El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, acaba de presentar un impedimento en el proceso en el que se revisa el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró la emergencia económica en el país en diciembre pasado. El togado señaló que en las declaraciones que dio a la prensa sobre el proceso pudo haber emitido algún concepto sobre el caso y pidió que su permanencia sea definida por los otros magistrados.
El magistrado Ibáñez presentó el impedimento este viernes, después de que la Presidencia de la República lo recusara por, supuestamente, “haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”, en declaraciones dadas a medios de comunicación. Dentro de lo dicho por el togado en su documento, se refirió a una entrevista que le dio al diario El Tiempo el pasado 18 de enero.
Según Ibáñez, en esa conversación no expresó ninguna opinión ni concepto “sobre la decisión a adoptar en estos casos en particular, sino una presentación estrictamente académica sobre las distintas posibilidades de actuación y de decisión que le correspondería adoptar en derecho a la Corte Constitucional, conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia”.
Asimismo, el togado indicó que la entrevista fue realizada en ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte Constitucional. “En ella realicé una exposición de carácter pedagógico y explicativo sobre el trámite que podría surtirse ante la Corte”, señaló.
El magistrado Ibáñez sostuvo en su impedimento que “durante el mes de diciembre del año anterior y en este mismo mes de enero del año en curso, en atención a múltiples solicitudes de respetados periodistas di varias entrevistas a diferentes medios de comunicación para informar y orientar a la opinión pública sobre el trabajo que para su revisión de constitucionalidad debe y puede desarrollar la Corte con fundamento en la Constitución”.
Las declaraciones que entregó, dice el presidente del alto tribunal, respondieron “a la exigencia de distintos sectores en el país de que se realizara una intervención pronta y oportuna por parte de la Corporación como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución”.
La recusación de la Presidencia
El pasado 21 de enero, la Presidencia de la República recusó al magistrado Ibáñez y solicitó apartarlo de la discusión que se adelanta en la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica expedido en diciembre por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. La solicitud, de 16 páginas, fue remitida al despacho del magistrado Carlos Camargo Assis.
La recusación de la Presidencia señala que, si bien el magistrado Ibáñez no es el ponente de ese proceso, su rol como presidente de la Corte Constitucional e integrante de la Sala Plena del alto tribunal lo “convierte en decisor directo de las cuestiones incidentales y de fondo” del decreto de emergencia económica.
El Gobierno sostiene que el decreto era totalmente necesario luego de que el Congreso no aprobara dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (COP 12 billones) y 2026 (COP 16,3 billones).
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