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A plena luz del día del pasado lunes 3 de marzo, cuando paseaba en bicicleta por el exclusivo sector de los bosques de Palermo en Buenos Aires, al llegar al cruce de Figueroa Alcorta y Dorrego, el colombiano Carlos Alberto Gutiérrez Camacho fue asesinado a tiros por dos sicarios que se movilizaban en una moto. En una ciudad en la que por estos días el seriado Escobar, el patrón del mal tiene el más alto rating de sintonía en la televisión, la noticia cayó como una bomba. Ahora preocupa que la realidad de la violencia en el narcotráfico esté superando a la ficción, y que se viva en carne propia en Argentina.
Según las autoridades judiciales de ese país, con base en los registros migratorios, Gutiérrez Camacho visitaba Argentina desde 1997, pero desde 2011 vivía casi de manera permanente en Buenos Aires. Aunque decía que su trabajo era de fotógrafo freelance y estaba registrado como “monotributista clase B”, habitaba en sectores residenciales de la ciudad. Con una particularidad: cambiaba de domicilio cada seis meses. Recientemente lo hacía en Recoleta y, pagando un costo de 8.000 pesos argentinos mensuales, desde hace algunas semanas residía en la costosa zona de Vicente López.
Hasta el momento, las únicas pistas confiables son el testimonio de Solange Trujillo, una joven de 22 años que acompañaba a la víctima y que se recupera en un hospital tras resultar herida de dos disparos de una pistola calibre .380, la inspección judicial al apartamento en el que Gutiérrez residía y en el cual se recaudaron elementos de prueba, la supuesta presencia de una tercera persona en el sitio de los hechos que la joven identificó como El Diablo, y la confirmación de la Policía colombiana de que la víctima tenía antecedentes procesado por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.
Si se confirma la información de la prensa argentina, según la cual las huellas dactilares de Gutiérrez Camacho coinciden con las del condenado en Colombia, se trataría de un personaje asociado a la banda criminal de los Nevados, y más concretamente a Germán Gerardo Bernal Cajíao, alias Rojo, un sujeto detenido en Bogotá en mayo de 2008. Esta organización criminal surgió hacia el año 2006, cuando entró en crisis el proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno Uribe, y los narcoparamilitares Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera la crearon con desmovilizados de distintos frentes.
Con exparamilitares de Jorge 40 y Hernán Giraldo —presos en EE.UU.— y otros sujetos de frentes de Arauca, Córdoba, Valle, Norte de Santander y Antioquia, la banda criminal de los Nevados, sumada a la de los 40, se convirtió en una amenaza particular para las autoridades. Tanto así que en ese momento el propio presidente Álvaro Uribe ordenó desmantelarla cuanto antes. Los hermanos Mejía Múnera, conocidos como los Mellizos, cayeron en 2008. Víctor Manuel fue dado de baja en Tarazá (Antioquia) y Miguel Ángel capturado en Honda (Tolima) y extraditado a EE.UU. en marzo de 2009.
Aunque las autoridades han asestado otros golpes a la banda de los Nevados en los últimos años, en el reciclaje del narcotráfico se han detectado cruces y alianzas con otras organizaciones similares, todas ellas de extracción paramilitar. Es en este ajedrez del crimen organizado donde se advierte que, ante el acecho de las autoridades en Colombia, sus principales líderes y enlaces han buscado refugios en otros países a donde además puedan extender sus actividades, especialmente el lavado de activos. Una realidad que ya no puede ocultarse en Argentina, donde los hechos hablan por sí mismos.
Está claro que desde finales de los años 90 empezó la migración de narcotraficantes y lavadores al sur del continente, pero 2008 marca un punto de partida por un caso concreto: ese año se entregó a la DEA en Buenos Aires el narcoparamilitar Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, heredero de la tenebrosa Oficina de Envigado, una organización criminal creada desde los tiempos de Pablo Escobar con un método peculiar: cobrar “tributos” a todo aquel que quisiera incursionar en cualquier actividad delictiva. A la muerte de Escobar, la Oficina la heredó Diego Murillo, alias Don Berna, extraditado a EE.UU. en 2008.
Cuando el proceso de paz entre las autodefensas y Uribe entró en crisis y Don Berna quedó situado en el pabellón de los extraditables, la lucha por el poder en la Oficina de Envigado y otras organizaciones narcoparamilitares puso en retirada a muchos capos y sicarios. Uno de ellos fue Rogelio y su entrega a la DEA desencadenó venganzas. El 29 de julio de ese 2008, en el estacionamiento subterráneo de Unicenter Mall, al norte de Buenos Aires, fueron asesinados a tiros los colombianos Héctor Duque Ceballos y Alexánder Quintero Gardner. Pronto se supo que fueron crímenes relacionados con esa guerra.
