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Esta semana, la organización social y política Marcha Patriótica, lanzó su más reciente informe sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos en Colombia, y especialmente, entre sus militantes y otros líderes sociales. El diagnóstico fue claro: a la par de una reducción de las muertes en medio del conflicto armado, se dio un incremento “exponencial” de víctimas civiles por sus actividades socio políticas.
El análisis, que cobija el período de agosto 2016 hasta el 29 de enero de 2017, señaló que el incremento de la violencia contra líderes sociales y activistas políticos, “tiene una relación directamente proporcional con los avances del Proceso de Paz y la negativa de sectores de la ultraderecha a permitir que dicho proceso se materialice”. Según la organización, serían 419 los atentados adelantados en este período de tiempo.
La comisión designada por la Marcha Patriótica señaló que hubo 317 violaciones a los derechos humanos que presuntamente, habrían sido cometidas por “grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo”. Además, documentaron 102 supuestas infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos. Dichos ataques, señaló la organización, serían responsabilidad de la fuerza pública y grupos paramilitares.
De acuerdo al informe, en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Valle fue en donde más violaciones a los Derechos Humanos se presentaron. En Antioquia, la mayor cantidad de atentados se vivió en el mes de septiembre. Según el documento, “estas afectaciones fueron dirigidas contra las comunidades que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, como los integrantes de la Mesa Minera de Segovia” y habrían sido causadas por miembros de la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Por su parte, en Cauca los ataques se concentraron en el mes de noviembre, mientras que en Chocó, las acciones contra la vida e integridad de los activistas sociales se concentraron en enero, mes en el que dicho sea de paso, los asesinatos se incrementaron en relación a los cuatro meses anteriores.
En informe relató además que “las acciones que más se han presentado contra los líderes, organizaciones y comunidades son las amenazas, asesinatos, seguidos por los seguimientos y hostigamientos”. Los datos que la comisión de la Marcha Patriótica recogió a través de denuncias de la comunidad y de organizaciones veedoras del cese al fuego, le permitieron a dicho grupo establecer en noviembre y octubre hubo un mayor número de amenazas.
Respecto a los responsables, la Marcha Patriótica reiteró su preocupación por la presunta existencia de grupos paramilitares que estarían detrás de los atentados. La mitad de los hechos tendrían un autor no identificado, mientras que el 27% habrían sido realizados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –o clan del Golfo–, seguidos por AUC. El 8% restante se distribuyó en varios grupos de distintas denominaciones.
La comisión llamó la atención también sobre los “altos grados de impunidad que se mantienen en algunos departamentos, la falta de investigaciones efectivas e intervenciones integrales”, lo que incentivaría “a que los victimarios continúen con la comisión de prácticas criminales”.
Por ello, para Marcha Patriótica se está “configurando un escenario de persecución y violencia similar al del genocidio de la Unión Patriótica”. Dicha afirmación la sustentan, más allá de los asesinatos, amenazas y agresiones contra los líderes sociales y defensores de derechos, en el discurso del gobierno en medios de comunicación, en el que las autoridades, incluidos el ministro de Defensa, del Interior y el Fiscal General, niegan la relación de los hechos con móviles políticos.
Por ello, en el capítulo final el movimiento político hace un llamado a la necesidad de depurar “instituciones, entes de control, el aparato militar, los órganos de toma de decisión del país” con el fin de acabar con el pos paramilitarismo en el país.
Además, plantean la urgencia de desclasificar los archivos de inteligencia empleados por la fuerza pública que hablen sobre el “enemigo interno”, así como la puesta en marcha inmediata de la Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva para los defensores de derechos humanos.