“El capítulo de los militares (...) va a ser más doloroso y traumático que el de la parapolítica”. Esa fue la contundente advertencia que hizo Salvatore Mancuso al presidente Álvaro Uribe en una carta que le envió el pasado 22 de marzo y que ahora se propone materializar entregando su testimonio ante un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Aunque la diligencia estaba prevista para mañana, finalmente quedó aplazada para mediados de julio.
Fuera de los trámites administrativos de rigor con la justicia norteamericana, Mancuso espera, antes de colaborar en este espinoso tema con las autoridades colombianas, avances en dos frentes que para él son cruciales: el primero es la seguridad de su familia, con la posibilidad de desplazarse a territorio norteamericano, y el segundo el proceso de entrega de bienes en virtud de la reparación de las víctimas de sus acciones criminales en Colombia y en virtud de las negociaciones con Estados Unidos.
No obstante, para la Fiscalía son claros y puntuales al menos los nombres de cuatro oficiales de alto rango por los cuales será interrogado Mancuso: los generales (r) Rito Alejo del Río, Iván Ramírez, Carlos Alberto Ospina Ovalle y Julio Charry Solano. Sobre el primero, los cuestionamientos y las acusaciones han sido tan serias que en marzo pasado la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que reabriera el caso que esa misma institución había precluido en 2004. Y es que aparte de Mancuso, Rito Alejo del Río, calificado en su momento como el ‘Pacificador de Urabá’, también ha sido señalado como colaborador de las Auc por los ex jefes de las autodefensas Hébert Veloza, alias H.H.; Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, y Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura.
Los cuestionamientos más fuertes en contra del general (r) Del Río se relacionan con sus actuaciones como comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Carepa, Antioquia, entre diciembre de 1995 y diciembre de 1997. Durante ese período las autoridades y varias ONG han documentado casos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario no sólo cometidos por parte de grupos paramilitares, sino por agentes del Estado.
Pero Mancuso fue más allá y dijo que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Del Río en la finca La 21, en San Pedro de Urabá, donde también estuvieron presentes Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias El Alemán, para tratar temas como la expansión paramilitar en Urabá. Sobre el general (r) Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien fue comandante del Ejército y de las Fuerzas Militares, Mancuso manifestó que durante su permanencia como Comandante de Brigada IV, con sede en Medellín, hubo colaboración de miembros de la Fuerza Pública con las autodefensas en casos como la masacre de El Aro, cometida en octubre de 1997 en el municipio de Ituango, Antioquia. En el hecho murieron 15 campesinos.
En el caso del general (r) Iván Ramírez, quien fue comandante de la Brigada XI, con sede en Montería, y luego jefe de inteligencia del Ejército, la Fiscalía interrogará a Mancuso sobre supuestas reuniones con ese oficial que le habría presentado al también general Alfonso Manosalva (fallecido), a quien también el extraditado ex paramilitar relacionó con la masacre de El Aro.
La Fiscalía indagará además a Mancuso por las supuestas reuniones y contactos que tuvo con el general (r) Julio Eduardo Charry Solano, ex comandante Brigada Móvil N° 1. Sin embargo, se prevé que el capítulo de los oficiales de menor rango podría ser más extenso. La supuesta colaboración brindada por los oficiales iba desde ubicación de tropas para evitar combates, hasta información de inteligencia relacionada con la subversión.
Por Redacción Judicial
