Frente a un televisor en una oficina de la Fiscalía en Guaviare, los familiares de Marivel Silva, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, Jesús Valero, Carlos Valero, Isaid Gómez, James Caicedo y Nixon Peñaloza recibieron la noticia de que la búsqueda de sus seres queridos había terminado. Después de dos meses y 27 días desaparecidos, sus cuerpos sin vida fueron encontrados en una fosa común, ubicada en zona rural del municipio de Calamar.
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Con ese anuncio, los funcionarios que entregaron la información a los familiares de las víctimas dieron inicio a una de las primeras etapas para investigar la barbarie cometida presuntamente por las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”, y dejaron registro de uno de los hechos más infames, como lo calificó la Iglesia, de la violencia reciente en Colombia.
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La angustia para los integrantes de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular comenzó en la mañana del viernes 4 de abril, cuando dos de sus feligreses fueron citados a una reunión, por parte de presuntos integrantes del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc. En ese momento fue poco clara la razón por la que integrantes de ese grupo armado querían interrogar a las personas, que habían llegado hasta Guaviare, desplazadas desde Arauca.
La zozobra se agudizó dos días después, cuando otras seis personas, líderes sociales y religiosos de las mismas iglesias, fueron interceptadas por las disidencias de “Iván Mordisco”. Sus familiares les perdieron el rastro y empezaron con la búsqueda.
¿Dónde están los desaparecidos?
Primero fueron las autoridades regionales las que denunciaron la desaparición y pidieron apoyo a las autoridades competentes. “Como alcalde municipal, represento la voz de todas estas familias que, por temor, miedo y zozobra, no han podido expresar la angustiosa búsqueda que están llevando. Hay niños de cinco años esperando que sus padres regresen a casa, padres, esposos y familia”, dijo Farid Castaño, alcalde de Calamar en ese momento.
Para entonces, lo único que se sabía era que las ocho personas habían salido de la vereda Agua Bonita Media, para acudir a la cita con integrantes de la disidencia. Pero las razones de su paradero estaban tan refundidas como la maraña verde que se tiende sobre las selvas del Guaviare.
Tras la denuncia, la Fiscalía activó su mecanismo de búsqueda urgente, pero sin mayores resultados. Fue hasta mayo que aparecieron las primeras pistas, luego que las autoridades capturaron a un presunto integrante del frente primero de las disidencias. “En la incautación de su teléfono celular se encuentran imágenes de las personas reportadas como desaparecidas; fotos de ellos en vida, con integrantes de esta estructura y luego asesinados”, dijo Raúl Gómez González, fiscal delegado para el Crimen Organizado.
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Esa información fue clave para indagar al capturado, confirmar que se trataba de las mismas ocho personas a las que los habitantes de Calamar aún esperaban con vida y establecer dónde habían sido sepultadas clandestinamente.
Las razones detrás del crimen siguieron siendo una incógnita y las autoridades no se aventuraron a emitir hipótesis sobre lo sucedido. Fue solo hasta el fin de semana pasado que se conocieron nuevos detalles sobre el caso, cuando una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) apoyó la liberación de dos personas secuestradas en Guaviare.
Fue la propia CICR la que informó que, durante la entrega de los secuestrados, los disidentes de las Farc les dieron pistas sobre lugares en los que se ubicarían varias fosas comunes. “Los bloques proporcionaron al CICR información sobre los lugares de entierro de personas fallecidas en el marco de los conflictos armados”, indicaron desde la entidad humanitaria.
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Ese anuncio le dio ruta de nuevo a la búsqueda. De inmediato, la Fiscalía le pidió al Ejército que enviara unidades de su Fuerza de Despliegue Rápido Número 11 para que acompañara a una comisión del Grupo Especial de Exhumaciones, hasta el punto exacto en el que fue hallada una de esas fosas comunes.
