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El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, explicó de su propia voz el proyecto de ley que radicó el pasado 20 de julio en el Congreso, con el cual su cartera espera tener un novedoso modelo de sometimiento de estructuras criminales. De entrada, el jefe de cartera explicó que el sistema está planteado para tres tipos de agrupaciones y que se trataría de un proyecto que resultará atractivo para los miembros de las organizaciones criminales, por los beneficios ofrecidos, los cuales solo se otorgarán si se cumplen postulados relacionados con la reparación a las víctimas.
“El proyecto busca el desmantelamiento de estructuras al margen de la ley. Es un proyecto que trata de rescatar y hacer efectivo el principio constitucional a la paz, al cual tenemos derecho los colombianos. Simultáneamente, este proyecto de ley implica una política de restablecimiento del orden público y de la seguridad ciudadana. Se trata de desescalar la violencia en el país”, dijo Montealegre. El ministro, además, aseguró que su modelo tiene amplia inspiración en la justicia estadounidense y que busca unificar las propuestas mejores de las leyes que permitieron la desmovilización paramilitar y de las FARC.
El ministro agregó lo siguiente: “También es una lucha contra el narcotráfico, porque los presupuestos para entrar a la política de sometimiento son exigentes. La llave maestra, el primer paso para que alguien pueda negociar inicialmente, es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y luego la Fiscalía General de la Nación. En el acuerdo debe haber un compromiso completo de cese de actividades. El proyecto está planteado bajo una vieja idea de Virgilio Barco: ‘La mano tendida pero con el pulso firme’”.
Los primeros grupos a los que apunta el proyecto de sometimiento son las denominadas “estructuras al margen de la ley actores del conflicto armado”. Se trata de aquellas agrupaciones que tienen una capacidad de mando, que cuenta con voceros y que ejercen poder sobres los territorios. El ejemplo más claro otorgado por el ministro fue el del Clan del Golfo. “Sobre los primeros, las penas que se les están ofreciendo van a oscilar entre los cinco y los ocho años, y serán penas privativas de la libertad. Eso quiere decir que hay un mínimo de justicia retributiva y otro de justicia restaurativa”, dijo.
Los siguientes son los “grupos organizados al margen de la ley de alto impacto”, los cuales no son sujetos de algún tipo de justicia transicional. Para ejemplificar el tema, el ministro Montealegre habló de las bandas criminales del Valle de Aburrá, a las cuales el presidente Gustavo Petro les dio tarima y micrófono en un evento en La Alpujarra, en Medellín, el mes pasado. A favor de ellos, el proyecto planteó “rebajas de pena que van a oscilar entre el 40% y el 60% de la pena imponible o impuesta”. Por último, el proyecto apunta a las personas pertenecientes a grupos relacionados con la protesta social.
El proyecto de ley de sometimiento ofrece, además, que los grupos armados que intenten entrar al nuevo sistema mantengan hasta el 12% de los bienes que han obtenido a lo largo de su carrera criminal. Sobre ello, Montealegre explicó que “nosotros tenemos una experiencia parecida en la ley de extinción de dominio. Creo que está planteado el porcentaje del 6%, que fue debatido y aprobado por el Congreso, y que recoge un poco la experiencia norteamericana, la cual está basada en el pragmatismo. Su orientación analítica es así. Tiene que haber un estímulo para la entrega de los bienes”, concluyó.
Por último, el ministro Montealegre envió un mensaje a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual el viernes pasado dio su concepto negativo al proyecto, en el sentido de que, en su consideración, le faltó diálogo y discusión con otros sectores. Sobre esto, el jefe de cartera dijo lo siguiente: “Este proceso de deliberación sobre modelos de justicia transicionales y sobre los modelos de imputación que trae el proyecto de ley, empezaron hace más de 50 años”.