Durante la investigación judicial de las autoridades argentinas, en el domicilio que ocupaba Duque Ceballos se encontraron pasaportes falsos y credenciales del Ejército. Con el tiempo se supo que este personaje, apodado Monoteto, era la mano derecha de la banda criminal conocida como la Cordillera, liderada por Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, también extraditado en 2008. La orden provino de Jorge Mario Pérez Marín, alias Morro, uno de los lugartenientes de Don Berna. Quedaban claros los enfrentamientos entre antiguos socios del paramilitarismo y nuevos asociados del narcotráfico.
En noviembre de 2009 se repitió la historia en Buenos Aires. Cuando esperaba a un familiar en la puerta de un almacén de Nautica en el lujoso sector de San Fernando, fue asesinado por un sicario el joven de 29 años Juan Sebastián Galvis Ramírez. Aunque la justicia argentina manifestó que la víctima tenía una investigación pendiente por tráfico de metanfetaminas, trascendió que el verdadero objetivo del crimen era su cuñado, Jorge Iván González, con antecedentes en Colombia con el paramilitarismo. Aunque pudo ser una equivocación, dejó en evidencia la guerra interna del crimen organizado.
En los siguientes meses se dieron dos capturas claves. En abril de 2010 cayó en Buenos Aires Luis Agustín Caicedo Velandia, hoy condenado a 30 años de prisión en EE.UU. Don Luis o Lucho, fue apresado a pocos metros del shopping Alto Palermo y resultó ser un verdadero capo, perteneciente a la misma organización de Daniel El Loco Barrera, un poderoso narcoparamilitar de los Llanos Orientales. Cuando no terminaban de contarse los bienes y nexos de Caicedo con frentes legales e ilícitos en Colombia, fue detenido en la capital argentina otro millonario capo: Ignacio Álvarez Meyendorff.
Al regresar de unas vacaciones familiares en Tahití, Álvarez Meyendorff fue capturado en el aeropuerto de Ezeiza el 24 de abril de 2011. Dos años después fue extraditado a EE.UU. Vivía en Argentina desde el año 2000 y se cree que llegó a lavar millones de dólares. Pertenecía a la misma organización de Luis Caicedo y de El Loco Barrera, que en términos económicos llegó a superar a los históricos carteles de Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. En Colombia, las autoridades judiciales han incautado bienes y propiedades de Álvarez, calculadas en casi dos billones de pesos colombianos.
La evidencia de que la migración del narcotráfico colombiano pasaba por la ruta de Buenos Aires tuvo otro episodio de violencia el 17 de abril de 2012. Ese día, después de estacionar una camioneta Honda CVR, fue asesinado con un arma Bersa Thunder 9 milímetros, en el sector llamado Retiro de la capital argentina, Jairo Saldarriaga, alias El Mojarro. Diez meses antes había sobrevivido a una masacre en la que murieron seis personas en Villavicencio (Colombia) en una cancha de fútbol cinco. El Mojarro era el jefe de sicarios de El Loco Barrera. Era un exguerrillero que se volvió paramilitar y luego narco.
Dos semanas antes, en desarrollo de la llamada operación Luis XV, las autoridades argentinas habían neutralizado un alijo de 280 kilos de cocaína, hecho que permitió la captura de 25 personas, entre ellas la esposa de Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, un narcoparamilitar de los Llanos abatido por la Policía en diciembre de 2010, y Ruth Martínez, exesposa de El Loco Barrera, el poderoso capo que finalmente fue capturado en Venezuela cinco meses después. A la semana del crimen de El Mojarro, en desarrollo de la operación Relojes Blancos, cayeron dos narcotraficantes más en Buenos Aires.
Si algo faltaba para que se ratificara que Argentina ya no es país de tránsito en la ruta de la droga sino escenario del negocio, eso fue la captura de Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, el 30 de octubre de 2012. Detenido en un restaurante italiano en Pilar, a 50 kilómetros de Buenos Aires, Mi Sangre, preso en Argentina y en espera de extradición a EE.UU., es un personaje que resume la reciente tragedia de Colombia. Sicario de la Oficina de Envigado, gestor del bloque Capital de las autodefensas, que ocasionó un río de sangre en Bogotá, socio del cartel de los Zetas en México y financiador de la banda criminal más poderosa hoy en Colombia: los Urabeños.
Después de la captura de Mi Sangre, que sigue retardando su llegada a EE.UU., se había olvidado el capítulo Argentina en la historia de la guerra interna del narcotráfico colombiano. Esta semana, con el asesinato de Carlos Gutiérrez Camacho, de 41 años, este fantasma regresó a la primera plana de los diarios. Si se confirma que se trata del mismo hombre de la banda criminal de los Nevados, de la cuerda de alias Rojo, de la herencia de los Mellizos, todo nefasto patrimonio del cartel del Norte del Valle, quedará claro que la guerra contra las drogas ya no tiene fronteras y Argentina está a tiempo de evitar que la serie de Escobar se vuelva su presente.