Masacres de Doncello y San Miguel podrían ser crímenes de guerra
Christian Salazar señaló que se está haciendo una observación de estos casos en los que fueron masacrados 22 policías.
El Espectador
La Oficina en Colombia del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el incremento de las hostilidades durante la primera mitad del mes de septiembre, lo que ha causado por lo menos la muerte a 56 personas y heridas a 52, entre policías, militares y guerrilleros.
Christian Salazar, Representante en Colombia de la ONU señaló que en las acciones subversivas se presenta un irrespeto del Derecho Internacional Humanitario que preocupa a la Comunidad Internacional.
"Con mucha preocupación recibí información sobre posibles ejecuciones de policías con tiros de gracia, incineración de heridos o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional. Hemos emprendido una estrecha observación de estos casos que, si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra", dijo Salazar.
Informaciones obtenidas por la Oficina, su observación y análisis, indican que algunas de las acciones perpetradas por las Farc en este periodo, como las ocurridas en Caquetá y Putumayo contra miembros de la Policía Nacional, habrían violado la normativa humanitaria.
Es el caso, si se confirma a través de los exámenes de Medicina Legal, de la ejecución de varios policías heridos y la posterior quema de los cuerpos, el 2 de septiembre, después de atacar un camión de la Policía Nacional en El Doncello (Caquetá). Así mismo, la utilización de cilindros para atacar los puestos de policía en San Miguel (Putumayo), el 10 de septiembre, la colocación de explosivos en el cadáver de uno de los policías fallecidos y la instalación de minas antipersonales durante su retirada.
"Estas acciones constituyen infracciones a los principios de proporcionalidad y de protección de heridos y personas fuera de combate, así como de la prohibición de usar determinados métodos y materiales de combate, que, entre otras cosas, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Estas infracciones podrían constituir crímenes de guerra, puntualizó.
La Oficina hizo un llamado a los grupos guerrilleros que el respeto de las normas humanitarias en el desarrollo de hostilidades no es de libre elección, sino de obligado cumplimiento, y que sus infracciones pueden constituir crímenes imprescriptibles, no susceptibles de amnistía, indulto o perdón.
Finalmente, exigió a los miembros de los grupos armados ilegales la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluidas las retenidas por razón del conflicto, la liberación de todos los niños, las niñas y los adolescentes que han reclutado en sus filas y el cese de su utilización, y que pongan fin a la producción y uso de minas antipersonales.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el incremento de las hostilidades durante la primera mitad del mes de septiembre, lo que ha causado por lo menos la muerte a 56 personas y heridas a 52, entre policías, militares y guerrilleros.
Christian Salazar, Representante en Colombia de la ONU señaló que en las acciones subversivas se presenta un irrespeto del Derecho Internacional Humanitario que preocupa a la Comunidad Internacional.
"Con mucha preocupación recibí información sobre posibles ejecuciones de policías con tiros de gracia, incineración de heridos o el uso de armas prohibidas por el derecho internacional. Hemos emprendido una estrecha observación de estos casos que, si se confirman, podrían constituir crímenes de guerra", dijo Salazar.
Informaciones obtenidas por la Oficina, su observación y análisis, indican que algunas de las acciones perpetradas por las Farc en este periodo, como las ocurridas en Caquetá y Putumayo contra miembros de la Policía Nacional, habrían violado la normativa humanitaria.
Es el caso, si se confirma a través de los exámenes de Medicina Legal, de la ejecución de varios policías heridos y la posterior quema de los cuerpos, el 2 de septiembre, después de atacar un camión de la Policía Nacional en El Doncello (Caquetá). Así mismo, la utilización de cilindros para atacar los puestos de policía en San Miguel (Putumayo), el 10 de septiembre, la colocación de explosivos en el cadáver de uno de los policías fallecidos y la instalación de minas antipersonales durante su retirada.
"Estas acciones constituyen infracciones a los principios de proporcionalidad y de protección de heridos y personas fuera de combate, así como de la prohibición de usar determinados métodos y materiales de combate, que, entre otras cosas, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Estas infracciones podrían constituir crímenes de guerra, puntualizó.
La Oficina hizo un llamado a los grupos guerrilleros que el respeto de las normas humanitarias en el desarrollo de hostilidades no es de libre elección, sino de obligado cumplimiento, y que sus infracciones pueden constituir crímenes imprescriptibles, no susceptibles de amnistía, indulto o perdón.
Finalmente, exigió a los miembros de los grupos armados ilegales la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluidas las retenidas por razón del conflicto, la liberación de todos los niños, las niñas y los adolescentes que han reclutado en sus filas y el cese de su utilización, y que pongan fin a la producción y uso de minas antipersonales.