“En consideración a que el desarrollo de las funciones asignadas a la Presidencia de esta corporación no debe verse de ninguna manera afectado, he decidido apartarme temporalmente del ejercicio de la Presidencia, con el fin de dedicarme a demostrar, como las evidencias lo corroboran, mi inocencia, dentro de una investigación pronta y eficiente”. Con estas palabras, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Pretelt Chaljub, dio a conocer que se apartaba por un mes del cargo en el que lleva menos de dos meses, mientras la Comisión de Acusación del Congreso avanza en sus pesquisas para esclarecer lo sucedido con supuestos ofrecimientos hechos, al parecer, por Pretelt a Víctor Pacheco, abogado de Fidupetrol, para fallar una tutela a cambio de $500 millones.
Pretelt sostuvo en forma vehemente que su inocencia saltaba a la vista, “por cuanto nunca realicé gestión alguna a favor de los intereses de Fidupetrol y voté en contra de sus pretensiones”. Durante este tiempo, va a ser reemplazado por la vicepresidenta de esa entidad, la magistrada María Victoria Calle Correa. El anuncio fue hecho al finalizar la Sala Plena de este miércoles y, al parecer, la medida fue tomada, en parte, por una solicitud hecha por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva, Jorge Iván Palacio y Mauricio González —el denunciante de estos hechos—, quienes señalaron que la reputación del alto tribunal había quedado muy herida con este caso y que resultaba impresentable que el denunciado siguiera, en el entretanto, oficiando como vocero de la corporación.
El abogado del magistrado Pretelt, Abelardo de la Espriella, anunció que denunciará al abogado Víctor Pacheco por injuria y calumnia y que tiene pruebas de un presunto complot contra su cliente, orquestado, supuestamente, por los magistrados Jorge Iván Palacio y Luis Ernesto Vargas, el exmagistrado Nilson Pinilla —quien ha cuestionado duramente a Pretelt— y el rector de una importante universidad, aunque no dio más detalles.
La Fiscalía ya citó para el lunes 9 de marzo al abogado Pacheco para que dé su versión de los hechos, en virtud de una investigación anunciada el pasado 3 de marzo y que se encuentra en manos del vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. A esto se suma que, por petición de la Comisión de Investigación y Acusación, la Fiscalía constituyó un grupo especial de policía judicial conformado por diez investigadores de campo, analistas y abogados adscritos al CTI, que colaborarán con el expediente.
Por su parte, el primero en ser escuchado por este escándalo fue el magistrado Mauricio González. A las 2 de la tarde de ayer se presentó ante el Congreso para ratificar su denuncia del viernes pasado. González reiteró que el abogado Víctor Pacheco le manifestó que Jorge Pretelt le había asegurado que podía interceder en una tutela que le interesaba a cambio de $500 millones. Un dinero que, según le dijo Pacheco, iba a parar a manos de González. ¿El objetivo?: supuestamente tumbar un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había condenado a la firma Fidupetrol a pagarle al Estado $22.500 millones. Al término de su diligencia, González dijo que la Corte saldrá fortalecida de este suceso una vez se esclarezca la verdad.
Por su parte el magistrado Pretelt ha dicho al respecto que espera que la Comisión “actúe de manera pronta y eficiente y que en el menor tiempo posible el país conozca la verdad de estos hechos, en los que de manera infame pretenden involucrarme”. Queda claro que los coletazos de uno de los peores escándalos en la Corte Constitucional apenas empiezan a verse. Ya se habla de complots y se acusa a otros magistrados de ese alto tribunal. El representante investigador Julián Bedoya tiene la palabra.
Por Redacción Judicial
