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Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, el hombre capturado el lunes y señalado de interceptar los correos de los negociadores de paz en La Habana (Cuba) y hasta del presidente Juan Manuel Santos, supuestamente para sabotear las negociaciones, no aceptó cargos por los delitos imputados por la Fiscalía por violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso, interceptación de datos informáticos y espionaje. Sin embargo, ayer Noticias RCN reveló que Sepúlveda visitó las instalaciones del canal junto con Luis Alfonso Hoyos —asesor ‘espiritual’ del candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga— para ofrecerle una información que comprometía la campaña de Santos y a las Farc.
El director de este medio, Rodrigo Pardo, manifestó que los datos que le ofrecieron Hoyos y Sepúlveda se relacionaban con una denuncia que quería realizar un guerrillero del sur del país en la que advertía que las Farc estaban presionando y amenazando a los pobladores para que votaran por la reelección. Fue entonces que RCN cotejó la información y halló que ésta no era veraz y decidió no publicarla. Por su parte, Hoyos manifestó que a pesar de que Sepúlveda y su familia trabajan en la campaña de Zuluaga, él desconocía las presuntas actividades ilegales que realizaban desde una sede ubicada en el Parque de la 93 en Bogotá. Agregó que sólo fue un intermediario al que le pidieron gestionar una cita con un reconocido periodista para entregar información delicada que afectaba la contienda electoral.
Por estos hechos Hoyos renunció anoche como asesor de la campaña de Zuluaga. En una rueda de prensa dijo que “no hablé con el candidato (Zuluaga) de ninguno de estos temas, le conté muy a groso modo que me reuní con Rodrigo Pardo para que evaluara esta información. No me parece grave que un ciudadano acuda a un medio a hacer una denuncia, comentó.
Los nuevos sucesos generan mayor incertidumbre alrededor de Sepúlveda, quien fue señalado por el fiscal general, Eduardo Montealegre, de querer destruir el proceso de paz. Ayer se realizaron las audiencias en las que se legalizaron dos allanamientos realizados por el CTI de la Fiscalía en Cybint S.A.S., empresa de Sepúlveda, y en su apartamento. Son cerca de 70 elementos incautados —entre computadores, discos duros, memorias usb y iPad— que son analizados por las autoridades. Asimismo, se efectuaron las audiencias de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento. Todas las diligencias fueron a puerta cerrada, a petición del ente investigador, ya que supuestamente se revelaría información que comprometía la seguridad nacional.
Y es que según se ha conocido, fueron los correos del jefe de prensa de las Farc en Cuba, alias Tomás, los de dos periodistas de la isla y uno ecuatoriano, el de Iván Márquez, el de Piedad Córdoba y el del presidente Santos los que habrían sido interceptados. Al parecer Sepúlveda halló en ellos secretos sobre las negociaciones de paz. Según fuentes cercanas a la investigación, el procesado rindió un interrogatorio en el que habría entregado información que lo comprometía seriamente, lo que tendría inconformes a los abogados defensores, porque ellos no lo acompañaron en esta diligencia en la cual Sepúlveda fue representado por un abogado que no era especialista en derecho penal y, según sus defensores, no lo asesoró adecuadamente.
El abogado de Sepúlveda, Luis Bernardo Alzate, apeló la medida de aseguramiento debido a que carecía de materiales probatorios y que todo se había argumentado sobre la base del interrogatorio que había entregado el procesado previamente. Añadió que solicitaron que su defendido fuera recluido en el búnker de la Fiscalía porque temía por su seguridad y la de su familia . Al parecer, Sepúlveda estaría negociando con la Fiscalía una especie de acuerdo para armar el rompecabezas, porque como dicen las autoridades, debió existir alguien que comprara la información confidencial.
La única certeza hasta ahora es que este hombre, un ingeniero de sistemas que trabajó de la mano con J. J. Rendón en distintas campañas presidenciales —en países como México, Honduras y Venezuela— y en asesorías en contiendas electores para el Senado y la Cámara, también asesoró en comunicaciones y seguridad informática a Zuluaga, junto a su esposa, la actriz Lina Luna Rodríguez. Ayer, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, citó a la Comisión de Inteligencia del Legislativo y al fiscal general para debatir en torno a las incidencias que sobre el proceso de paz tendrían las interceptaciones ilegales que habrían realizado civiles a cambio de dinero.