Magistrados estarían detrás de detrimento patrimonial

Ayer comenzó la primera batalla jurídica de Sandra Morelli, contralora general de la República, contra 13 magistrados y exmagistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado carrusel de pensiones en esta corte. Morelli deberá demostrar que los funcionarios nombraron como sus magistrados auxiliares a juristas que estaban ad portas de ser pensionados, con el fin de que sus pensiones se liquidaran con sueldos exorbitantes luego de un solo mes y hasta once meses de ocupar el cargo.

Además de recibir una pensión más alta, los presuntos responsables reliquidaron sus pensiones teniendo a favor una retroactividad que, en algunos casos, superaba los $120 millones. Para la Contraloría la conducta de estas personas es de tipo doloso y afectó el erario y el patrimonio de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Seguro Social, Cajanal en Liquidación y el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep). Aunque la Contraloría no compulsó copias a la Fiscalía, donde ya cursa una investigación por este caso.

En auto del 19 de noviembre de 2012, firmado por Carlos Umaña Lizarazo, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se cuantificó que el desangre al sistema de pensiones del país por parte de estos funcionarios asciende a un monto ini cial de $3.421 millones.

Entre los imputados se encuentran dos magistrados titulares de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: Julia Emma Garzón de Gómez y Henry Villarraga Oliveros. También está el actual gobernador del departamento del Cauca, Temístocles Ortega Narváez. En dicho auto se ordenó además cesar la acción fiscal y archivar el proceso de responsabilidad que se venía adelantando en contra de los magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora (quien está ternada para ocupar el cargo de procurador general de la Nación), Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Luz Elena Rodríguez Hurtado y Jorge Antonio Castillo Rugeles.

A los magistrados auxiliares Luis Evelio Hoyos Zapata, José Felipe Vidal Alzate, José Martín Hernández Maldonado, María Consuelo Concha García y Martha Isabel González de Toloza, también les fueron archivadas las investigaciones.

En este documento, conocido por El Espectador, se detallan las maniobras legales y el abuso que cometieron los magistrados con el régimen especial pensional al que tienen derecho, para otorgar una que otra “palomita”.

Para la Contraloría, esta imputación de responsabilidad fiscal supone un precedente para evitar que de un carrusel se pase a una montaña rusa de pensiones. Aunque en las versiones libres rendidas, cada uno de los imputados adujo que las razones por las cuales se había retirado del cargo en tan poco tiempo fueron enfermedad, afectación por el clima y situaciones personales por resolver, y si bien manifestaron que sus jubilaciones estaban bajo la ley, la Contraloría se la juega por una teoría: “que con apariencia de legalidad, los magistrados abusaron de las normas y direccionaron sus esfuerzos a la obtención de un beneficio individual que riñe con los principios de la Seguridad Social. Por lo tanto es plausible un abuso del derecho”.

Entre los casos más insólitos está el de Zilath Corrales Pérez, quien tenía derecho a una jubilación de $3 millones y pasó en tan sólo un meses a embolsillarse $13 millones. (ver infografía).

Ayer comenzó la primera batalla jurídica de Sandra Morelli, contralora general de la República, contra 13 magistrados y exmagistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado carrusel de pensiones en esta corte. Morelli deberá demostrar que los funcionarios nombraron como sus magistrados auxiliares a juristas que estaban ad portas de ser pensionados, con el fin de que sus pensiones se liquidaran con sueldos exorbitantes luego de un solo mes y hasta once meses de ocupar el cargo.

Además de recibir una pensión más alta, los presuntos responsables reliquidaron sus pensiones teniendo a favor una retroactividad que, en algunos casos, superaba los $120 millones. Para la Contraloría la conducta de estas personas es de tipo doloso y afectó el erario y el patrimonio de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Seguro Social, Cajanal en Liquidación y el Fondo de Pensiones Públicas de Nivel Nacional (Fopep). Aunque la Contraloría no compulsó copias a la Fiscalía, donde ya cursa una investigación por este caso.

En auto del 19 de noviembre de 2012, firmado por Carlos Umaña Lizarazo, jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, se cuantificó que el desangre al sistema de pensiones del país por parte de estos funcionarios asciende a un monto ini cial de $3.421 millones.

Entre los imputados se encuentran dos magistrados titulares de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: Julia Emma Garzón de Gómez y Henry Villarraga Oliveros. También está el actual gobernador del departamento del Cauca, Temístocles Ortega Narváez. En dicho auto se ordenó además cesar la acción fiscal y archivar el proceso de responsabilidad que se venía adelantando en contra de los magistrados José Ovidio Claros Polanco, María Mercedes López Mora (quien está ternada para ocupar el cargo de procurador general de la Nación), Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Luz Elena Rodríguez Hurtado y Jorge Antonio Castillo Rugeles.

A los magistrados auxiliares Luis Evelio Hoyos Zapata, José Felipe Vidal Alzate, José Martín Hernández Maldonado, María Consuelo Concha García y Martha Isabel González de Toloza, también les fueron archivadas las investigaciones.

En este documento, conocido por El Espectador, se detallan las maniobras legales y el abuso que cometieron los magistrados con el régimen especial pensional al que tienen derecho, para otorgar una que otra “palomita”.

Para la Contraloría, esta imputación de responsabilidad fiscal supone un precedente para evitar que de un carrusel se pase a una montaña rusa de pensiones. Aunque en las versiones libres rendidas, cada uno de los imputados adujo que las razones por las cuales se había retirado del cargo en tan poco tiempo fueron enfermedad, afectación por el clima y situaciones personales por resolver, y si bien manifestaron que sus jubilaciones estaban bajo la ley, la Contraloría se la juega por una teoría: “que con apariencia de legalidad, los magistrados abusaron de las normas y direccionaron sus esfuerzos a la obtención de un beneficio individual que riñe con los principios de la Seguridad Social. Por lo tanto es plausible un abuso del derecho”.

Entre los casos más insólitos está el de Zilath Corrales Pérez, quien tenía derecho a una jubilación de $3 millones y pasó en tan sólo un meses a embolsillarse $13 millones. (ver infografía).