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El 13 de febrero de este año, el presidente Iván Duque encabezó la posesión como fiscal general de un gran amigo suyo, compañero de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda y aliado en su gobierno desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: Francisco Barbosa Delgado: “Destaco en usted las distintas facetas de su vida en el derecho (…) su acuciosidad como investigador; haber publicado el primer libro de manual de litigio interamericano, para mí, muestra su carácter de pionero en los estudios del derecho de los derechos humanos en Colombia”. Duque también lo llamó “el fiscal general más joven”, aunque Alfonso Valdivieso tenía la misma edad, 46 años, al llegar al cargo. (Las cuatro promesas que hizo Francisco Barbosa a la Corte Suprema para ser fiscal)
Ese día, el fiscal salió de la Casa de Nariño para su nueva oficina y empezó a tomar decisiones en propiedad. Una de las primeras fue firmar la resolución 00181, con la cual, palabras más, palabras menos, confirmó que una de las funcionarias más importantes, y poderosas, de su administración es Marcela Yepes Gómez, a quien asignó como su directora ejecutiva. Con ese documento, el fiscal mantuvo sus facultades “para expedir los actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas del vicefiscal general de la Nación y de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, que son, al fin de cuentas, los funcionarios que toman las decisiones de los casos más sensibles del ente investigativo.
Acto seguido, Barbosa enunció las nuevas funciones de su directora ejecutiva. Para empezar: “Reubicar los empleos de la Fiscalía General de la Nación”. Barbosa delegó a Yepes tareas que antes fueron, habitualmente, competencia del fiscal general, como “expedir los actos administrativos” (es decir, dar luz verde) para movimientos de personal, como traslados, comisiones de estudios dentro del país o en el exterior, comisiones interinstitucionales, aceptación de renuncias, encargos en vacantes definitivas, comisiones para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción.
En otras palabras, con excepción del vicefiscal y los delegados ante la Corte, Yepes puede quitar o poner a cualquier funcionario del organismo investigativo. “Esa resolución le otorga un inmenso poder al director ejecutivo, independiente de la persona que sea. Es la máxima política sobre concentración de poder”, le dijo a este diario un antiguo funcionario de la Fiscalía, que conoce bien de los manejos internos del ente. Según esta fuente, “de esas facultades delegadas hay una sobre la que hay que tener mucho cuidado; vale decir, la posibilidad de reubicar a los fiscales. Ello podría prestarse, si se usa mal, para quitar fiscales de las investigaciones delicadas”. (La trasescena de la elección del fiscal)
Otra fuente consultada por este diario, que también trabajó en la Fiscalía, señala que, tradicionalmente, con base en conceptos como independencia judicial y autonomía, solo el fiscal general tenía la potestad de sacar a un fiscal de un proceso para así asignárselo a otro funcionario. “Por la puerta de atrás se podría reubicar a un fiscal, para que llegue alguien específico a una investigación determinada”, dice. El fiscal, por su parte, ha prometido que su administración será transparente. Lo que queda claro, sin embargo, es que en esta administración la Dirección Ejecutiva tendrá un papel protagónico, como tal vez nunca lo había tenido. Y en ella, Marcela Yepes Gómez está a la cabeza.
El poder que ella viene representando ya lo han documentado algunos medios de comunicación. El 3 de febrero de 2020, diez días antes de que Barbosa se posesionara y le diera a Yepes estas facultades, el portal La Silla Vacía publicó un artículo sobre ella y su esposo, el contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte, titulado “La pareja superpoderosa”. Cuando Barbosa fue elegido fiscal en la Corte Suprema de Justicia, el enero 30 de este año, fuentes de alta credibilidad le dijeron a este diario que Córdoba, quien tiene buena imagen entre varios magistrados del alto tribunal, fue un motor para esa selección. Se sabe también que en la Contraloría trabaja Walfa Téllez Duarte, esposa de Barbosa.
El propio contralor ha explicado ya que Téllez trabaja allí porque fue profesora suya y porque la conoce de hace tiempo, mucho antes que al mismo Barbosa. Pero más de uno notó que, en sus primeras palabras ante medios de comunicación, recién nombrado, Barbosa elogió a la Contraloría. En pocas ocasiones —o tal vez ninguna— un fiscal general estrenándose lo había hecho: “La Contraloría (…) ha hecho una tarea importante en la denuncia de la corrupción”, dijo el pasado 30 de enero desde la sede de la Corte Suprema. Y, desde que empezó la crisis en el país por el nuevo coronavirus, Barbosa y Córdoba han salido juntos a dar avisos a la opinión pública. Algo, de nuevo, poco usual. (Ponerle fin a Justicia y Paz, la propuesta del fiscal Francisco Barbosa)
Marcela Yepes llegó a la Fiscalía el 5 de febrero de 2007 como directora administrativa y financiera de la seccional Pereira. Es economista empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales e hija del cacique conservador caldense Ómar Yepes. En la página institucional de la Fiscalía, en un artículo titulado “Fiscal general anuncia primer equipo de colaboradores”, se lee que Yepes “completó trece años de servicio ininterrumpido” en el ente investigador, pero aunque sí empezó en 2007, el 7 de junio de 2011 ella se posesionó como gerente administrativa y financiera de la Contraloría General de la República; es decir, para trabajar de la mano de Sandra Morelli.
Ese dato aparece en la hoja de vida que ella misma presentó cuando aspiraba a ser la directora ejecutiva de administración judicial, una posición que maneja un presupuesto anual superior a los $4 billones. Allí también se lee que en la Contraloría no duró mucho: se retiró en junio de 2012, justo antes de que su esposo se posesionara como vicecontralor de Morelli. Él tampoco estuvo mucho tiempo allí. Las irregularidades por el contrato de arrendamiento que tomó la Contraloría para su sede principal, que terminó en un llamado a juicio para Morelli —que aún no se ha terminado— salpicó de algún modo a su esposa. Ella, por su parte, ya estaba de regreso en la Fiscalía, como directora nacional administrativa y financiera.
En 2017, Yepes pasó a la Dirección de Control Interno y, según la revista Semana, al estar en ese cargo, el fiscal Néstor Humberto Martínez le designó una espinosa tarea en 2019: auditar todas las salas de interceptación del sistema Esperanza. Esa fue la génesis de un escándalo que vendría después, cuando se descubrió que desde esa plataforma se habían interceptado números de personas que no estaban bajo ninguna investigación. Según la publicación periodística, el 3 de mayo del año pasado, alguien disparó un proyectil calibre nueve milímetros contra el carro blindado de Yepes y, encima de todo, gente de la Fiscalía habría buscado a los funcionarios de la Policía para que alteraran el dictamen forense del atentado.
Yepes fue funcionaria clave de las administraciones Montealegre y Martínez, aunque ambos fiscales se reservaron la competencia de poder trasladar funcionarios de la institución según su propio criterio. Ahora, con Barbosa al mando del ente investigativo, Yepes tendrá en sus manos una parte importante de lo que implica el control de la Fiscalía. El Espectador le envió algunas preguntas al respecto desde el pasado viernes 10 de abril, pero, al cierre de esta edición el lunes 13 de abril en la noche, la alta funcionaria no había respondido.
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