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Este 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas, fecha que recuerda la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual prohíbe el reclutamiento y uso de menores en conflictos armados. En este contexto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reveló que, hasta el 29 de enero de 2025, se han recibido 3.201 solicitudes de búsqueda de menores desaparecidos en el contexto del conflicto armado en Colombia.
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De acuerdo con los registros, 88 de estos casos corresponden a niñas, 182 a niños y 2.914 a adolescentes. Además, se identificó que 302 de las víctimas pertenecen a comunidades indígenas y 135 a comunidades afrodescendientes. Los departamentos con mayor número de solicitudes de búsqueda son Meta (576), Antioquia (522) y Caquetá (197). Estos datos hacen parte del Universo de Personas dadas por Desaparecidas, una cifra en constante actualización que actualmente alcanza los 124.734 casos.
Gabriel Burbano, director de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales de la UBPD, enfatizó la importancia de fortalecer la articulación entre instituciones para garantizar el acceso a la información y avanzar en los procesos de búsqueda. “Es importante recordar el llamado a la acción, a la articulación, a la corresponsabilidad y a la solidaridad con el fin de poder acceder a la información entre todas las instituciones que debemos articularnos. Hay muchos niños, niñas y adolescentes afectados por el conflicto; reconocemos esos impactos diferenciados y esas afectaciones”, expresó Burbano.
Para sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a la infancia y prevenir su vinculación con la guerra, cerca de 38 organizaciones de la sociedad civil y entidades estatales llevaron a cabo actividades pedagógicas, talleres y ejercicios de sensibilización en diversas regiones del país. En Bogotá, la UBPD organizó un espacio de sensibilización frente al Museo Nacional, donde también se presentó la exposición fotográfica El camino de la búsqueda. Paralelamente, en varias regiones del país se desarrollaron eventos para visibilizar la urgencia de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y prevenir su participación en dinámicas del conflicto armado.
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El panorama del reclutamiento en Colombia
El reclutamiento forzado de menores sigue siendo una de las problemáticas más graves del conflicto armado en Colombia, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. En 2023, la Defensoría del Pueblo confirmó 184 casos, aunque el subregistro sigue siendo alarmante. “El subregistro es altísimo, altísimo”, advirtió la entonces viceministra de Defensa, Daniela Gómez, el pasado 10 de diciembre durante un evento en Popayán enfocado en visibilizar esta problemática.
Los grupos armados ilegales han implementado nuevas estrategias para captar menores, recurriendo al engaño y a falsas promesas de dinero y estabilidad. “Les prometen un tipo de labores que no van a cumplir; realmente los llevan a morir”, alertó Gómez. Esta situación es especialmente crítica en comunidades indígenas y étnicas, donde la falta de oportunidades y la ausencia del Estado facilitan la captación de niños y adolescentes. En regiones como el Cauca, organizaciones como Save the Children han advertido que muchas familias evitan denunciar por temor a represalias.
El departamento del Cauca se ha convertido en el epicentro de esta crisis, siendo el territorio más afectado por el reclutamiento forzado. “Todas las acciones que se lleven a cabo en este departamento son fundamentales y tendrán repercusiones a nivel nacional”, enfatizó la viceministra de Defensa.
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En respuesta a esta situación, varias comunidades han implementado estrategias de protección para sus menores. Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo, explicó que la desconfianza en las autoridades ha llevado a buscar apoyo en organismos internacionales. “Nosotros no confiamos en las autoridades porque el joven ya es bastante victimizado por nacer en un territorio como el nuestro. Preferimos acudir a aliados como la ONU o la Cruz Roja Internacional”, afirmó.
Desde el ámbito institucional, Nelson Escobar López, director regional de Fiscalías en Cauca, destacó los avances en la implementación del protocolo de búsqueda urgente, puesto en marcha en septiembre de 2024 y que ya cuenta con un 85% de avance en su ejecución. “El objetivo es encontrar a los menores vivos y protegerlos, y ya se han emitido dos órdenes de captura y dos sentencias condenatorias por reclutamiento en pocos meses”, explicó Escobar.
La cooperación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena ha sido clave en la lucha contra el reclutamiento de menores. “Las comunidades indígenas son las primeras en enterarse del reclutamiento y tienen la capacidad de rescatar a los jóvenes. Por eso, hemos fortalecido la cooperación con estas comunidades a través de capacitaciones y herramientas técnicas”, detalló Escobar. Además, se firmó un protocolo interinstitucional que permite a los jueces indígenas activar mecanismos de búsqueda urgente sin depender de la justicia ordinaria, una medida que busca acelerar las acciones de rescate y protección.
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