Magistrado Pretelt presenta su caso ante la CIDH

El próximo jueves se definirá la suerte política del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país la Plenaría del Senado de la República definirá si el togado es "indigno" o no para continuar en el cargo.

Esto dentro del proceso que se le adelanta por presuntamente haberle solicitado al abogado Víctor Pacheco una suma cercana a los 500 millones de pesos para seleccionar para su estudio una acción de tutela presentada por Fidupetrol S.A. para tumbar una multa de $32 mil millones unterpuesta por la Corte Suprema.

El destino del magistrado está casi que establecido. Su estrategia de defensa ha perdido todos los rounds en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. (Ver El informe que dejaría en suspensión al magistrado Jorge Pretelt)

Uno de los golpes más duros fue cuando la Comisión de Instrucción del Senado rechazó la ponencia del senador José Obdulio Gaviria quien solicitaba anular todo lo actuado en este caso al considerar que se presentó una vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. 

Con estos mismos argumentos el magistrado Pretelt presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que será retirado de su cargo y acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia sin que existan pruebas fehacientes en su contra. 

En el documento de nueve páginas el expresidente de la Corte Constitucional le solicita a la CIDH que le ordene al Senado “que antes de que se realice la votación del informe sobre la acusación en mi caso, se me confiera una oportunidad para poder presentar los argumentos de mi defensa”.

Asegura que hasta el momento la Plenaria no lo ha escuchado pese a las reiteradas peticiones por lo que “no podrá tomar una decisión imparcial sin haberlo hecho”. Igualmente pide que se resuelvan todas las recusaciones y solicitudes de nulidad presentadas por su defensa y la Procuraduría General.

“Solicitar al Congreso de la República que respete la Constitución y las leyes del país y por lo tanto que se adelante un juicio conforme a derecho, respetando las reglas del debido proceso, la justa valoración de las pruebas y la presunción de inocencia. Es indispensable que el Senado reconozca que está adelantando su función jurisdiccional y por lo que tanto está sometido a las reglas propias de un proceso judicial”, señala. 

En el extenso documento le pide a la CIDH que adelante las labores de vigilancia especial y acompañamiento en su juicio político con el fin que se respeten sus derechos procesal y se eviten irregularidades como las que se presentaron, en su concepto, en la Cámara de Representantes.

El magistrado considera que existe una evidente presión del Gobierno para sacarlo de su cargo y así garantizar que no se oponga a los proyectos de ley y otras medidas en el alto tribunal. “Por eso han encontrado en la fórmula de la persecución penal el camino más expedito para apartarme del debate”.

Finalmente señala que la mayoría de los representantes a la Cámara y los senadores no han leído todo el expediente por lo que estarían tomando una decisión contraria al derecho y a la ley. Agrega que no se han valorado las pruebas presentadas por su defensa ni se le ha permitido esgrimir sus argumentos. 

Niegan tutela

Este viernes la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela presentada por el magistrado Pretelt con la que buscaba suspender provisionalmente el estudio de su caso en la Plenaria del Senado. Para el togado existía una violación al debido proceso y al derecho a la defensa.

Argumentaba que se había hecho caso omiso a los recursos de nulidad presentados por la Procuraduría General y las acciones de nulidad radicadas por su defensa. Estas solicitudes no fueron avaladas por el Tribunal que considera que existen otros escenarios para que se resuelvan sus recursos.

“Puede solicitar dichas nulidades ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, porque de admitirse la acusación su proceso será remitido ante el alto tribunal”, precisa el documento firmado por el magistrado Carlos Héctor Tamayo. En la decisión se considera que no se justifica la figura de “daño irremediable”.

En este punto, Pretelt Chaljub aseguró que de presentarse una eventual suspensión de su cargo. “No hay peligro porque la suspensión del cargo es una consecuencia de la admisión de la acusación”. 

El próximo jueves se definirá la suerte política del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país la Plenaría del Senado de la República definirá si el togado es "indigno" o no para continuar en el cargo.

Esto dentro del proceso que se le adelanta por presuntamente haberle solicitado al abogado Víctor Pacheco una suma cercana a los 500 millones de pesos para seleccionar para su estudio una acción de tutela presentada por Fidupetrol S.A. para tumbar una multa de $32 mil millones unterpuesta por la Corte Suprema.

El destino del magistrado está casi que establecido. Su estrategia de defensa ha perdido todos los rounds en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. (Ver El informe que dejaría en suspensión al magistrado Jorge Pretelt)

Uno de los golpes más duros fue cuando la Comisión de Instrucción del Senado rechazó la ponencia del senador José Obdulio Gaviria quien solicitaba anular todo lo actuado en este caso al considerar que se presentó una vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa. 

Con estos mismos argumentos el magistrado Pretelt presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que será retirado de su cargo y acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia sin que existan pruebas fehacientes en su contra. 

En el documento de nueve páginas el expresidente de la Corte Constitucional le solicita a la CIDH que le ordene al Senado “que antes de que se realice la votación del informe sobre la acusación en mi caso, se me confiera una oportunidad para poder presentar los argumentos de mi defensa”.

Asegura que hasta el momento la Plenaria no lo ha escuchado pese a las reiteradas peticiones por lo que “no podrá tomar una decisión imparcial sin haberlo hecho”. Igualmente pide que se resuelvan todas las recusaciones y solicitudes de nulidad presentadas por su defensa y la Procuraduría General.

“Solicitar al Congreso de la República que respete la Constitución y las leyes del país y por lo tanto que se adelante un juicio conforme a derecho, respetando las reglas del debido proceso, la justa valoración de las pruebas y la presunción de inocencia. Es indispensable que el Senado reconozca que está adelantando su función jurisdiccional y por lo que tanto está sometido a las reglas propias de un proceso judicial”, señala. 

En el extenso documento le pide a la CIDH que adelante las labores de vigilancia especial y acompañamiento en su juicio político con el fin que se respeten sus derechos procesal y se eviten irregularidades como las que se presentaron, en su concepto, en la Cámara de Representantes.

El magistrado considera que existe una evidente presión del Gobierno para sacarlo de su cargo y así garantizar que no se oponga a los proyectos de ley y otras medidas en el alto tribunal. “Por eso han encontrado en la fórmula de la persecución penal el camino más expedito para apartarme del debate”.

Finalmente señala que la mayoría de los representantes a la Cámara y los senadores no han leído todo el expediente por lo que estarían tomando una decisión contraria al derecho y a la ley. Agrega que no se han valorado las pruebas presentadas por su defensa ni se le ha permitido esgrimir sus argumentos. 

Niegan tutela

Este viernes la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela presentada por el magistrado Pretelt con la que buscaba suspender provisionalmente el estudio de su caso en la Plenaria del Senado. Para el togado existía una violación al debido proceso y al derecho a la defensa.

Argumentaba que se había hecho caso omiso a los recursos de nulidad presentados por la Procuraduría General y las acciones de nulidad radicadas por su defensa. Estas solicitudes no fueron avaladas por el Tribunal que considera que existen otros escenarios para que se resuelvan sus recursos.

“Puede solicitar dichas nulidades ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, porque de admitirse la acusación su proceso será remitido ante el alto tribunal”, precisa el documento firmado por el magistrado Carlos Héctor Tamayo. En la decisión se considera que no se justifica la figura de “daño irremediable”.

En este punto, Pretelt Chaljub aseguró que de presentarse una eventual suspensión de su cargo. “No hay peligro porque la suspensión del cargo es una consecuencia de la admisión de la acusación”.