La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene suficientes pruebas en sus manos para expulsar al general (r) Mauricio Santoyo Velasco. Para concretar la decisión, esta semana este sistema de justicia transicional le abrió un incidente de incumplimiento a quien fuera el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, porque, al parecer, no ha contribuido con aportes a la verdad que se comprometió hacer cuando fue aceptado en la jurisdicción en septiembre de 2021.
Según la decisión que se conoció el pasado 7 de marzo, la JEP considera que la colaboración de Santoyo a las investigaciones para conocer varios hechos de violencia en los que está involucrado, ha sido “insuficiente y negacionista”. En concreto, porque en estos cuatro años en los que ha recibido beneficios, como no estar preso en una cárcel sino en una guarnición militar, el general ha incumplido con y palabra de colaborar con la JEP.
El caso de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero
En el centro de esta decisión está el expediente por la desaparición de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dos defensores de derechos humanos que desaparecieron en Medellín en octubre de 2000. Ambos trabajaban en ese momento en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y habían denunciado la participación de uniformados de la Fuerza Pública en desapariciones en la región.
Para abril de 2001, la Fiscalía ya tenía pistas de que Santoyo podía estar involucrado en ambas desapariciones, pues logró identificar que la Policía de Medellín había interceptado ilegalmente más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas, las que usaban Monsalve y Quintero. Al poco tiempo, el ente investigador vinculó a Santoyo como autor mediato de esos crímenes, pues para el momento de los hechos, se desempeñaba como director del Gaula de Medellín.
Las pruebas de la Fiscalía evidenciaron que las órdenes falsas que permitieron esas “chuzadas” fueron firmadas por agentes Gaula Urbano de Medellín, justamente donde trabajaba Santoyo. Pese a que las evidencias estaban dentro del expediente desde esa época, el general retirado nunca respondió por los hechos y siguió avanzando en su carrera militar, hasta llegar a desempeñarse como jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, el 20 de agosto de 2012 el alto oficial fue condenado en Estados Unidos por el delito de conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, en este caso, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país, Santoyo pasó siete años preso y fue deportado a Colombia el 29 de abril de 2019.
A su regreso, fue capturado justamente para que respondiera por las desapariciones de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero, pero la JEP asumió el proceso y, en septiembre de 2021, el general (r) consiguió un puesto en esa jurisdicción con el compromiso de contribuir, no solo al avance judicial de ese expediente, sino a encontrar los cuerpos de ambos líderes sociales que siguen desaparecidos.
Sin embargo, Santoyo no habría cumplido con ninguno de esos compromisos. Aunque sí accedió a los beneficios del sistema, que le permitieron salir de una cárcel y una guarnición militar, el general (r) no ha hecho aportes suficientes y, para rematar, ha sido negacionista con varios asuntos que ha querido conocer la JEP. En esos cuatro años, Santoyo solo ha hecho cinco aportes de verdad, pero ni han sido relevantes ni detallados.
Por ejemplo, en el caso de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero, el general retirado ha dicho que nada tuvo que ver en esos crímenes, negando una participación en los hechos. En un reciente documento que envió a la jurisdicción, el exalto oficial aseguró que para ese momento no era comandante del Gaula de Medellín, sino que ocupaba un cargo administrativo en Bogotá.
Sin embargo, desde 2001 la Fiscalía tiene suficientes pruebas para asegurar que los hombres que estuvieron detrás de la desaparición de Monsalve y Quintero sí estaban bajo el mando de Santoyo en el Gaula de Medellín. Las declaraciones del general (r) ante la JEP han sido, inclusive, más complicadas, pues aunque señala que nada tuvo que ver en los hechos, al mismo tiempo dice que no dirá nada más para no autoincriminarse.
“En todo caso, hago uso de mi derecho fundamental y humano a no autoincriminarme y a exigir al Estado colombiano que me venza en un juicio público imparcial y con todas las garantías, puesto que no he renunciado nunca a mi presunción de inocencia”, escribió Santoyo en un reciente documento que recibió la JEP para resolver si sigue aceptando las faltas del general o lo expulsa definitivamente.
Para el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, Santoyo ha incumplido con los requisitos para permanecer en la JEP, por lo que ahora presentará el caso ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para definir el futuro de Santoyo. De expulsarlo, el general (r) perdería el “premio” de estar preso en una unidad militar y lo más probable es que regrese a una cárcel. Además, todos sus casos volverían a la justicia ordinaria para ser investigado y juzgado sin ningún tipo de beneficios.
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