Mancuso entuteló al Gobierno

Una inédita acción de tutela que busca la repatriación de nadie más ni nadie menos que del ex jefe paramilitar y miembro negociador del Estado Mayor de las Autodefensas, Salvatore Mancuso Gómez, ad portas de ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, suma un ingrediente más al nuevo pulso que libran la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno por cuenta de la extradición de narcoparamilitares colombianos a Estados Unidos.

A punto de cumplirse dos años de su envío a una cárcel federal en Virginia —junto con otros 14 comandantes paramilitares y ‘narcos’ colados—, argumentando que no permitirle su regreso a Colombia es “un golpe mortal” a las víctimas del conflicto, la sociedad civil, los ex combatientes y el Estado mismo, Salvatore Mancuso busca retornar al país para seguir expiando sus culpas y, según él, cumplir con lo dispuesto en la ley de Justicia y Paz.

De no ser posible su repatriación, Mancuso pide que le sean respetados sus derechos como negociador de las autodefensas y, en consecuencia, que el Gobierno de Colombia tramite un convenio bilateral con su homólogo de EE.UU. para que no pueda ser condenado a una pena superior a los ocho años de prisión, como lo estipuló la Ley de Justicia y Paz. Y que, además, se le compute como tiempo de condena los 24 meses que lleva preso en la cárcel Warsaw de Virginia, procesado por delitos de narcotráfico.

Arguye el extraditado comandante paramilitar, a través de su apoderado Jaime Alberto Paeres, domiciliado en Medellín, en una tutela de 97 páginas conocida por El Espectador, que es tan evidente la violación de sus derechos que la Corte Suprema de Justicia acaba de negar la remisión a EE.UU de los hermanos Freddy y Daniel Rendón Herrera, conocidos como El Alemán y Don Mario, así como de Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino.

Salvatore Mancuso sostiene que se vinculó a las autodefensas de Córdoba y Urabá que comandaban los hermanos Vicente y Carlos Castaño, y que al momento de su desmovilización, en diciembre de 2004, tenía bajo su mando el bloque Catatumbo, con 1.475 hombres en armas, y el bloque Córdoba, con 1.000 combatientes más. Esa condición de un grupo que tenía presencia en 700 municipios del país le permitió liderar el proceso de paz.

De acuerdo con él, desmovilizó a sus ejércitos, convenció a los demás miembros de las autodefensas de acogerse al proceso de Justicia y Paz y dejar las armas, erradicó cultivos ilícitos, hizo entrega de cuantiosos bienes para la reparación de las víctimas, expuso con lujo de detalles el modus operandi de los paramilitares, encendió su ventilador en contra de prestantes intocables y le permitió a las autoridades judiciales iniciar procesos penales, entre ellos el de la parapolítica.

Pero vino el 13 de mayo de 2008 y 14 jefes de las autodefensas súbitamente fueron extraditados para ser procesados por cargos de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. Una decisión que Mancuso calificó como “intempestiva, imprevisible y grotesca del Gobierno”. Un proceso que “sentó un mal precedente para futuras negociaciones de paz”, pues varios compromisos no fueron cumplidos.

Desde entonces, señala el jefe paramilitar en su tutela, no sólo carece de recursos técnicos, humanos y documentales para ayudar a reconstruir la verdad, sino que en las salas de audiencias de la Corte en Washington, tiene pocas posibilidades de hacerlo. “Con sus manos esposadas, maniatadas y encadenadas alrededor de su cintura que se las fijan a su cuerpo con candado”, como refiere su abogado, difícilmente puede reconstruir más de 10.000 hechos de guerra.

En cambio, insiste Mancuso, en Colombia sus versiones libres traían un ritmo de una cada mes. Desde su extradición sólo ha tenido cuatro audiencias. “Una simple regla de tres demuestra que en las condiciones en que se encuentra necesitaría más de 200 años para culminar sólo la etapa de imputaciones”, añade el abogado Paeres. Un entorno que definen como “una herida de muerte al proceso de Justicia y Paz” motivado por una “apreciación subjetiva del Presidente”.

En conclusión, Salvatore Mancuso dice que su extradición fue una deslealtad del Gobierno frente a los compromisos del proceso de paz y con ella se “lesionó de forma grave el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, constituyéndose en una afrenta al país, que también tiene el derecho inalienable y soberano de juzgar a las personas que han infringido la ley y a conocer la verdad como un patrimonio histórico para llegar a un verdadero nunca más”.

