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El Consejo de Estado admitió la demanda presentada por la senadora del Cento Democrático, María Fernanda Cabal, que busca dejar sin efecto el decreto del Ministerio de Justicia con el que se le quitó poder al alto tribunal de conocer tutelas contra el presidente de la República. El presidente Gustavo Petro y el ministro Eduardo Montealegre ya fueron notificados.
En contexto: Montealegre quita a Consejo de Estado capacidad de estudiar tutelas contra PetroDe acuerdo con la demanda presentada por la senadora y precandidata presidencial, quitarle ese poder a la alta corte y dejarla en manos de jueces del circuito es una medida "inconstitucional y representa una amenaza directa al equilibrio de poderes".
Cabal manifiesta en su demanda que la expedición del decreto firmado por Montealegre “constituye una clara extralimitación del poder reglamentario del Ejecutivo, vulnerando varios preceptos constitucionales como el principio de legalidad, juez natural, debido proceso, reserva de ley y separación de poderes”. Según ella, debe ser la alta corte la que conozca de los asuntos relacionados con el jefe de Estado.
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“Asuntos de alta relevancia como las actuaciones del Presidente de la República en temas de seguridad nacional, políticas públicas, erradicación de cultivos ilícitos, o decisiones administrativas de alto impacto, exigen una intervención judicial por parte de órganos que refuercen la desconcentración de la justicia, mantengan la jerarquía funcional y aseguren la unificación jurisprudencial”, reza en la demanda de 15 páginas.
De acuerdo con la demanda de la senadora, “el Consejo de Estado, como supremo tribunal de lo contencioso administrativo, no solo reúne las condiciones técnicas, profesionales y éticas requeridas, sino que también está institucionalmente habilitado para conocer de primera mano las acciones de tutela contra el Presidente de la República”.
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Dice la congresista de oposición que “el Decreto 0799 de 2025 encubre un propósito ilegítimo: interferir políticamente en la función judicial de control al poder, desviando así la finalidad constitucional de la norma habilitante”. Por eso, pidió la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, mientras que el alto tribunal toma una decisión de fondo.
Tras conocer que el alto tribunal admitió el documento, la senadora complementó que “este acto busca impedir que las acciones judiciales contra el Presidente sean conocidas por los magistrados más preparados del país, trasladando ese control a despachos sin la misma capacidad técnica ni garantías de independencia”.
Esta es la demanda presentada por Cabal:
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