“Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerra del Frente Comuneros del Sur del Ejército de Liberación Nacional”, dijo el presidente Gustavo Petro el pasado 5 de abril, en la ciudad de Pasto (Nariño), durante la entrega de armas de ese grupo ilegal, uno de los que más avanza en las negociaciones de paz con el Gobierno.
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En contraste, en Ipiales, a poco más de 81 kilómetros de la capital, y en la frontera entre Colombia y Ecuador, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de los enfrentamientos entre los Comandos de Frontera y otro grupo ilegal que aún no ha sido identificado, que ya reporta cientos de desplazamientos y vulneraciones de derechos humanos. Una realidad que quedó en segundo plano con el anuncio del jefe de Estado.
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La situación es grave en zona rural de Ipiales, desde el 2 de abril, cuando se presentaron los primeros enfrentamientos entre los Comandos de Frontera y otra estructura armada en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos. Los hechos afectaron a los habitantes de los consejos comunitarios Nueva Esperanza, Nuevo Renacer, Liberación y Futuro.
También a comunidades de los pueblos indígenas Nasa, Awá, Inga y Kofán. La situación se extendió hasta la frontera con el departamento del Putumayo, donde la Defensoría del Pueblo reportó desplazamientos masivos, confinamientos y “alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de comunidades negras, indígenas y campesinas” de los municipios de Valle del Guamuez y Orito.
La entidad también advirtió sobre la desaparición de al menos ocho personas, una denuncia que luego fue reafirmada por las organizaciones Pensamiento y Acción Social (PAS) y la Asociación de Consejos Comunitarios Afro-amazónicos de las Riberas del río San Miguel (Asoccafrain).
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Por medio de un comunicado, esta última corporación señaló que los combates en los territorios colectivos afrodescendientes de Ipiales ya dejan a dos personas muertas, y ocho desaparecidas; otras 189 se han desplazado. Mientras tanto, datos entregados por las autoridades del Putumayo a la Defensoría del Pueblo señalan que en ese departamento hay 113 personas desplazadas: 93 en Valle del Guamuez y 20 en Orito.
Para atender la situación, ayer hubo un consejo de seguridad virtual, presidido por Alexander González, secretario de Derechos Humanos de Nariño, Félix Henao y Amílcar Pantoja, alcaldes de Tumaco e Ipiales. La Defensoría ha advertido que aún no se sabe qué grupo armado o delincuencial se estaría enfrentando con los Comandos de Frontera en esos departamentos que limitan con Ecuador.
Fuentes del Ejército Nacional dijeron que las autoridades tampoco tienen certeza de qué estructura sería. “Una primera hipótesis indica que podría ser el grupo armado Los Choneros, con área de injerencia en Ecuador, u otro GAO (grupo armado organizado) que delinque en el Putumayo”, indicaron desde la institución a El Espectador.
Los Choneros es una organización criminal que tiene al menos 35 años de existencia. Según las autoridades ecuatorianas, al cierre de 2024 tenía a aproximadamente 12.000 integrantes en cárceles y pandillas. Empezó hacia 1990, como una banda local en la Provincia de Manabí, al occidente de Ecuador.
En 2011, parte de sus líderes fueron capturados y empezaron a operar desde distintas cárceles, usando los centros penitenciarios como bases de operaciones desde donde facilitaban los negocios de narcotráfico a otras organizaciones criminales internacionales. De allí su interés en la estratégica frontera entre Colombia y Ecuador, clave para la siembra de cultivos de uso ilícito y el tráfico internacional de drogas.
Según cifras del Ministerio de Justicia, en 2024 Nariño y Putumayo sumaron 115.331 hectáreas de cultivos de coca (64.989, y 50.342 hectáreas, respectivamente). Esa es también la razón por la que los Comandos de Frontera se disputan el control territorial de la frontera.
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Este grupo armado que surgió en 2017 tras una alianza entre los frentes 32 y 38 de las antiguas Farc, con la Constru, un grupo ilegal otrora integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia, tiene influencia en los departamentos Amazonas, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo. Cinco de los siete sobre los cuales el pasado 21 de enero la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana por inminencia de confrontaciones entre grupos a armados como las disidencias de las Farc.
“Respecto de Comandos de la Frontera debe señalarse que, el 9 de agosto de 2024, incursionaron aproximadamente 150 de sus integrantes a los centros poblados de las veredas Yurilla y La Florida del corregimiento de Mecaya de Puerto Leguízamo. Los hombres fuertemente armados sometieron a las comunidades a tratos degradantes, amenazas y señalamientos de ser colaboradores de los otros grupos armados, procediendo a asesinar a un campesino de la zona”, reseñó la Defensoría en esa misma alerta. Pese a que la entidad hizo recomendaciones a instituciones como los ministerios del Interior y Defensa, la Unidad para las Víctimas y la Fiscalía, en su más reciente pronunciamiento reiteró el llamado que ha sido desatendido.
“Exhortamos a las autoridades nacionales y departamentales a reforzar de manera urgente la presencia institucional en la región, garantizar la protección de las comunidades y brindar atención humanitaria adecuada y oportuna a las personas desplazadas y confinadas”, señaló la Defensoría. Las Fuerzas Militares indicaron que, en este momento, mantienen su presencia en la región para atender la situación, con 5.244 y 8.968 uniformados en Putumayo y Nariño.
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Por ahora no hay pronunciamientos al respecto de parte del Gobierno Nacional, pese a la insistencia de organizaciones de derechos humanos y comunidades para que las autoridades, además de poner el foco sobre la dejación de armas de hombres de Comuneros del Sur, también pongan la mirada unos kilómetros más cerca de la frontera con Ecuador y atiendan la situación a tiempo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
