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La tutela presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez para buscar su libertad tras ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria ya no sería resuelta por el magistrado Ramiro Riaño Riaño. El togado se declaró impedido para conocer del caso, pues en el pasado tuvo relación con el proceso contra el expresidente y ya había tenido que hacerse a un lado.
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Dentro de los argumentos que presentó el magistrado Riaño para dar un paso al costado en el caso tienen que ver con el actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, víctima dentro del caso Uribe. El alto funcionario era fiscal general en 2013, mismo año en el que nombró a la esposa del magistrado Riaño como fiscal local en Zipaquirá (Cundinamarca).
Aunque en febrero de este año Riaño presentó ese impedimento, ya había tomado una relación relacionada con el proceso del Álvaro Uribe. Por esa razón, Montealegre lo demandó. “Con ocasión de mi actuación en esa tutela, el abogado Dr. Luis Eduardo Montealegre Lynnet, el 18 de febrero siguiente, anunció ante distintos medios de comunicación, con gran despliegue nacional e internacional que acababa de presentar denuncia penal en mi contra, al estimar que mi comportamiento constituyó una conducta de presunto prevaricato”, dice el impedimento más reciente.
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Por esa misma razón, el magistrado Riaño se declaró impedido en al menos tres casos más que llegaron a su despacho, pero en los cuales estaba involucrado como parte o como abogado Eduardo Montealegre. El togado se refirió al trabajo que tuvo en la Fiscalía su esposa y dijo que podría estar impedido porque “desde mi fuero interno, estimo la existencia de una tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”.
Por otra parte, se refirió a la denuncia que puso Montealegre en su contra y expuso que “ese acto de denuncia me convierte en contraparte del prenombrado ciudadano, pues es la base del proceso penal y principal fuente de prueba de la Fiscalía”.
Mientras que el impedimento se resuelve, las decisiones relacionadas con la tutela presentada por la defensa de Uribe quedan en manos del magistrado Leonel Rogeles y la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero.
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