Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo dejó en evidencia el drama de más de 54 mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en los primeros cuatro meses de 2026. Este fenómeno de violencia que persiste en el país afecta directamente a las comunidades más vulnerables. Según detalló la entidad, las poblaciones étnicas son las más impactadas.
Entre enero y abril de 2026, se documentaron 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 8.249 personas, así como 31 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 45.869 personas. Entre los departamentos más afectados por el desplazamiento fueron Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca. Asimismo, en cuanto al confinamiento, Chocó y Putumayo resultaron los más afectados.
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Según el informe de la Defensoría, este fenómeno de violencia se ha enfocado principalmente en comunidades indígenas y afrodescendientes debido al conflicto armado, la lucha por el control territorial y las economías ilegales que azotan a sus territorios. Entre enero y abril, los desplazamientos afectaron a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas. También hubo confinamientos en territorios de 22 comunidades étnicas, de las cuales 16 son indígenas y 6 afrodescendientes.
Dentro de las principales causas de desplazamiento y confinamiento, la entidad encontró las amenazas, los homicidios, el reclutamiento de niños y adolescentes, y la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos.
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Los factores ambientales y los efectos de la crisis climática también son factores de desplazamiento. La Defensoría del Pueblo hizo seguimiento a 23 eventos de movilidad humana asociados a estos factores. Solo en abril, una creciente del río Ocaña, Norte de Santander, provocó desplazamientos y dejó varias veredas incomunicadas. Además, la entidad alertó sobre el riesgo de desplazamiento para 25.541 personas en Antioquia y reportó el desplazamiento de al menos 350 familias por erosión costera en el litoral Pacífico nariñense.
“Las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo impactos desproporcionados debido al conflicto armado y los factores ambientales, lo que afecta sus derechos fundamentales, su permanencia en el territorio, sus prácticas culturales y sus formas de vida. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de implementar medidas de protección colectiva, garantizar respuestas humanitarias oportunas y avanzar en soluciones dignas y concertadas con las comunidades afectadas”, enfatizó la Defensoría.
En ese contexto, la entidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para adoptar medidas de prevención, protección y atención a las comunidades afectadas, especialmente en contextos de confinamiento, desplazamiento forzado y emergencia climática.
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