A buena hora vino a acordarse Mancuso de que la Ley de Justicia y Paz era una magnífica oportunidad para saldar sus cuentas judiciales con pocos años, con dos premisas: no delinquir más y confesar toda su barbarie. Pero no lo hizo a tiempo y, por el contrario, desde la cárcel siguió burlando la ley, nunca dejó sus andanzas como capo del narcotráfico, asociado a hombres como el italiano Giorgio Sale; admitió colar a otros ‘narcos’ en el proceso y quiso chantajear a la justicia con sus delaciones a medias.

Él lo sabía y al igual que Don Berna, Macaco, Cuco Vanoy, Hernán Giraldo, El Tuso Sierra o Jorge 40, jugaron a dos bandas blindándose en las cárceles mientras sus estructuras criminales deshacían a sus anchas, conservaban rutas y mantenían sus narcoemporios a la sombra. Desde el acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito en julio 2003, tuvieron cinco años de protagonismo. Incluso se dieron el lujo de echar discursos veintejulieros en el Congreso. De sus víctimas poco se acordaron.

Según Mancuso su tutela pretende que el presidente Uribe, el ministro Fabio Valencia y el fiscal (e) Guillermo Mendoza le restablezcan sus derechos al debido proceso, la buena fe, la confianza legítima y la administración de justicia, porque hoy no tiene esas garantías en EE.UU. Sin embargo, el Gobierno cree que atender esta reclamación no pasaría de ser un “innecesario desgaste judicial y administrativo”, cuando lo que hizo Mancuso y sus secuaces fue literalmente burlarse de ley y mentir con descaro.

La tutela fue radicada en el Tribunal de Bogotá el pasado 29 de abril. Una semana después fue contestada por la secretaría jurídica de Palacio y los argumentos están siendo valorados por la magistrada Marlenne Orjuela Rodríguez. Esta semana se conocerá su fallo. No obstante, todos anticipan que, cualquiera que sea el sentido de la sentencia, por vía de apelación este chicharrón lo resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

¿Se declarará impedida porque ella misma autorizó la extradición de Mancuso pero últimamente critica que se está extraditando la verdad? Lo cierto es que más pronto que tarde el asunto será examinado por la Corte Constitucional, donde van a terminar llegando las nuevas variables de la parapolítica. En el entretanto del habitual laberinto jurídico, Corte y Gobierno siguen trenzados en su disputa. Sin Fiscal a la vista, con el sol a las espaldas para el Presidente y varios magistrados, la lora de Salvatore Mancuso de nuevo atiza los escenarios del poder.

Primero reparación y luego extradición

Con la tesis de que la extradición de paramilitares socava el derecho de las víctimas a saber la verdad y lograr justicia y reparación por los crímenes cometidos por los desmovilizados de las autodefensas, la Corte Suprema de Justicia ha negado temporalmente la extradición de cuatro ex jefes paramilitares, hasta que cumplan los deberes mencionados en la Ley de Justicia y Paz. Pese a que los Estados Unidos los solicita por narcotráfico, al primero que se le negó la extradición fue a Luis Édgar Medina Flórez, alias Comandante Chaparro, desmovilizado del bloque Resistencia Tayrona de las Auc, en agosto de 2009. El siguiente, en febrero de este año, fue Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, ex comandante del bloque Héroes de los Montes de María. Los últimos fueron los hermanos Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Freddy Rendón Herrera alias, El Alemán, en abril y mayo del presente año.

Dos años después de la extradición

Después de que el Gobierno conociera supuestos actos delictivos que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y otros ex jefes de las autodefensas cometieron desde la cárcel, dio la orden de extraditarlos a los Estados Unidos. En un operativo militar, el 13 de mayo de 2008, se dio el traslado de los 14 ex comandantes paramilitares que se encontraban en cárceles de Itagüí, Barranquilla y Bogotá. Entre los afectados estuvieron Salvatore Mancuso, Guillermo Pérez , alias Pablo Sevillano; Martín Peñaranda, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Edwin Gómez, Diego Ruiz Arroyave, Eduardo Vengoechea, Hernán Giraldo, Nódier Giraldo, Manuel Torregrosa, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna; Francisco Zuluaga, alias Gordolindo, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Desde entonces afrontan procesos por narcotráfico y purgan sus penas en prisiones federales. 

