comunicado.
Finalmente, el Consejo “alienta a que se revise la posibilidad de eliminar a la Policía Nacional de su participación en la adecuación de pabellones especiales en los establecimientos de reclusión, por cuanto no son una autoridad penitenciaria ni tienen competencias en la materia”. Y concluyó con que, de conformidad con las anteriores observaciones, su concepto es favorable respecto al proyecto de Ley de Sometimiento que está en curso.
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