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Un juzgado de Buga (Valle del Cauca) condenó en segunda instancia al mayor en retiro del Ejército, Alirio Antonio Ureña, como responsable de por lo menos 25 asesinatos ocurridos durante la década de 1990. Esos hechos, por los que tendrá que pagar 35 años de prisión, se presentaron en la conocida masacre de Trujillo. Según la justicia, el militar intentó dilatar el proceso en su contra y tendrá que pagar una multa por los hechos.
De acuerdo con la decisión de Juzgado Segundo Penal de Buga, las pruebas señalaron con suficiente fuerza que Alirio Antonio Ureña Jaramillo “unió su voluntad a la de los integrantes de la organización irregular con evidente vocación de continuidad”. Los testigos del caso y las pruebas apuntaron a que el militar en retiro “fue quien torturo y asesino a los campesinos de la Sonora y hermanos Vargas Londoño, así como los señores José Agustín Lozano Calderón y Alirio Granada Vélez”.
Ureña Jaramillo, para la época, “era el comandante operativo del Batallón Palacé de Buga, y era el encargado de implementar y ejecutar los operativos a realizar en la jurisdicción de este batallón, y que en marzo de 1990, asume el comando del puesto de mando adelantado en Andinápolis”, según consta en el expediente. En el caso, se resaltó que era su responsabilidad, como integrante de la fuerza pública, proteger a los ciudadanos, pero “se abstuvo de hacerlo y con ello dio lugar a la comisión de pluralidad de crímenes cometidos en Trujillo en el tiempo comprendido, resultados que si hubiera atendido su posición de garante hubiera podido impedir o cuando al menos reducir la cantidad de crímenes y sus consecuencias”.
De la misma manera, en el expediente quedó demostrado que Ureña Jaramillo “era el encargado de dirigir las operaciones militares junto con las autodefensas. Es decir, se está ante el despliegue por parte suya de un proceder de mutua y continua colaboración delictual prolongada en espacios geográficos y en el tiempo, lo que, claramente se encuadra dentro de la figura de la coautoría, y que lo realizó de manera consciente”.
Asimismo, se encontró que fue responsable del secuestro y homicidio de los once campesinos del corregimiento de la Sonora y “de los hermanos ebanistas Vargas Londoño, así como los señores José Agustín Lozano Calderón y Alirio Granada Vélez de la cabecera municipal de Trujillo (Valle del Cauca), y los actos contra la vida en los días concomitantes y subsiguientes en que perdieron la vida entre ellos el padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla, al ser señalados de auxiliadores de la guerrilla”.
El militar en retiro fue condenado por como coautor de homicidio con fines terroristas, secuestro agravado y concierto para delinquir. Por eso, la justicia determinó que debe cumplir una pena de 420 meses de prisión (35 años), así como el pago de una multa de 4.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 1990, lo que equivale a COP 199 millones.
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