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Héctor Germán Buitrago Parada, conocido en el mundo criminal con el alias de “Martín Llanos”, tiene una nueva condena a cuestas. Esta vez, por 17 crímenes que ordenó entre 2003 y 2004, cuando era uno de los máximos líderes de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Además de él, su hermano, Nelson Orlando; y otros dos exjefes paramilitares fueron condenados por un juez penal de Yopal (Casanare).
De acuerdo con las pruebas que recolectó la Fiscalía en el caso en contra de los exjefes paramilitares, hubo “una directriz impuesta por los máximo cabecillas de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC) a las diferentes estructuras armadas a su cargo”.
Lo que debían hacer, según el ente investigador era “identificar y actuar violentamente en contra de toda persona que, en su concepto, se opusiera o denunciara las actividades delictivas que realizaban en la región, por presuntamente colaborar con grupos armados y por control social del territorio”.
En medio de acatamiento de las ordenes criminales, dice la Fiscalía, “15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecidas, entre ellas una joven de 16 años de quien a la fecha se desconoce su paradero”. Todos estos hechos, de acuerdo con las pruebas recopiladas, ocurrieron entre 2003 y 2004 en Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal (Casanare).
La responsabilidad de estos hechos, determinó la justicia, es de Héctor Germán y Nelson Orlando Buitrago Parada, conocidos como “Martín Llanos” y “Caballo”, respectivamente. También de Josué Darío Orjuela Martínez, alias “Solín”; y de Héctor Gregorio Hernández León, alias “Pocholo”, todos jefes principales de la ACC.
Estos hombres aceptaron su responsabilidad y se acogieron a sentencia anticipada. Por eso, un juez penal condenó a los hermanos Buitrago Parada y a Orjuela Martínez a 26 años y 8 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Por otra parte, a Hernández León se le impuso condena de 17 años y 11 meses de prisión por homicidio agravado.
En el fallo también se les impuso a todos “el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales a favor de los familiares de cada víctima”.
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