'María del Pilar Hurtado no es ninguna perseguida política'

María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, tenía un asilo político en Panamá desde 2010. / ‘Semana’

A menos de dos meses de la elección de Juan Carlos Varela como nuevo presidente de Panamá —y faltando 15 días para la segunda vuelta presidencial en Colombia— la Corte Suprema de Justicia de Panamá tomó una decisión que seguramente repercutirá en el panorama político de ambos países. De acuerdo con el diario La Prensa de Panamá, ese alto tribunal declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el entonces presidente Ricardo Martinelli le concedió el 19 de noviembre de 2010 el asilo político a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, investigada en Colombia por las interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y políticos de oposición, durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Con ocho votos a favor y un salvamento, la Corte panameña concedió la demanda interpuesta en noviembre de 2010 por los abogados Paulo Vega y Ángel Álvarez contra el mencionado decreto, pues argumentaron que Hurtado no era víctima de ninguna persecución política —como ella lo aseguraba—, sino una investigación penal por “delitos comunes”. “Ella no se encuentra en la categoría de perseguido político y debe sujetarse al control constitucional del estado democrático de derecho”, señaló Álvarez en conversación con El Espectador. Respecto al escándalo de las ‘chuzadas’, el abogado señaló que esa infiltración “ponía en peligro la independencia judicial y, por ende, la democracia de ese país (en referencia a Colombia)”.

Y añadió el abogado: “Mal podríamos nosotros como Estado y como nación patrocinar o, de alguna forma, hacernos cómplices de ese tipo de comportamiento”. Por eso celebró la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá y explicó que el siguiente paso es notificarla al canciller, el director del Servicio Nacional de Migración, a la Policía Nacional y al presidente. Precisamente, es este último quien, de acuerdo con el decreto derogado, debe definir el estatus de la exdirectora del DAS, debido a que el documento señala que ésta no puede perder su condición de asilada sino por “orden del órgano ejecutivo o por renuncia expresa de la persona que lo ostenta”. Aun así, Álvarez señala que la decisión del alto tribunal “es definitiva y no procede ningún recurso”.

Por lo pronto, la pelota está en el campo del nuevo presidente panameño, Juan Carlos Varela. El pasado 27 de mayo el saliente presidente, Ricardo Martinelli, sostuvo que “le tocará al próximo gobierno decidir qué hace con ella”. Esto en referencia del gobierno de Varela, que empezará oficialmente el próximo 1° de julio. Varela ya ha dicho que revisará el estatus de Hurtado, aunque —hasta ahora— no se ha pronunciado, puntualmente, respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, en Colombia la Fiscalía se apresta a presentar una nueva solicitud de extradición después de que la Corte Suprema de Justicia negara el requerimiento hecho por el Ministerio de Justicia, porque —en su criterio— debía ser el ente investigador y no el Gobierno el que la presentara.

Esta solicitud ya ha generado controversias entre las campañas del candidato-presidente Juan Manuel Santos y el candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Santos indicó, en entrevista con Canal Capital, que le había dicho a Juan Carlos Varela que “le iba a pedir que mandara a esta doctora, porque el pueblo colombiano tiene derecho a conocer la verdad. Esa verdad no se puede seguir escondiendo”, a lo que el expresidente y senador electo por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, respondió que esos “son los cambios del presidente Santos. Inicialmente no se opuso a ese asilo y ahora pide la extradición”.

La Corte Suprema de Justicia procesa a Hurtado y al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, por su presunta participación en las mencionadas interceptaciones ilegales del DAS. Varios testigos —entre ellos el exdirector de Inteligencia del DAS, Fernando Tabares— han señalado que Hurtado era quien ordenaba los mencionados seguimientos por mandato de la Casa de Nariño. Lo cierto es que en estos momentos Hurtado está en territorio panameño con el estatus de ilegalidad y perdió el amparo que recibió en 2010.