Una inédita acción de tutela que busca la repatriación de nadie más ni nadie menos que del ex jefe paramilitar y miembro negociador del Estado Mayor de las Autodefensas, Salvatore Mancuso Gómez, ad portas de ser resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, suma un ingrediente más al nuevo pulso que libran la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno por cuenta de la extradición de narcoparamilitares colombianos a Estados Unidos.

A punto de cumplirse dos años de su envío a una cárcel federal en Virginia —junto con otros 14 comandantes paramilitares y ‘narcos’ colados—, argumentando que no permitirle su regreso a Colombia es “un golpe mortal” a las víctimas del conflicto, la sociedad civil, los ex combatientes y el Estado mismo, Salvatore Mancuso busca retornar al país para seguir expiando sus culpas y, según él, cumplir con lo dispuesto en la ley de Justicia y Paz.

De no ser posible su repatriación, Mancuso pide que le sean respetados sus derechos como negociador de las autodefensas y, en consecuencia, que el Gobierno de Colombia tramite un convenio bilateral con su homólogo de EE.UU. para que no pueda ser condenado a una pena superior a los ocho años de prisión, como lo estipuló la Ley de Justicia y Paz. Y que, además, se le compute como tiempo de condena los 24 meses que lleva preso en la cárcel Warsaw de Virginia, procesado por delitos de narcotráfico.

Arguye el extraditado comandante paramilitar, a través de su apoderado Jaime Alberto Paeres, domiciliado en Medellín, en una tutela de 97 páginas conocida por El Espectador, que es tan evidente la violación de sus derechos que la Corte Suprema de Justicia acaba de negar la remisión a EE.UU de los hermanos Freddy y Daniel Rendón Herrera, conocidos como El Alemán y Don Mario, así como de Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino.

Salvatore Mancuso sostiene que se vinculó a las autodefensas de Córdoba y Urabá que comandaban los hermanos Vicente y Carlos Castaño, y que al momento de su desmovilización, en diciembre de 2004, tenía bajo su mando el bloque Catatumbo, con 1.475 hombres en armas, y el bloque Córdoba, con 1.000 combatientes más. Esa condición de un grupo que tenía presencia en 700 municipios del país le permitió liderar el proceso de paz.

De acuerdo con él, desmovilizó a sus ejércitos, convenció a los demás miembros de las autodefensas de acogerse al proceso de Justicia y Paz y dejar las armas, erradicó cultivos ilícitos, hizo entrega de cuantiosos bienes para la reparación de las víctimas, expuso con lujo de detalles el modus operandi de los paramilitares, encendió su ventilador en contra de prestantes intocables y le permitió a las autoridades judiciales iniciar procesos penales, entre ellos el de la parapolítica.

Pero vino el 13 de mayo de 2008 y 14 jefes de las autodefensas súbitamente fueron extraditados para ser procesados por cargos de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales. Una decisión que Mancuso calificó como “intempestiva, imprevisible y grotesca del Gobierno”. Un proceso que “sentó un mal precedente para futuras negociaciones de paz”, pues varios compromisos no fueron cumplidos.

Desde entonces, señala el jefe paramilitar en su tutela, no sólo carece de recursos técnicos, humanos y documentales para ayudar a reconstruir la verdad, sino que en las salas de audiencias de la Corte en Washington, tiene pocas posibilidades de hacerlo. “Con sus manos esposadas, maniatadas y encadenadas alrededor de su cintura que se las fijan a su cuerpo con candado”, como refiere su abogado, difícilmente puede reconstruir más de 10.000 hechos de guerra.

En cambio, insiste Mancuso, en Colombia sus versiones libres traían un ritmo de una cada mes. Desde su extradición sólo ha tenido cuatro audiencias. “Una simple regla de tres demuestra que en las condiciones en que se encuentra necesitaría más de 200 años para culminar sólo la etapa de imputaciones”, añade el abogado Paeres. Un entorno que definen como “una herida de muerte al proceso de Justicia y Paz” motivado por una “apreciación subjetiva del Presidente”.

En conclusión, Salvatore Mancuso dice que su extradición fue una deslealtad del Gobierno frente a los compromisos del proceso de paz y con ella se “lesionó de forma grave el derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia, constituyéndose en una afrenta al país, que también tiene el derecho inalienable y soberano de juzgar a las personas que han infringido la ley y a conocer la verdad como un patrimonio histórico para llegar a un verdadero nunca más”.