El fiscal delegado González señaló que, además de establecer que fueron las disidencias de “Iván Mordisco” las responsables de perpetrar el crimen, han determinado que estas personas “fueron llevadas hasta ese lugar por el simple hecho de ser del departamento de Arauca”. Según la Fiscalía, la supuesta reunión a la que fueron citadas las ocho personas fue, en realidad, una especie de interrogatorio que tenía por objetivo descartar que pertenecieran a alguna célula del Eln que estuviera intentando extender su dominio en ese departamento.
No es para menos que las disidencias de “Iván Mordisco” quisieran verificar la posible incidencia de un nuevo grupo en el territorio que, durante años, han dominado y que solo se lo disputan, según lo que se conoce de manera oficial, con la facción disidente comandada por alias “Calarcá Córdoba”.
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Para la Fiscalía, que las ocho víctimas hubieran llegado a Guaviare desplazadas desde Arauca, donde sí hay presencia del Eln, es la única pista que tienen hasta el momento sobre las razones detrás del crimen. Un perjuicio por su origen. “Los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias ‘Iván Mordisco’ para evitar la posible conformación de una célula del Eln en la región”, señaló el ente investigador.
Tras el interrogatorio, según señaló el funcionario de la Fiscalía, las ocho víctimas fueron obligadas a cavar la fosa en la que luego fueron sepultadas. “Fueron puestos de rodillas y a cada una de estas personas les dispararon por la espalda. Luego fueron rematadas en el piso para posteriormente ser enterradas en esta fosa”, dijo el fiscal delegado González.
Tras el hallazgo, casi tres meses después de ocurrida la masacre, los cuerpos fueron llevados a la ciudad de Villavicencio (Meta). Allí, en el Instituto Nacional de Medicina Legal, serán sometidos a pruebas de ADN para la plena identificación científica. Mientras tanto, en Calamar, sus familiares esperan, silenciosos por miedo a las retaliaciones, para darles sepultura.
Rechazo total
El presidente Gustavo Petro reaccionó desde España, donde se encuentra por estos días en reuniones con su canciller, Laura Sarabia. “Estos hechos son una grave afrenta al derecho a la vida, la libertad religiosa y al trabajo espiritual y comunitario que tantas personas adelantan en regiones históricamente golpeadas por la violencia”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Los líderes regionales respondieron con una clara exigencia de decisiones concretas para desescalar la crisis. “La seguridad es una de las principales frustraciones que tenemos como mandatarios locales. Tanto el gobernador, como los alcaldes, nos sentimos completamente olvidados. Nos sentimos solos”, dijo Farid Castaño, alcalde de Calamar, en Caracol Radio.
La masacre de estas ocho personas a manos de las disidencias de “Iván Mordisco” puso en evidencia, una vez más, que la situación de orden público en el sur del país es un asunto inaplazable, que requiere la acción urgente de las instituciones del Estado. Todo esto, en medio de un contexto de estancamiento de las mesas de negociación con las mismas estructuras que están orquestando la guerra en el Guaviare y en otra decena de puntos señalados en el mapa del país.
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Una de las entidades que lo ha reiterado es la Defensoría. En el último año, ha emitido al menos dos alertas tempranas, advirtiendo la gravedad que representa la guerra entre disidencias de las Farc en este departamento. Desde la entidad señalaron que se trata de la “consumación” de sus alertas “sobre la creciente disputa territorial” que se vive en Guaviare.
La Procuraduría, por su parte, dijo que es una clara violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y que, “como Estado, no se puede ni se debe permitir que estas conductas se sigan replicando en diferentes regiones del país”.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le pidió a las instituciones competentes esclarecer los hechos y al gobierno que tome las acciones necesarias para ponerle freno a la confrontación entre grupos armados. Esto, en medio de un contexto de recrudecimiento de la violencia y de estancamiento de las mesas de negociación con las mismas estructuras que están orquestando la guerra en el Guaviare y en otra decena de puntos señalados en el mapa del país.
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Por Gustavo Montes Arias
