A las delicadas denuncias hechas por el cuestionado magistrado Jorge Pretelt al fiscal general, Eduardo Montealegre, se sumó la semana pasada Pablo Bustos, director de la Red Nacional de Veedurías. El Espectador habló con él para precisar las motivaciones de sus acusaciones y conocer los detalles de una publicación que preparan sobre lo que ellos mismos han denominado el “cartel de la salud”.
¿Por qué denunció al fiscal general y a algunos magistrados de la Corte Constitucional en la Comisión de Acusación?
Hubo una exigencia clamorosa por parte de la ciudadanía para hacer investigar al fiscal general, como exmiembro de la Corte Constitucional y como presidente de la misma, que además no terminó el período. A su vez, como contratista de Fidupetrol y sobre la base de las afirmaciones que hizo el magistrado Jorge Pretelt contra él: investigaciones, cuotas burocráticas con respecto a magistrados para manejar decisiones judiciales, como lo fue el Marco Jurídico para la Paz, la presión para colocar públicamente funcionarios en el interior de la Corte Constitucional y de la Comisión de Acusación. Estos con suficientes elementos para exigir una investigación penal y disciplinaria contra el fiscal, que también está en deuda con el país con temas como el carrusel de la contratación y Saludcoop.
¿Antes de las denuncias hechas por Pretelt ya tenía conocimiento de la injerencia del fiscal Montealegre en la elección de Gloria Stella Ortiz en la Corte Constitucional?
Ese hecho confirmó evidencias que muestran cómo el fiscal se ha dedicado a permear no sólo la Corte Constitucional, sino también el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Acusación e incluso instancias cercanas a autoridades electorales. Lo de la magistrada Ortiz es algo que se conocía de atrás, las denuncias lo confirman.
¿Y cómo puede permear el fiscal todas esas instituciones?
Ha habido una actividad combinada entre la administración de justicia y el lobby que puede ejercer la Fiscalía con los 22.000 puestos que tiene. Además del grueso presupuesto que le acaba de aprobar el Congreso.
¿Tiene pruebas?
Estamos tratando de dialogar con las fuentes que han sido protagonistas de estos episodios y esperamos que, una vez tengamos el aval de estas personas, podamos contar con el acervo probatorio.
Con sus respuestas le está dando la razón al magistrado Pretelt…
Consideramos que todo el que infrinja la ley debe responder, sobre todo cuando este episodio está mostrando que la justicia no es para quien tiene derechos, sino para quien tiene contactos y dinero.
¿Cree que estas denuncias que hacen desde la Red de Veedurías en la Comisión de Acusación tendrán algún desenlace?
El éxito de nuestra gestión está dada más en términos éticos que en términos jurídicos. Lo más importante es que la sociedad tome conciencia de la problemática. Estamos esperanzados en que la puja ciudadana, frente a la lucha contra la impunidad, gane una pelea más.
¿Eso les parece suficiente?
No, los magistrados deben renunciar. Pero por lo menos ya vemos que con este episodio se avanzó de un rumor a reformas que se plantean a nivel judicial y constitucional.
No es la primera vez que usted denuncia al fiscal ante la Comisión de Acusación. Ya lo había hecho por una presunta evasión de impuestos el año pasado. El fiscal también lo denunció a usted por injuria, calumnia y un supuesto fraude procesal. ¿Qué pasó con ese caso?
Con la denuncia que presentamos en la Comisión de Acusación nada. Sin embargo, la que sí se ha movido es la denuncia en mi contra que hizo el fiscal Montealegre, a través de otro asesor de Saludcoop, como es el abogado Jaime Lombana, quien es su amigo personal.
¿Qué pruebas tiene para demostrar que el fiscal no pagó los impuestos de los honorarios que recibió por contratos con Saludcoop?
Se aportaron tanto los comprobantes de pago realizados por Saludcoop, los recibos de pago y las cuentas de cobro presentadas por el fiscal. También extractos bancarios del sistema general de participación, donde se muestra que de esas cuentas salieron recursos para pagar esos honorarios. Lo grave es que éstas estaban destinadas para el pago exclusivo del sistema de salud, no honorarios de abogados.
Sobre estas denuncias que usted hace, ¿qué han respondido las autoridades?
Ni siquiera ha habido respuesta de la DIAN ni de los organismos de investigación tributaria para mostrar de dónde se hicieron los pagos de impuestos que solicitábamos. Llevamos haciendo un trabajo de investigación hace más de dos años y publicaremos un libro sobre el cartel de la salud, donde demostramos cómo, en este episodio, el más grande de corrupción del país, la Fiscalía no ha dicho nada.
¿Cuándo se publicará ese libro?
La semana entrante.
¿No le da temor publicar este libro?
A nosotros nos daría más temor que el país creyera en personas como el fiscal general.
Por Camila Zuluaga
