El pasado fin de semana, el suroccidente del país fue el epicentro de ataques y atentados que dejaron 20 personas fallecidas y más de 30 heridas. En Cauca y Valle del Cauca sonaron los bombazos que las autoridades le atribuyeron a las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco. Sin embargo, esta no es una realidad aislada. Un reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz señaló que la violencia en estas zonas del país se han arraigado desde hace años.
Según datos recolectados por la FIP, entre enero de 2022 y marzo de 2026, en estos dos departamentos se registraron 586 ataques de grupos armados ilegales. Con los recientes ataques entre 24 y 28 de abril de 2026, la cifra asciende a 620 hechos. Para la Fundación, esto refleja que la crisis no es coyuntural, sino un proceso acumulado desde la creación de las disidencias en Cauca a principios de 2018.
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Las autoridades han señalado como principal responsable de los ataques a la disidencia Estado Mayor Central, específicamente al Bloque Occidental, una facción comandada por Iván Idrobo, o alias “Marlon”.
“El Bloque Occidental cuenta con al menos 2.651 integrantes y 11 frentes —ocho de los cuales delinquen en Cauca y Valle—. Entre sus estructuras más fuertes están la Dagoberto Ramos, la Carlos Patiño y la Jaime Martínez (señalada de cometer varios de los atentados recientes). Es la facción que más ataca a la Fuerza Pública y a la población civil, y tiene el récord de ser el grupo ilegal que más ataques con drones ha realizado desde 2024”, reportó la FIP.
Uno de las principales razones para explicar el fenómeno de la violencia en esa región del país, según la Fundación, es su ubicación estratégica. “Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales. Controlar esta región implica incidir sobre rutas, producción y salida de rentas criminales. Por eso ha sido, históricamente, un espacio de disputa entre distintos actores armados”, se lee en el informe.
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Sin embargo, los datos recogidos por la FIP dan cuenta de un aumento significativo en 2025, siendo el periodo con más ataques en los últimos 15 años. Solo en Cauca, el año pasado se registraron 175 hechos violentos, un 52% más que en 2024. “No hay una única causa para explicar esta escalada. Responde a la convergencia de factores operativos, económicos y organizacionales, bajo los cuales estos ataques pueden cumplir múltiples funciones”, explicó la Fundación.
La Defensoría del Pueblo resaltó, también, que Cauca fue el departamento más afectado por confinamiento durante el primer trimestre del 2026. La movilidad de sus habitantes fue interrumpida, principalmente, en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí a causa de las variadas dinámicas provocadas por el conflicto armado interno.
A nivel nacional hubo 26 eventos de confinamiento que impactaron a 39.807 personas entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Esto evidencia la magnitud de la problemática. Le siguieron a Cauca, los departamentos del Chocó (7.765 personas confinadas), Caquetá (5.030), Antioquia (5.023) y Bolívar (3.882). La situación da cuenta de la concentración del confinamiento en regiones con alta presencia de actores armados ilegales y débil presencia institucional.
“Mediante amenazas, incursiones, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y el uso de artefactos explosivos, los grupos armados imponen restricciones a la movilidad, afectan el acceso a alimentos, a servicios de salud y educación, y profundizan la vulnerabilidad de las comunidades, particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes”, detalló la Defensoría.
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