El procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que se emitan medidas cautelares para proteger a los colombianos que han sido deportados por el Gobierno de Venezuela tras ordenar el cierre de la frontera. (Vea: “La situación de la frontera es muy seria”: representante de Acnur en Colombia)
En el documento se le solicita al organismo internacional proteger los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derecho de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia de los colombianos en la zona fronteriza.
Para esto se presentaron los testimonios recolectados en los últimos días de los nacionales que han tenido que abandonar sus casas y llevarse sus bienes inmuebles. Igualmente se presentan registros de la acción de las autoridades venezolanas que han destruido las viviendas de los colombianos.
Esto, en lo que ha sido denominado por la Procuraduría General, como un ataque sistemático por parte del Gobierno de Venezuela en contra de los colombianos a quienes ha deportado de manera arbitraria, pese a que algunos contaban con un estatus de refugiados reconocido en dicho país.
Tras el anuncio del estado de excepción en diferentes municipios fronterizos las autoridades del vecino país aumentaron las acciones dirigidas a la deportación masiva. Para la Procuraduría esto es una política de estigmatización basada en la xenofobia de dicho Gobierno contra los colombianos.
“Existen denuncias de personas que afirman que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del Gobierno venezolano antes de ser expulsados de su territorio nacional”, precisa uno de los apartes del documento radicado ante la Cidh en el cual se hace referencia a actos de humillación y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Se han denunciado casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana”, esto debido al hecho que padres e hijos han sido separados en la deportación.
Además se resalta el hecho que “se marcan las casas donde habitan las familias colombianas con el fin de que estas sean demolidas por las autoridades”. Por esto se pide a la Cidh que le ordene al Gobierno venezolano ponerle un punto final a esta política de persecución dirigida en contra de los colombianos.
“El documento se soporta en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana. Dicha política que ha sido ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro”, se precia en un documento de prensa.
Para la Procuraduría estas acciones permiten inferir que el Gobierno de Venezuela “adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos humanos de los colombianos que se encontraban, y aún se encuentran, asentados en territorio nacional”.
Por Redacción Judicial
