La defensa de Álvaro Uribe sigue moviéndose para que la Fiscalía sea la encargada de investigar al saliente senador del Centro Democrático. Luego de salir del Congreso el pasado 18 de agosto, el abogado del expresidente, Jaime Granados, presentó ante la Corte Suprema una solicitud para que traslade a la Fiscalía la investigación en contra del exmandatario por supuesta manipulación de testigos. El litigante también solicitará los mismo para otros procesos que se encuentran en esa corporación y que están asociados al conflicto armado, al paramilitarismo y al caso del Hacker Andrés Supúlveda.
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Se trata de las masacres del Aro, la Granja, San Roque y del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, este último perpetrado en febrero de 1998 en Antioquia. En 2017, Uribe quedó vinculado en estas investigaciones preliminares en la Corte luego de que el Tribunal Superior de Medellín compulsara copias en su contra. Esto sucedió luego de que la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) condenara a la nación en 2008 y pidió que se hiciera justicia por las tres masacres y el asesinato de Valle, uno de los principales denunciantes del paramilitarismo en el departamento y su connivencia con el Ejército.
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Desde mediados de 1997, el entonces concejal de Ituango Valle comenzó a hacer públicas sus denuncias de lo que pasaba en el departamento. En ese momento ya se habían perpetrado las masacres de San Roque, entre el 13 de julio y el 17 de septiembre de 1996; y la del corregimiento de La Granja, en Ituango, el 11 de junio de 1996. El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, durante el acto de conmemoración de los diez años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el abogado Valle Jaramillo se despachó contra el entonces gobernador Uribe.
“Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”, declaró públicamente ese día Valle Jaramillo. Días después, formalizó sus reclamos en denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión, incluyendo también a la comandancia de la IV Brigada. En enero de 2008, con base en declaraciones aportadas por paramilitares en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía pidió la revisión de las sentencias del caso Valle. La decisión de la Corte IDH incluyó detalles desconocidos, como la presencia de Carlos Castaño en la zona a bordo de un helicóptero.
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En julio de 2011, el Tribunal Superior de Medellín se aceptó la revisión de las masacres y seis años después, en noviembre de 2017, esa corporación pidió que se incluyera al hoy saliente senador. Además, recogió la denuncia que Valle había interpuesto en 1997 contra el exgobernador, más otro proceso que cursaba en la Fiscalía por presunta conformación de grupos paramilitares. Entonces, la Fiscalía, al constatar que la competencia era de la Corte Suprema de Justicia, remitió el caso al alto tribunal, y este decidió crear un solo expediente.
El exsenador manifestó en ese momento que es “un combatiente de las ideas, pero no un delincuente”. A través de su cuenta personal en Twitter, señaló que sobre la masacre del Aro y el asesinato del defensor de derechos humanos, José María Valle, “llevan miles de folios en esas investigaciones, toda clase de precisiones en mi contra. Nada creíble que me comprometa”. Y agregó que “Ahí están la bitácora del helicóptero de la Gobernación de Antioquia, los testimonios de los pilotos, discutí con Jesús María Valle, de frente y en público, como suelo hacerlo, en defensa del general Carlos Ospina y en vísperas de elecciones vuelven a insinuarme como asesino”.
Aunque en el proceso de la supuesta manipulación de testigos Uribe pidió que el caso saliera totalmente de la Corte, en el caso de las masacres y el asesinato de Valle no sucederá lo mismo. El propio defensor del exsenador le confirmó a El Espectador que, si la solicitud es aceptada, el expediente pasaría a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema para que asuma la investigación y acusación de los hechos (en dado caso que lo haga) y no la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Esta última fue la que ordenó la casa por cárcel contra el exprimer mandatario el pasado 3 de agosto. Los procesos seguirían en la Corte Suprema ya que los hechos que se investigan de manera preliminar ocurrieron mientras este fue gobernador de Antioquia, es decir, como aforado.
El otro proceso que pedirá Granados sea trasladado a la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema es el del hacker Andrés Felipe Sepulveda que lleva ya más de 6 años en investigación preliminar. En octubre de 2014, el alto tribunal abrió esta pesquisa con el fin de determinar si las declaraciones de Sepúlveda, en las que asegura que el entonces senador y cabeza del Centro Democrático, conocía de los presuntos requerimientos ilegales de información por parte de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. El hacker declararó en ese momento que el mismo Uribe y la también senadora María Fernanda Cabal solicitaban información confidencial del proceso de paz de La Habana para usarla como estrategia de campaña.
En 2014, otro de los abogados de Uribe, Jaime Lombana, señaló que “En la diligencia (…) siendo fiel a su estilo, el señor Sepúlveda no pudo precisar ningún testimonio, ni construir verdaderos cargos en contra del señor expresidente. Su declaración está plagada de suposiciones, respuestas evasivas y evidentes mentiras”, explicó Lombana, indicando que el hacker se encuentra denunciado ante la Fiscalía por los delitos de injuria y calumnia. Uribe ha dicho que el hacker fue infiltrado en la campaña de Zuluaga pues en el pasado trabajó con el el equipo del exprsidente Santos. “Óscar Iván Zuluaga no fue a contratar un ‘hacker’, fue a contratar un asesor de comunicaciones que venía de trabajar con Santos y J.J. Rendón”, aseguró Uribe.