A buena hora vino a acordarse Mancuso de que la Ley de Justicia y Paz era una magnífica oportunidad para saldar sus cuentas judiciales con pocos años, con dos premisas: no delinquir más y confesar toda su barbarie. Pero no lo hizo a tiempo y, por el contrario, desde la cárcel siguió burlando la ley, nunca dejó sus andanzas como capo del narcotráfico, asociado a hombres como el italiano Giorgio Sale; admitió colar a otros ‘narcos’ en el proceso y quiso chantajear a la justicia con sus delaciones a medias.

Él lo sabía y al igual que Don Berna, Macaco, Cuco Vanoy, Hernán Giraldo, El Tuso Sierra o Jorge 40, jugaron a dos bandas blindándose en las cárceles mientras sus estructuras criminales deshacían a sus anchas, conservaban rutas y mantenían sus narcoemporios a la sombra. Desde el acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito en julio 2003, tuvieron cinco años de protagonismo. Incluso se dieron el lujo de echar discursos veintejulieros en el Congreso. De sus víctimas poco se acordaron.

Según Mancuso su tutela pretende que el presidente Uribe, el ministro Fabio Valencia y el fiscal (e) Guillermo Mendoza le restablezcan sus derechos al debido proceso, la buena fe, la confianza legítima y la administración de justicia, porque hoy no tiene esas garantías en EE.UU. Sin embargo, el Gobierno cree que atender esta reclamación no pasaría de ser un “innecesario desgaste judicial y administrativo”, cuando lo que hizo Mancuso y sus secuaces fue literalmente burlarse de ley y mentir con descaro.

La tutela fue radicada en el Tribunal de Bogotá el pasado 29 de abril. Una semana después fue contestada por la secretaría jurídica de Palacio y los argumentos están siendo valorados por la magistrada Marlenne Orjuela Rodríguez. Esta semana se conocerá su fallo. No obstante, todos anticipan que, cualquiera que sea el sentido de la sentencia, por vía de apelación este chicharrón lo resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

¿Se declarará impedida porque ella misma autorizó la extradición de Mancuso pero últimamente critica que se está extraditando la verdad? Lo cierto es que más pronto que tarde el asunto será examinado por la Corte Constitucional, donde van a terminar llegando las nuevas variables de la parapolítica. En el entretanto del habitual laberinto jurídico, Corte y Gobierno siguen trenzados en su disputa. Sin Fiscal a la vista, con el sol a las espaldas para el Presidente y varios magistrados, la lora de Salvatore Mancuso de nuevo atiza los escenarios del poder.

Primero reparación y luego extradición

Con la tesis de que la extradición de paramilitares socava el derecho de las víctimas a saber la verdad y lograr justicia y reparación por los crímenes cometidos por los desmovilizados de las autodefensas, la Corte Suprema de Justicia ha negado temporalmente la extradición de cuatro ex jefes paramilitares, hasta que cumplan los deberes mencionados en la Ley de Justicia y Paz. Pese a que los Estados Unidos los solicita por narcotráfico, al primero que se le negó la extradición fue a Luis Édgar Medina Flórez, alias Comandante Chaparro, desmovilizado del bloque Resistencia Tayrona de las Auc, en agosto de 2009. El siguiente, en febrero de este año, fue Édwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino, ex comandante del bloque Héroes de los Montes de María. Los últimos fueron los hermanos Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Freddy Rendón Herrera alias, El Alemán, en abril y mayo del presente año.

Dos años después de la extradición

Después de que el Gobierno conociera supuestos actos delictivos que Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y otros ex jefes de las autodefensas cometieron desde la cárcel, dio la orden de extraditarlos a los Estados Unidos. En un operativo militar, el 13 de mayo de 2008, se dio el traslado de los 14 ex comandantes paramilitares que se encontraban en cárceles de Itagüí, Barranquilla y Bogotá. Entre los afectados estuvieron Salvatore Mancuso, Guillermo Pérez , alias Pablo Sevillano; Martín Peñaranda, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Edwin Gómez, Diego Ruiz Arroyave, Eduardo Vengoechea, Hernán Giraldo, Nódier Giraldo, Manuel Torregrosa, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna; Francisco Zuluaga, alias Gordolindo, y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Desde entonces afrontan procesos por narcotráfico y purgan sus penas en prisiones federales.