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6 Dec 2022 - 10:52 p. m.

Magnicidio de Carlos Pizarro: cambio de fiscal estaría retrasando la investigación

Los abogados de la familia del candidato presidencial, asesinado en abril de 1990, señalan que el fiscal que había realizado importantes avances en el expediente fue enviado al Chocó justo en el momento que investigaba a exfuncionarios de inteligencia estatal que habría participado en el crimen.
Magnicidio de Carlos Pizarro: cambio de fiscal estaría retrasando la investigación

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representan judicialmente a la familia del asesinado candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, realizaron un grave pronunciamiento sobre la investigación que adelanta la Fiscalía de Francisco Barbosa sobre este importante expediente. Las dos organizaciones señalaron que la actual administración del ente investigador trasladó en mayo de 2021 al Chocó a Mauricio Ponce, quien hasta ese momento llevaba siete años a cargo del caso Pizarro, asesinado en abril de 1990.

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“(Su traslado) es un mecanismo de impunidad que atentaba contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Vemos con preocupación que el fiscal Ponce haya sido apartado de la investigación y enviado a Chocó mientras avanzaba en establecer la responsabilidad de Manuel Antonio González, exjefe de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la misma entidad. Sumado a esto, Mauricio Ponce había solicitado a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema investigar al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez”, señalaron la CCJ y el Cajar.

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Quien asumió la investigación fue Hugo Tovar Pérez, quien también tenía el caso de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y abusada sexualmente por paramilitares. Recientemente, Tovar fue nombrado como director en la Unidad de Derechos Humanos. Tovar tenía la función de continuar con esta investigación y, además, fungir como parte en el juicio contra el exescolta del DAS, Jaime Ernesto Gómez, quien fue acusado de participar en el magnicidio del candidato presidencial cuando iba en un avión con destino a Barranquilla.

“Hay que tener en cuenta que el traslado de fiscales debe contemplar la especialización y fortalezas adquiridas en el transcurso de la carrera del funcionario, y deben responder a criterios públicos y objetivos para que no se tornen contrarios a los intereses del proceso, especialmente cuando han adoptado decisiones en casos de graves violaciones a derechos humanos. Por estas razones, y basados en su trayectoria y experiencia en el grupo temático de magnicidios, además de sus conocimientos sobre los patrones criminales que los caracterizan, es que insistimos en la solicitud de que se restituya al fiscal Mauricio Ponce en el caso”, concluyeron los abogados de la familia Pizarro.

Una de las últimas acciones que adelantó el fiscal Ponce era intentar recoger el testimonio de un exmiembro de su esquema de seguridad que perteneció al DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia que desapareció en 2011. El hombre en cuestión es Óscar Castro*, quien fue contactado por el ente investigador hace pocos meses, con el fin de que aporte información sobre los hechos que rodearon el asesinato del entonces candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19.

Funcionarios de la Fiscalía lograron contactar a la familia de Castro, quien desde hace varios años es mercenario en Medio Oriente para grupos irregulares que suelen contratar a uniformados retirados de la fuerza pública colombiana, por su experiencia en contextos crudos de confrontación armada. Castro es uno de los hombres menos mencionados en el caso Pizarro, pero para el ente investigador su salida del esquema de protección días antes del homicidio se debe indagar. A su vez, trabajaba en la búsqueda de los nombres de las personas que se reunieron en un exclusivo hotel en Medellín para fraguar este y otros asesinatos que sacudieron al país en ese momento.

* El nombre del escolta fue cambiado para proteger la seguridad de su familia.

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Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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